Los cántabros pagarán este año un 47% más de impuestos municipales que hace una década

En términos absolutos se pasará de los 172 millones de euros de 2008 a los 235 de la actualidad por conceptos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la plusvalía, el de circulación de vehículos o el Impuesto de Actividades Económicos. Más incluso, porque hay que sumar lo que entre en las arcas de 18 localidades que no se han pronunciado.

Cabe destacar que este apartado constituye alrededor de una cuarta parte de los ingresos que tienen anualmente los municipios. Aquí no se incluyen otros como la tasa de basuras o la de aguas, que en términos generales apenas han sufrido cambios en este mismo periodo. En este tiempo, ni un solo consistorio ha sabido -o querido- contener el crecimiento de sus impuestos locales. Eso sí, las diferencias dentro de la comunidad autónoma son evidentes. En la parte alta se sitúan pequeños municipios como Lamasón o Arredondo. En ambos la cantidad total de impuestos se ha multiplicado por tres.

«Todo se debe a la subida catastral del IBI que hace el Estado. Llevaba mucho tiempo sin actualizar, se hizo hace unos cinco años y ha pasado esto», explica Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo, quien apunta que en el Ayuntamiento llevan tiempo solicitando una revisión a la baja para que el impacto en los vecinos sea menor y que varios de ellos se han interesado por el asunto.

Para entender mejor la dimensión del incremento, lo mejor es traducirlo a euros. En 2008 a la cuenta bancaria municipal de Arredondo -sirva esta localidad de ejemplo- entraban 60.000 en concepto de impuestos directos y este año se esperan 234.000. Carrascal detalla que también hay que tener en cuenta que en esta década se han desarrollado muchas promociones urbanísticas, por lo que el número de propietarios es mayor. Eso sí, recuerda que la cifra tiene truco, porque no todo el dinero que tendría que recaudarse llega finalmente: «Algunas casas o pisos que se quedaron sin vender siguen en poder de los bancos o de empresas que han quebrado. Se da la paradoja de que los alquilan, sacan rendimiento, pero por mucho que peleamos no conseguimos que paguen el IBI».

En la parte contraria de la tabla -también con subidas, pero más limitadas- se encuentran ayuntamientos como Castro Urdiales (+22%) o Laredo (+16%), entre otros. Pero los más afortunados -o los menos perjudicados, mejor dicho- son los vecinos de Valdeolea. Allí, entre todos, los vecinos pagarán 452.000 euros en impuestos directos frente a los 431.000 de hace diez años. La subida anual o llega al 1% y el acumulado se queda en el 10%. «Llevo siete años de alcalde y no hemos subido nada. Es más, algunos como el IBI de construcciones en suelo rústico se han bajado. Esa es la explicación», expone el regidor, Fernando Franco, que niega la tesis de su compañero y afirma que las entidades locales sí tienen margen para frenar la escalada de impuestos. Porque allí también una revisión catastral y se tocó la parte que depende del municipio para que la afección a los vecinos fuera la menor posible: «Lo que se ha hecho es bajar el gasto. Por ejemplo un 50% en el alumbrado. Aquí hay mucha gente mayor y no podemos hacer que paguen más».

En cuanto a las dos grandes ciudades de Cantabria, el comportamiento es muy distinto. Mientras que Torrelavega se sitúa en la parte baja con un +18%, entre las localidades con incrementos más ajustados, Santander calca la media regional con una subida del 48%. Desde el ayuntamiento justifican que los impuestos directos están ligados al comportamiento de la economía.

«Los años que se toman como referencia son, 2008, en el momento más acusado de la crisis económica, y 2018, en plena recuperación ya, lo que explica ya de por sí en buena medida el aumento que experimentan en ese periodo», remarcan, y recuerdan que su capacidad de actuación es «limitada» y que fue el Gobierno de Zapatero en 2009 el que realizó la subida de los valores catastrales que ha impulsado el alzal del IBI. «El Ayuntamiento de Santander ha tratado de compensar con rebajas del tipo impositivo y con tres peticiones de reducción de valores que ha solicitado a la administración central (2016, 2017 y 2018)», dicen. Además, ponen la mirada en los ingresos por impuestos indirectos -el principal es el que se paga cuando se hace una obra-, que cae un 28,2% o los de tasas, que en esta década han bajado un 1,3%. Eso sí, cuantitativamente, su repercusión en el bolsillo de los ciudadanos es menor.

David Cantarero, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Cantabria, confirma que el IBI es el impuesto que más repercusión tiene en los ingresos tributarios locales. «La recaudación ligada al ladrillo está creciendo de un modo importante, si bien aún no al mismo nivel acumulado que cuando estábamos en plena burbuja», desgrana.

Dejando a un lado los impuestos municipales directos, la otra gran llegada de capital corresponde a las transferencias que realiza el Estado. En este caso, al contrario que los impuestos ciudadanos, sí que han experimentado un descenso destacado. Eso explica otro dato curioso que se desprende de esta estadística. A pesar de que cada vez hay más impuestos directos, el presupuesto -el total del dinero que pueden gastarse los ayuntamientos- es menor. Cantarero piensa que también tiene que ver con la regla de gasto, la norma que introdujo el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro para equilibrar las cuentas municipales, que impedía que entraran en números rojos y ajustar las inversiones.