Las casas de los horrores de Cantabria

Hay una oscuridad que impregna para siempre todo lugar que ha sido escenario de un crimen. Una sombra que en Cantabria se cierne sobre viviendas donde sucedieron asesinatos que han engrosado la crónica negra de la región. Algunos de estos espacios están abandonados y permanecen en pie como testigos macabros de lo sucedido, como en Silió, donde en el centro del pueblo la vegetación devora desde 1974 la vivienda abandonada donde una adolescente, Crisanta, fue asesinada y descuartizada por su prima Josefa por la envidia y los celos. O en el número 60 de la calle Victoriano Fernández, en San Román (Santander), el hogar de Domingo González, un padre de familia que en 1972 mató a su mujer y a sus dos hijos para arrojar después sus cuerpos por un acantilado.

Pasan más desapercibidos aquellos inmuebles que se han rehabilitado, o que han acogido nuevos inquilinos, como el de la séptima planta del número 6 de Calvo Sotelo, en Santander, donde Javier Larios mató brutalmente a su madre de 80 años en 2021 por una discusión doméstica. Apenas un día después de que la empresa de limpieza terminase su trabajo, los propietarios habían firmado un nuevo contrato de alquiler; pero allí los vecinos no olvidan lo sucedido. La oscuridad está presente. Incluso aquellas casas que fueron testigos del terror y que hoy en día han sido demolidas, todavía sobreviven en el recuerdo de quienes conocieron la historia, o permanecen en las hemerotecas. Ninguno de estos lugares puede escapar a su pasado.

Sólo una pequeña puerta separa en el barrio de San Román (Santander) la vivienda de Ángel Conde de la casa donde en 1972 Domingo González mató a su pareja, al bebé de un año y al niño de siete. «La gente me dice que si no me da reparo vivir aquí. Les digo que no, que no deja de ser sólo una casa. Yo quiero tirarla para hacerme un garaje», cuenta el que por ahora se ha convertido en heredero del inmueble, el número 60 de la calle Victoriano Fernández, en San Román, conocida por los vecinos como la 'casa del crimen'.

Ángel busca la llave de la puerta de entrada. Hace tiempo que no la abre. El bombín está obstruido por la corrosión. «Esto va a costar», advierte. Luego da un empujón y se abre de golpe. La penumbra es absoluta hasta que levanta las persianas. No hay un mueble, las paredes se están cayendo y apesta a humedad. «La hemos tenido alquilada. Domingo González, que hizo todo esto, la había alquilado con la familia hasta que pasó lo que pasó», recuerda. Nadie ha vuelto a vivir en ella. Se desconoce la estancia donde el asesino cometió el crimen para luego arrojar los cuerpos al mar amarrados con cuerdas y alambres hasta que fue un pescador quien los descubrió días después.

Hacía poco más de un mes, «por San Pedro», que esta familia se había trasladado a San Román. Él era Domingo González Pérez, natural de Revilla de Camargo, de 46 años, «alto, moreno, muy correcto» -le describieron-. Luego se supo que contaba con un amplio historial delictivo.

«En esta casa vivo yo ahora pero somos varios hijos herederos. La intención es rehabilitarla y hacer otra cosa. Esperemos que dentro de no mucho tiempo ya no quede ni rastro de lo que fue la casa del crimen», revela Conde. El autor del triple crimen, que a punto estuvo de darse a la fuga en un taxi hace más de 50 años, pudo ser detenido a tiempo, en un caso que contó con la colaboración de numerosos vecinos de este barrio de Santander que aún se estremece cuando pasa junto a la casa.

La imagen de la cocina es sobrecogedora. Dicen los vecinos que el crimen se cometió en esa estancia de la casa, donde la mujer se encontraba cocinando; pero sólo son rumores. «La gente habló mucho sobre lo que ocurrió porque fue espantoso», asegura una mujer que lleva toda la vida en el barrio.

Domingo pasó cinco días limpiando la sangre de la casa, hasta que las mareas vivas del verano devolvieron los restos a la costa y un pescador los descubrió. Cuando el asesino sintió que le iban a descubrir, trató de huir en taxi pero unos agentes le detuvieron. Al principio negó los hechos pero finalmente terminó confesando cuando le mostraron todas las pruebas.

