Cantur inicia un plan de acción para corregir las «irregularidades» en la contratación

El informe sobre la empresa pública es, según Vox, una «recopilación de todos los vicios que puede tener una sociedad pública en materia de contratación». Así se pronunció su portavoz, Cristóbal Palacio, que hizo una enumeración de los aspectos más destacados que, a su entender, recoge el documento. Comenzó con la impresión de la Intervención de que los datos remitidos por Cantur «no son fiables», ya que este órgano fiscalizador «no tienen garantía de que la información sea real». A ello suma el abuso de los contratos menores –tienen una supervisión inferior que los contratos mayores–, que parte de los contratos ni siquiera son tal porque son simples facturas o que hay hasta 14 personas con capacidad para contratar.

«No hay registro digital de las contrataciones, lo que hace complejo supervisarlas», insistió Palacio, que también entiende de las conclusiones de la auditoría que la información de la sociedad no encaja con la que envían los proveedores para hacer las comprobaciones. Eso, y que hasta un tercio de los contratos mayores fueron negociados sin publicidad, un procedimiento «menos transparente». Todo antes de señalar que se han detectado en Cantur «fraccionamiento de contratos» y nueve expedientes que incumplen la normativa de contratación «porque se tratan en realidad de adjudicaciones directas».

Para el PRC, la denuncia pública de Vox demuestra su falta de dedicación porque el informe definitivo se conoció hace ya meses, pero sobre todo la diputada Rosa Díaz achacó a esta formación «falta de seriedad y respeto». Según la regionalista, Palacio «mezcla de forma deliberada y torticera» el informe provisional de Intervención y el definitivo. En el primero aparecían algunas cuestiones que después se suprimieron tras las aclaraciones y alegaciones presentadas por Cantur.

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Por ejemplo, aseguró que en el texto definitivo de la Intervención «en ningún momento se dice que hay obstrucción (para facilitar facturas), sino falta de seguridad por la ausencia de medios informáticos». Es decir, que no apunta que los datos proporcionados por Cantur sean falsos, como expuso minutos antes Vox. Por otra parte, corrigió que son solo tres las personas que pueden contratar y que el resto, hasta 14, únicamente tienen autorización para agilizar algunos expedientes.

«Las fechas demuestran que hubo una actuación intachable», concretó Díaz. Fechas sobre las que también puso el acento la socialista Paz de la Cuesta. En abril de 2021 se aprobó la auditoría definitiva, el 13 de julio Cantur aprobó el Plan de Acción en el que se recogen las medidas correctoras frente a las anomalías detectadas, el 25 de agosto Intervención hace 33 recomendaciones para reforzar ese Plan y Cantur, tras aceptarlas, pone en marcha el Plan de Acción definitivo en septiembre. Una serie de medidas que están suponiendo «un importante esfuerzo» y que, según De la Cuesta, ya está dando resultados, como acreditan las empresas que «se relacionan con Cantur».