Cantur contratará un abogado privado porque su servicio jurídico es «insuficiente»

La plantilla de Cantur asciende a 600 personas, entre fijos y temporales, y los conflictos laborales han sido una constante desde hace años. Aunque el servicio jurídico propio de la sociedad lo forman cuatro profesionales –dos directoras y dos asesores–, es habitual que la empresa acuda con mucha asiduidad a gabinetes externos como apoyo. De hecho, solo este año la dirección de Cantur ha firmado ya doce contratos menores para servicios jurídicos externos. En total, 62.525 euros que en su mayoría –casi el 60%– han ido a parar al bufete dirigido por Marcelo Rodríguez-Altonaga, convertido en el abogado de confianza de la sociedad pública esta legislatura, si nos atenemos al volumen de contratos firmados. Rodríguez-Altonaga, que abrió despacho propio en Santander en 2006, es diputado de la Junta de Gobierno de la Abogacía de Cantabria y, además, es presidente del Comité Jurisdiccional de la Federación Cántabra de Fútbol.

En ese escenario, Cantur acaba de publicar los pliegos para la contratación fija, durante un año, de servicios jurídicos privados ante la perspectiva de no poder hacer frente a todos los procesos con sus medios propios. En el propio documento, la dirección reconoce que el año pasado se celebraron 40 pleitos en materia de personal, dos de ellos conflictos colectivos. «Y la previsión para lo que queda de este año y el que viene es de un número aproximado de juicios», señalan.

Tras el cambio de Gobierno el año pasado, la Consejería decidió cubrir con María Saiz Villar el puesto de directora de Recursos Humanos de la sociedad, que hasta ese momento no ocupaba nadie. El objetivo con ese nombramiento es «regularizar y llevar a cabo la importante labor de gestionar correctamente el personal de Cantur», según la dirección de la empresa. Entre sus tareas está ejecutar la estabilización de la plantilla y, sobre todo, negociar el convenio colectivo que lleva denunciado desde el año 2021. La conflictividad es tan alta que los sindicatos, incluso, llevaron a la sociedad a los tribunales por los criterios de promoción interna.

Durante el último año, el departamento jurídico propio ha asesorado puntualmente en materia de personal, pero los propios responsables de la empresa reconocen que «resulta del todo insuficiente para el desarrollo de una política integral de recursos humanos, pues no cuenta con la capacidad y los medios necesarios para abordar todas las cuestiones (...) al no disponer de profesionales especialistas en el ejercicio de la abogacía en materia laboral».

En el caso de que se presenten varios letrados a la oferta, todos los integrantes del equipo deberán contar con la experiencia mínima de al menos 5 años de ejercicio activo de la abogacía, con participación en 40 procedimientos judiciales en materia laboral como mínimo, y como asesor en al menos un convenio colectivo.