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«Es un hecho de extrema gravedad que se puedan dedicar recursos públicos para que niños adquieran armas de fuego». La frase, de Rubén Pérez, responsable de campañas de la Fundación Franz Weber, explica la denuncia de este colectivo ante la propuesta del Gobierno de Cantabria «para regalar licencias de caza a menores y permitir que, con menos de catorce años, asistan a cacerías» ... . A su juicio, esto «contraviene normas como la Ley del Menor de 1996 o la recientemente aprobada Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia».
La Fundación Franz Weber -que, por ejemplo, jugó un papel fundamental en la denuncia respecto a la situación del minizoo de La Magdalena- explica que «diversos estudios ya han demostrado la vinculación de la exposición a la violencia con el desarrollo de problemas de salud mental durante la niñez y adolescencia, resaltando además que la participación durante estas edades en actos de maltrato animal es un marcador importante para las actitudes antisociales y conductas agresivas». En este sentido, destacan que, mientras la propia Ley del Menor establece «que es un deber de todo menor respetar a los animales», «la estrategia del Gobierno cántabro pretende promocionar la participación de niños y adolescentes en cacerías a través de su presencia física en las mismas, e incluso bonificando las tasas públicas asociadas a la obtención de la licencia de caza».
Explican que la iniciativa contradice diferentes normas que chocan directamente «con la promoción, fomento y divulgación de la caza entre los jóvenes, una actividad cimentada en el uso de armas». «En este sentido -siguen- el Comité de los Derechos del Niño de la ONU viene expresando su preocupación por la exposición de los menores de edad a actividades en las que hubiese cualquier forma de violencia, y en las que se utilizaran armas de fuego por parte de menores de 18 años, lo que anhela Cantabria con sus licencias gratuitas».
Desde la Fundación avanzan que reclamarán a la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, del Gobierno central, que «tutele los derechos del menor en este ámbito o se pronuncie sobre si esta actividad está en consonancia con los valores que pretende preservar para este sector social».
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