La captación de agua del Ebro pende de un hilo con el nuevo Gobierno de Sánchez

En la anterior legislatura el Gobierno regional no pudo, o no supo, vencer la resistencia de Rajoy y de un Sánchez en funciones a dar agua a Cantabria. En la actualidad, cuando las negociaciones parecían encauzadas, un cambio súbito al frente de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado al traste con las gestiones realizadas hasta ahora y ha devuelto el conflicto a la casilla de salida. Y mientras el Gobierno central calla para evitar confrontaciones y el Ejecutivo de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán, manifiesta su oposición «a cualquier tipo de trasvase», según ha expresado a este periódico, la asociación ecologista Arca continúa con su particular cruzada en los tribunales contra el bitrasvase.

El asunto es complejo y delicado porque es sabido que el uso del agua subleva a los pueblos. Es por eso que el actual Gobierno regional mantiene un perfil bajo en las negociaciones ministeriales. «No queremos meter mucho ruido para que no se queje Aragón», comenta una fuente del Ejecutivo cántabro, que ni siquiera desvela si la Administración del aragonés Javier Lambán participa en los contactos por temor a enfadar a los baturros.

Todo empezó cuando en 2001 el Plan Hidrológico Nacional declaró de interés general el abastecimiento de agua a Cantabria, ya que es la única comunidad autónoma que no cuenta con un embalse regulador que guarda el agua del invierno para el verano. Para suplir este déficit, frente a otras alternativas, en 2008 se aprobó el proyecto del bitrasvase del Ebro, una infraestructura ejecutada por el Estado que costó 84,2 millones, de los que Cantabria está obligada a sufragar un 25%, así como los gastos derivados del mantenimiento, conservación y explotación de las instalaciones. Además, los cántabros obtuvieron el derecho a captar 26hm3 de un embalse de 541 hm3 para dotar de agua a la región en los periodos de sequía.

Por tratarse de un bitrasvase el compromiso era que Cantabria debía devolver esos 26hm3 a la cuenca de origen (el Ebro), lo que suponía un elevado gasto energético (hay que bombear el agua), se buscó una fórmula legal, admitida por todas las partes implicadas, en virtud de la cual cada cuatro años se hace un cálculo del agua que desborda el pantano. Si supera esos 26hm3, Cantabria no tiene que devolver nada. El hecho cierto es que la región nunca ha tenido que retornar agua al Ebro porque al pantano le sobra con creces.

Así, desde la puesta en funcionamiento efectivo del bitrasvase en 2010 hasta 2014 (cuando se realizó el primer balance cuatrienal), Cantabria tomó del Ebro 16,53hm3 de agua para el abastecimiento a sus habitantes, mientras que en 2015 se contabilizaron alivios del embalse superiores a los 120 hm3. De ahí que la Confederación Hidrográfica del Ebro eximiera a la comunidad autónoma de devolución alguna.

Pero todo cambió cuando en este escenario apareció Arca, una asociación ecologista especialmente beligerante, detrás de la cual están la mayor parte de las sentencias de derribo de viviendas o la demolición de infraestructuras como la depuradora de Vuelta Ostrera.

El colectivo, temeroso de que esa concesión de agua supusiera el crecimiento desordenado de edificaciones en la región, recurrió ante los tribunales el proyecto y la autorización especial de captación de agua del Ebro. Cuando en 2015 la Audiencia Nacional estimó la demanda y anuló el proyecto por un defecto en la tramitación ambiental realizada por el Ministerio (omitió el trámite de información pública), todo el plan de abastecimiento de agua quedó patas arriba. A partir de ese momento, el derecho de los cántabros a recibir los 26hm3 perdió también su vigencia, y el bitrasvase, y por consiguiente el Gobierno de Cantabria, se quedó sin cobertura legal para tomar agua del pantano.

El revés judicial tuvo su consecuencia inmediata en la anulación del Plan General de Ordenación urbana (PGOU) de Santander, que se quedó sin amparo legal para justificar el suministro de agua a los 172.000 habitantes de la capital y al crecimiento poblacional previsto, y supuso también un muro para los planeamientos de otros municipios límitrofes, como Camargo, Piélagos o Santa Cruz de Bezana, que se basan en esos 26hm3 de agua para respaldar los incrementos urbanísticos.