«Es algo que pasó hace mucho tiempo y no hay que removerlo», advierte una señora mayor. No está informando, está lanzando un aviso a navegantes porque en el pueblo no gusta nada que se remueva el asunto. Lo que nadie puede evitar es que la vivienda del crimen continúe en pie, aunque en estado de ruina, como recuerdo imborrable de lo que sucedió en Silió. Fue en enero de 1974 cuando Crisanta, una adolescente de 16 años, fue asesinada, descuartizada y emparedada entre estas paredes a manos de su prima Josefa, movida por la envidia y los celos. A la asesina le condenaron a treinta años de cárcel pero sólo cumplió ocho.

Hoy la vegetación devora la vivienda, abrazada por un árbol y cubierta de hierba y arbustos. El tejado ha sucumbido al paso del tiempo y se ha desplomado en parte. Dentro, el estado de ruina es más palpable. No queda ni rastro de lo que fue la casa habitable. «Está destrozado pero nadie hace nada para tirarlo y hacer algo. No se entiende», dice una mujer que cuida de sus hijos mientras juegan en la pista deportiva del pueblo, que está a dos pasos de la casa.

La situación deplorable de la vivienda se manifiesta con más fuerza si se mira alrededor, pues justo al lado se están levantando unos chalets de lujo en una urbanización completamente nueva. «Por lo que sabemos la propiedad de la casa continúa siendo de la familia de la víctima», cuentan en el Ayuntamiento de Molledo. «Lo que pasa es que son varios herederos y hay que hacer papeleo; pero desde el consistorio se ha puesto en marcha el proceso para agilizar los trámites». Es lo que desean todos los vecinos, que prefieren ser recordados por otras cosas, como sus fiestas.

El interior de la casa ha sobrevivido a décadas de vandalismo. Sorprende ver algunos muebles en el mismo lugar donde se encontraban cuando sucedió el asesinato. En la cocina, nadie ha movido una mesa, un mueble y varias sillas porque el lugar impone respeto y «salvo los críos cuando juegan más de lo que deben, nadie se ha atrevido a entrar», cuenta una vecina.

Cuando Josefa asesinó a su prima apenas tenía 30 años y su marido, 35. El matrimonio tenían tres hijos, de 10, 9 y 3 años. Hacía tiempo que Josefa urdía un plan para destruir a Crisanta, carcomida por la envidia, con celos enfermizos. Un par de meses antes, Josefa había intentado prender fuego al establecimiento que regentaba la víctima, y que era el único sustento de su familia, pues sus padres eran sordomudos. Hubo dos intentos, pero no lo consiguió. Y el 23 de enero decidió acabar con todo.

Los vecinos lo escucharon todo. «Dicen que fue escandaloso», cuenta una de las residentes en el número 6 de Calvo Sotelo, en Santander. Un edificio que mira directamente al Ayuntamiento de la capital. Sucedió hacia las nueve y media de la noche del 6 de octubre de 2021. Javier Larios discutió con su madre, de 80 años, y la asesinó brutalmente. Ambos convivían en el mismo domicilio donde se produjeron los hechos junto a otro hermano, que en aquel momento no se encontraba en el inmueble. Todos eran inquilinos del inmueble, por el que pagaban una renta antigua, «muy asequible», comentan fuentes cercanas al caso.

En la actualidad el piso se ha reformado y cuenta con nuevos arrendatarios. «Todo sucedió muy rápido. Tan rápido como los servicios de limpieza pusieron a punto el inmueble, casi al día siguiente, se puso en alquiler de nuevo», aseguran. En un inmueble de estas características, icono de esta zona céntrica de la ciudad, todo ha vuelto a la normalidad. Nadie parece recordar en el día a día lo que sucedió porque no hay ninguna pista que lo evoque. Sólo los vecinos de toda la vida recuerdan lo que fue.

