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En Cantabria trabajan 4.700 funcionarios del Estado, pero sólo un puñado de ellos, cerca de treinta, son altos cargos que miran de reojo a Madrid cada vez que se celebran unas elecciones generales. Y, por supuesto, también lo han hecho ahora, con la moción de censura ... que esta semana ha terminado por descabalgar a Mariano Rajoy y al PP del Gobierno central. A unos pocos de esos funcionarios les preocupa esa alternancia de inquilinos en La Moncloa que se lleva por delante los puestos políticos de confianza. Otra gran mayoría responde a un perfil técnico y no sufre tanto los vaivenes de las urnas. Algunos de ellos, incluso, acumulan más de dos décadas en sus puestos y ya han visto pasar por delante a los cuatro últimos presidentes. Pero esta vez la incertidumbre de un cambio tan repentino, tras siete años de Gobierno del PP y sin mediar unas elecciones, ha puesto en alerta a muchos de estos altos cargos cántabros.
Parece inevitable un cambio en el principal cargo de confianza designado desde Madrid y, por tanto, el más eventual de todos los despachos estatales: el delegado del Gobierno, puesto ocupado por Samuel Ruiz desde hace siete años. Una mudanza en La Moncloa desencadena siempre otra en la sede de Calvo Sotelo. Es lo que ocurrió con el antecesor de Ruiz. Agustín Ibáñez duró lo que duró el PSOE de Zapatero. Y un mes después de las elecciones de 2011, las del tsunami del PP, Samuel Ruiz recibió una llamada directamente de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Hay otros cargos de confianza indecisos. Uno de ellos es el exconsejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti. Tras ser desalojado el PP del Gobierno de Cantabria, Arasti puso punto final a trece años de carrera política y debía volver a su antiguo puesto en el centro meteorológico de Santander, pero fue recolocado como director del Instituto Social de la Marina. Habrá que esperar ahora si el PSOE lo mantiene o no. Otro puesto íntimamente ligado al partido gobernante es el de director territorial de RTVE. Oficialmente, un cambio en La Moncloa no implica alteraciones en los puestos de dirección del ente público, pero en la práctica casi siempre ha sido así. El periodista Juan Carlos de la Fuente ocupa ese puesto desde hace seis años.
Los que con toda probabilidad continuarán por su dilatada trayectoria en el cargo son, entre otros, Miguel Ángel Gálvez, máximo responsable de la Inspección de Trabajo, que ya sobrevivió al cambio de Zapatero por Rajoy; Gonzalo Sánchez Crespo, profesor de la Universidad de Cantabria y delegado del Instituto Nacional de Estadística en Cantabria desde 1996; Carlos Fonfría, director de El Dueso, que acumula ya doce años al frente de la cárcel santoñesa, y Alfredo Arjona, gerente del Catastro desde antes del cambio de siglo.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander es el único cargo estatal que no pestañea con la moción de censura ni con unas elecciones generales. Pero sí lo hace con unas autonómicas. El Gobierno central ha cedido a las comunidades el derecho a proponer la persona que ocupará el cargo, dependiente de Puertos del Estado, y sólo se reserva la potestad de confirmarlo. Esto, que se repite en todas las regiones con puerto de mar, se trata de un caso único dentro del organigrama de los funcionarios estatales. Es más, el presidente del Puerto cobra su salario del Estado y reporta sus informes directamente al Ministerio de Fomento, no al Ejecutivo cántabro. Desde hace tres años, después de que el bipartito PRC-PSOE sucediera al PP en el Gobierno cántabro, el puesto lo ocupa Jaime González López, un santanderino de 54 años que ya fue miembro del Consejo Económico y Social de Cantabria (CES) entre los años 2010 y 2012. Y su antecesor, también por designación política, fue José Joaquín Martínez Sieso, el que fuera jefe del Ejecutivo de Cantabria por el Partido Popular entre 1995 y 2003.
Hay otros cargos con menos tiempo a las espaldas que el PSOE deberá revisar para decidir si se quedan o no, como Fernando Hernández, jefe de la Demarcación de Carreteras desde 2010, que ocupó el sillón vacante por la jubilación de su antecesor, Vicente Revilla; o María del Carmen Gómez Sánchez, delegada especial de la Agencia Tributaria en Cantabria desde diciembre de 2013, tras sustituir a Adrián Montejo Jiménez, cesado en una remodelación profunda del organismo estatal que también provocó la marcha de los máximos responsables de Galicia y Castilla y León.
Desde la Agencia Tributaria negaron en su momento que estos cambios tuvieran que ver con injerencias políticas, aunque en sólo un mes se produjo la salida de al menos cinco altos cargos, coincidiendo con el nombramiento de Santiago Menéndez al frente del organismo.
También están sobre el alambre los dirigentes que llegaron la pasada legislatura. Es el caso de prácticamente todos los altos mandos del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la región. En la Guardia Civil, por ejemplo, dos de sus principales responsables han cambiado en los últimos años. El jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, llegó a Cantabria en 2015 para suceder a Serafín Sánchez, una institución en el organismo que se retiró tras veinte años al frente de Tráfico y cuatro décadas en la DGT; y Luis Antonio del Castillo Ruano, coronel jefe de Cantabria en sustitución de Juan Airas desde el pasado verano.
En la Policía Nacional, su máxima autoridad en la región, el jefe superior Héctor Moreno, llegó el año pasado acompañado por su polémico pasado: fue condenado en 1994 a más de seis años de inhabilitación especial por un delito de torturas a un grupo de transeúntes que paseaban, en abril de 1982, por el barrio de Malasaña, en Madrid, y luego indultado por José María Aznar. Moreno sustituyó al frente de la Policía cántabra a Jaime Velayos, quien cambió Ávila por Santander durante tres años (2014-2017).
El coronel de Infantería de Marina Ignacio Yáñez González también fue nombrado nuevo delegado de Defensa en Cantabria en 2014, en sustitución del coronel José María Grande Urquijo, que estaba en el puesto desde diciembre de 2008. Hasta ese momento, Yáñez estaba al mando del Tercio Norte de Ferrol de Infantería de Marina, una unidad cuya principal misión es dar seguridad a las personas e instalaciones de la Armada en el norte de la península, desde Francia hasta Portugal, y que está formada por medio millar de hombres.
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