Cantur aprobó «por unanimidad» pactar con la defensa de Higuera para que eluda la cárcel

Así lo indica el acta oficial del Consejo de Administración de Cantur en el tercero de los once acuerdos que se aprobaron ese 27 de marzo en una reunión que estuvo presididida por el consejero de Turismo, Francisco Martín, y a la que también asistieron los consejeros de la sociedad Eva Bartolomé, Mónica de Berrazueta, Raúl Pelayo, José Miguel Barrio, Severiano Ballesteros, Constantino Fernández y Julio Cires, el secretario Manuel García-Oliva y el actual director general Javier Carrión. Es decir, que, tal y como publicó El Diario Montañés, la entidad pública, dependiente del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), dio el visto bueno al acuerdo solicitado por la defensa, con el que también «está conforme» el Ministerio Fiscal, según refleja el acta. Ayer la Fiscalía negó que, por su parte, haya existido «pronunciamiento alguno de conformidad con una concreta pena de prisión».

Mientras, el consejero Martín aseguró que el Gobierno cántabro, «a día de hoy», no ha firmado «ningún acuerdo» con la defensa de Diego Higuera, aunque sí reconoció la existencia de «conversaciones» al respecto, que parten de la premisa de «recuperar el dinero» presuntamente sustraído.

Según refleja el escrito de acusación de Cantur, que fue quien inició el proceso judicial la pasada legislatura cuando el PP ocupaba el Gobierno, Diego Higuera, quien fuera máximo responsable de la sociedad pública entre 2003 y 2011 -fue cesado en agosto de ese año-, «cargó indebidamente» a los fondos de la misma un total de 132.535 euros de gastos, «no justificados como de representación de la sociedad, usándolos en su propio beneficio, proporcionándose un alto nivel de vida y haciendo suyo el dinero público, pues lo usó para fines de carácter privado y gastos». Con una tarjeta de Cantur, Higuera pagaba comidas en restaurantes (hasta 43.000 euros sin especificar comensales, incluidos festivos y fines de semana), alojamientos en hoteles y gastos en combustible «fuera de convenio», liquidaba sanciones de tráfico, cambiaba las ruedas de su coche o costeaba facturas del supermercado.

El consejero de Turismo admite que los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria cuentan con la autorización del Consejo de Administración de Cantur para «sentarse a negociar» con la defensa del acusado de apropiarse de forma continuada de fondos públicos, con el «criterio básico» de que se garantice la «recuperación íntegra» del dinero. «Estamos cansados de ver gente que tiene causas penales por estafa pero nunca se recupera el dinero, lo primero es que se devuelva la tela», insistió.

No indicó sin embargo que, tal y como aprobó el Consejo de Cantur, esa devolución del dinero y la asunción de la culpa por parte de Higuera, así como otra serie de atenuantes, lleva aparejada una petición de pena de prisión «inferior a dos años».

Martín destacó que en este caso hay consideraciones de «índole mercantil» que «pesan», así como otras de carácter jurídico y político que «habrá que conjugar antes de llegar a cualquier acuerdo».En la misma línea se expresaron los responsables jurídicos y gerenciales de Cantur que, a través de un comunicado, explicaron que la posibilidad de llegar a un acuerdo «fue propuesta por la defensa de Diego Higuera» y analizada el pasado marzo en el seno del Consejo de Administración la sociedad pública, tal y como ha relatado El Diario. «El parecer jurídico mostraba no sólo la legalidad de un posible acuerdo sino la conveniencia mercantil del mismo, dado que se garantizaba la recuperación total de las cantidades requeridas, así como la totalidad de las costas procesales y los intereses legales a los que fue condenado en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Cuentas por los mismos hechos», justifican.

Indican que fue el Consejo de Administración de Cantur y no el Gobierno de Cantabria el que consideró como «adecuado» para los intereses mercantiles de la sociedad un acuerdo de restitución económica, «algo que no se garantiza en los procesos judiciales de este tipo», advierten. Un Consejo, por cierto, presidido por el consejero Francisco Martín, e integrado, entre otros, por la directora general de Turismo Eva Bartolomé, que trabajó mano a mano con el acusado entre 2003 y 2007; el de Industria, Raúl Pelayo; o los alcaldes José Miguel Barrio, Severiano Ballesteros y Constantino Fernández, todos ellos vinculados al PRC, bajo cuyas siglas accedió Higuera al puesto.

Los responsables jurídicos y gerenciales insisten en que, «dado que la responsabilidad fundamental del Consejo de Administración de una sociedad mercantil, sea o no pública, lo es a efectos mercantiles» y en virtud de «toda la documentación e información disponible», se aprobó el mantenimiento de conversaciones con la defensa del acusado «en pos de un acuerdo que garantizase la total reparación del daño económico causado a la empresa». Un acuerdo que, advierten, «no se ha suscrito» a pesar de la resolución adoptada hace tres meses.

La Fiscalía de Cantabria fue ayer más allá y confirmó el acuerdo al que «habrían llegado» la defensa de Higuera y la acusación particular, ejercida por el Gobierno de Cantabria, para evitar que el ex director general de Cantur ingrese en prisión por el presunto delito continuado de malversación de caudales públicos. «El Ministerio Fiscal ha recibido una llamada telefónica solicitando una reunión para exponer el acuerdo al que habrían llegado la defensa y la acusación particular», señaló en un comunicado.

La Fiscalía niega que, por su parte, haya existido por el momento «pronunciamiento alguno de conformidad con una concreta pena de prisión», aunque según aseguran fuentes judiciales consultadas por El Diario, la Fiscalía había decidido aceptar también este acuerdo si lo cerraban antes Cantur y la defensa de Higuera.

La formalización del pacto entre la acusación pública y el acusado se realiza siempre en el momento del juicio oral, por lo que hasta ese momento cualquiera de las partes puede modificar su postura.

Si el domingo fueron los partidos de la oposición -PP, Ciudadanos, Podemos e IU-quienes criticaron a Revilla por «premiar» y «encubrir» la corrupción de su Gobierno, ayer fue la propia vicepresidenta del Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos (PSOE), quien mostró su «indignación» por el hecho de que, «ante un presunto delito grave, además continuado y cometido por un gestor público y que ha provocado la sustracción presunta de cantidades importantes de las arcas públicas se esté hablando de este tipo de acuerdos». La también consejera subrayó que en «ningún caso debe haber un trato beneficioso» hacia Higuera porque «si se quiere que la ciudadanía de Cantabria confíe cada vez más en el sistema judicial, la Justicia debe ser la misma para todos los ciudadanos».