«La mujer era muy agradable. Era buena persona; pero el hijo era más raro. No hablaba mucho con los vecinos», cuenta una de las residentes. «La noche en que sucedió lo escuchó todo el edificio», evoca sobre esa noche en que el crimen sucedió en pleno centro de la ciudad. Justo en un inmueble que también alberga oficinas y en el que el tránsito de personas es incesante. «Nunca hubiera pensado que algo así pudiera suceder aquí; pero creo que mucha gente lo desconoce y es algo que se ha olvidado por completo. Nadie relaciona estre sitio con lo sucedido».

Para quien no conozca la historia, el número 6 de Calvo Sotelo es sólo un edificio más de los icónicos de Santander donde se ubican múltiples oficinas, justo en frente del Ayuntamiento, donde el ajetreo diario ayuda a los visitantes a olvidar que allí hubo un asesinato; pero para los vecinos de la zona el suceso es un episodio que no podrán borrar jamás del recuerdo.

El hermano de Javier Larios, con el que también convivía y que ejerció la acusación particular en este caso, tenía «el presentimiento de que (Rafael) podía matar a mi madre» e incluso creía que «podía matarme a mí también» por la «tensa» relación que mantenían desde hace años. «Todo eran problemas y discusiones por el dinero, por las tareas de la casa, porque no trabajaba y pedía dinero a mi madre... Todo lo hacía conscientemente porque no quería hacer nada y que los demás estuviésemos de sirvientes». Javier Larios fue condenado a 23 años de cárcel.

Plantas secas, persianas cerradas y balcones vacíos. De un primer vistazo al número 3 de Monte Cerredo, en Castro Urdiales, queda claro que está deshabitado. «Él no va a volver a vivir ahí, por supuesto», revelan fuentes cercanas a la familias del marido de Silvia López Gayubas, vecina de Castro de 48 años, cuyo cadáver apareció amordazado el pasado 7 de febrero de 2024 dentro de su vehículo estacionado en el garaje. En la urbanización el caso es muy reciente. Nadie habla de ello, al menos no los que viven en los chalets colindantes. «Queremos olvidarlo y no hay nada que comentar sobre ello. Pasó y pasó», declara un jubilado que saca la basura indignado por la presencia de los periodistas.

Lo que más cuesta digerir a los vecinos son los detalles del caso pues fueron sus propios hijos adoptados, de 15 y 13 años, los que terminaron con su vida. Los detalles escabrosos de lo sucedido que se dieron a conocer en el sumario, al que tuvo acceso El Diario Montañés, pusieron las cosas aún más difíciles.

Nadie en el vecindario sabe lo que va a pasar con el chalé. «Desde entonces no ha vuelto a venir nadie. Desde que quitaron el precinto de la Guardia Civil no lo han vuelto a habitar», afirma otro paseante que vive por la zona. El proceso está aún judicializado y, entre tanto, el marido de López Gayubas ya no vive en Castro Urdiales. «Se fue, no hay nada que le ligue a Castro. Lógicamente, es imposible que vuelva a residir en esa casa», cuentan personas cercanas al hombre, que compartía la propiedad de la vivienda con la fallecida. «La intención que tienen es venderlo, pero aún hay que esperar a resolver ciertas cuestiones jurídicas», agregan.

La imagen de la puerta de entrada al chalé donde sucedieron los asesinatos no hace sospechar nada de lo sucedido. Los vecinos recuerdan la noche de los hechos, «cuando se escucharon los gritos de lo que parecía ser una pelea más». Una de tantas que se oían de cuando en cuando en el inmueble; aquella noche nadie esperaba que los menores fueran a llegar tan lejos.

El Juzgado de Menores de Santander condenó al hijo mayor, de 15 años en el momento de los hechos, a la pena máxima que prevé la Ley del Menor: seis años de internamiento en un centro cerrado. Fue apenas nueve meses después del suceso, pues los tiempos de instrucción son mucho más ajustados que los de la Justicia de adultos. Se trata de una medida de seguridad, con un objetivo reeducativo, no de una condena como se denomina con los adultos. El otro hijo, de 13 años, fue puesto en libertad vigilada con una orden de alejamiento de 300 metros de sus familiares.

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