Dado que el fallo del tribunal no cuestionaba las actuaciones propias del bitrasvase construido, Cantabria y el Estado se pusieron manos a la obra para regularizar la situación y volver a la concesión de los 26hm3. Así que en abril de 2018 el Gobierno central legalizó y tramitó un nuevo proyecto, que también ha sido impugnado por Arca. El Ejecutivo cántabro, por su parte, inició los trámites para solicitar a la mayor brevedad una nueva autorización especial, una decisión que el Estado viene aplazando eternamente, lo que ha dado lugar a fricciones importantes entre el Gobierno autónomo y el central.

La actitud de Cantabria en este conflicto ha pasado por distintas fases. En la anterior legislatura, cuando la competencia estaba en manos de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos (PSOE), el Gobierno de Revilla se enfrentó en términos gruesos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La relación fue «tirante», reconoce ahora un alto cargo de aquella administración. Ocurrió en el verano de 2017. El Gobierno cántabro había solicitado permiso para captar 7Hm3, de los que 5Hm3 eran para Santander y el resto para la Autovía del Agua si fuera necesario. Pero la entonces ministra Isabel García Tejerina dio orden de denegar la autorización de coger agua del Ebro por razones de emergencia debido a la sequía que afectaba a la cuenca, aunque finalmente no se hizo. Díaz Tezanos dijo que aquello era «un atropello» a Cantabria, mientras que Revilla amenazó: «No nos van a quitar el agua. Me meto en el pantano si hace falta».

Las cosas no mejoraron cuando en junio de 2018 Pedro Sánchez se convirtió en el séptimo presidente del Gobierno de la democracia tras superar la moción de censura contra Rajoy. «Había un subdirector general en la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica que sistemáticame se negaba a firmar la autorización especial y los que estaba por encima de él transigían. Todas las informaciones que nos daban los responsables del Ministerio anunciaban que la autorización no se iba a conceder», confiesa el exalto cargo regional, que entonces apremiaba a sus interlocutores: «Pues id a Santander a explicar que en verano va a haber cortes de agua. Aquello les encendía», recuerda. Había transcurrió más de un año desde la legalización del bitrasvase y el Ministerio mantenía el bloqueo a la autorización especial, por lo que en febrero de 2019 la Dirección General de Medio Ambiente de Cantabria envió un requerimiento al Ministerio quejándose de la demora y pidiendo la máxima agilidad en la concesión.

El nuevo Ejecutivo regional salido de las elecciones de mayo de ese año cambió la estrategia. Las competencias del asunto han pasado a manos del PRC, y el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, mantiene un perfil bajo en este asunto, convencido de que todo irá bien si no se mete mucho ruido.

La primera prueba de fuego que demuestra esa actitud se produjo en verano del año pasado, cuando en julio el Ayuntamiento de Santander dio la voz de alarma y anunció que no podía garantizar el suministro de agua a la población. Revilla pidió entonces al Ejecutivo de Sánchez autorización para coger 5hm3 de agua del embalse del Ebro, y recibió una sonora negativa. Aragón, todavía con el gobierno en funciones, se opuso a la demanda de los cántabros e hizo valer esa posición en Madrid. Como alternativa, Cantabria accedió a tomar el agua del embalse del Alsa, un pantano concebido para producir electricidad, ante la promesa del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de que «en un plazo corto de tiempo» se iba a aprobar la autorización especial para que la comunidad autónoma capte y se abastezca con 26 Hm3 del Ebro.

La ofensiva de la oposición, que acusó a Revilla de permitir que «nos roben el agua», obligó a Gochicoa a salir a la palestra. «Si no es en agosto, en septiembre la concesión será una realidad», se comprometió. Pero el permiso sigue sin llegar. Dice el consejero que está luchando por conseguir «no sólo los 26hm3, que hay devolver, sino que 5hm3 de ellos sean transferencia, sin devolución, porque lo que gastamos al año está entre 4 ó 5hm3». Arca, que ha recurrido el nuevo proyecto, mantiene que es mentira que el del Ebro sea un bitrasvase porque Cantabria nunca ha devuelto el agua a la cuenca, así que el Ministerio tiene que curarse en salud para evitar futuras nulidades y decir que sí que hay que restituir el agua, salvo por esos 5hm3.

La negociación de esa cláusula de devolución constituye el caballo de batalla de las negociaciones entre administraciones. Pero el cambio súbito del director General del Agua del Ministerio con el nuevo Gobierno de Sánchez ha devuelto el caso al punto de partido. Gochicoa insiste: «La concesión será una realidad este verano».