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Los nombres de Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero han vuelto en las últimas semanas a primera línea de la actualidad, a raíz del reconocimiento que les hizo el Gobierno de España el pasado 20 de enero. El desagravio se convocó en Almería, el lugar en el que tres jóvenes murieron a manos de un grupo de guardias civiles que, oficialmente, les confundieron con un comando de ETA. Nada más lejos de la realidad: Cobo (28 años), Mañas (24) y Montero (33) eran tres trabajadores de Aceriasa, Feve y Fyesa, respectivamente, que viajaban un fin de semana de mayo a la ciudad andaluza a la primera comunión del entonces pequeño Francisco Mañas, una de las caras visibles a través de los años de la reivindicación ante el Estado del crimen cometido.
Las tres familias (los cántabros Cobo Mier, pero también los Mañas Morales y los Montero García) han arrastrado en este tiempo el desaliento de haber perdido a sus hijos (hermanos, sobrinos) bajo una acusación falsa y el de sufrir un juicio a los guardias civiles -hallados finalmente culpables de homicidio- que estuvo plagado de irregularidades, como denunciaron desde el minuto uno sus allegados. Han pasado cuatro décadas y los parientes siguen hablando de crimen y de injusticia y siguen pidiendo una reparación a la altura de lo que sucedió.
Quieren, por ejemplo, que se les considere víctimas de terrorismo y, aunque han existido conversaciones con el Gobierno actual en esta dirección, aún no se han dado pasos en firme. Recientemente asistieron, y agradecen, al homenaje a la memoria de sus muertos que también perseguía reparar el sufrimiento causado a las familias. Oficialmente, además, tanto el Estado como la Guardia Civil han reconocido que los tres jóvenes «fueron víctimas de una execrable vulneración de derechos humanos». Un gran paso después de años de encubrimiento de lo sucedido. «Pero no suficiente», avisa Javier Diego Montero, sobrino de Luis Montero.
En Cantabria siempre se ha seguido con especial interés este caso. Luis Cobo era cántabro, sus amigos trabajaban en empresas de la Comunidad y Santander fue la ciudad de la que salieron en coche para encontrarse de bruces con unos guardias civiles que buscaban a quienes habían atentado poco antes contra un teniente general de la Benemérita en Madrid y que no tuvieron piedad con ellos, que nada tenían que ver con ETA. El Diario Montañés y el periodista entonces en ciernes José Emilio Pelayo estuvieron muy encima de la historia a través de los años.
Hemos rescatado del archivo algunas de las portadas de El Diario Montañés que se hicieron eco del caso. Y casi 42 años después, Javier Diego Montero y José Emilio Pelayo se han encontrado para repasar las decenas de cabos sueltos que dejó tras de sí el crimen en los primeros meses, el proceso judicial que decepcionó a las familias y el olvido en que cayó el suceso hasta que, en 2018, la asociación cántabra Desmemoriados promovió un acto para arropar a los allegados de los muertos.
Tanto Diego Montero como Pelayo conservan muy fresca la memoria pese al tiempo transcurrido. Lo pueden comprobar en el vídeo (que resume su conversación) y en el podcast en la que podrán escucharla entera. Cuatro décadas después, sobrino y periodista aún se indignan por cómo trataron el 'Caso Almería' las fuerzas del orden, el sistema judicial y el poder político.
Desde el primer momento, todos los datos que trascienden del suceso son confusos y se alude constantemente a las circunstancias que pudieron llevar a la guardia civil a confundir a los tres hombres con terroristas: el cambio de coche en el que viajaban, la pérdida del DNI de Luis Cobo...
Una de las cuestiones que más duele a las familias cuando el crimen se va esclareciendo: que se quemara el coche para hacer desaparecer los restos de los jóvenes y las pruebas del delito. Hubo testigos del incendio que se ofrecieron a ayudar a apagarlo, pero varias personas les dicen que no pasa nada.
Cuatro días después de la muerte violenta de los tres amigos, la prensa ya se hace eco de que han desaparecido a manos de la Guardia Civil, «en extrañas circunstancias». Se habla también de «oscuros hechos». Las familias de Montero y Cobo lo tienen clarísimo: les han matado.
Para cuando entierran en Muriedas y Ciriego, respectivamente, a los dos Luises, el abogado Darío Fernández, defensor de las familias, ya denuncia que la Guardia Civil ha cometido un crimen. El letrado, en todo momento, sabe que su vida también corre peligro por seguir en el caso.
El ministro del Interior del año 81 tiene que explicar la tragedia en el Congreso y el Senado: atribuye a «un trágico error» las muertes.
Mientras, las irregularidades de lo acontecido son día tras día más evidentes. El abogado de los familiares de los muertos pide un juez especial: sabía que la causa sería voluminosa.
A los abogados de los tres guardias civiles procesados (de los once que participaron en el crimen) les roban el expediente del caso. Es una anécdota frente a todas las circunstancias retorcidas para evitar que los hechos llegaran con claridad al juzgado: desaparición de pruebas, ocultamiento de hechos...
El 'Caso Almería' lleva por vez primera a tres miembros de la Benemérita -procesados por ejercer sus funciones- ante la jurisdicción ordinaria. El fiscal solicita 44 años para el acusado de más rango y 27 años para dos guardias, respectivamente. ¿La sentencia? Culpables de homicio, no de asesinato, pese al clamor de las familias.
La Justicia impone una indemnización de cuatro millones de pesetas a cada familia. Cuatro millones de los 80 -el juicio se celebró en el año 82- que paga el Estado (serían 24.000 euros de hoy) como responsable subsidiario. Esta es la única compensación que han recibido a lo largo de los años los Mañas, los Montero y los Cobo.
El teniente coronel Castillo Quero es condenado, como máximo responsable del suceso, a 24 años de cárcel mientras los guardias Manuel Gómez y Manuel Fernández reciben 15 y 12 años de condena. Las penas son consideradas «extraordinariamente benignas» por la acusación particular y las familias.
En 1987, apenas cinco años después del juicio, uno de los exguardias civiles sale en libertad sin haber cumplido ni la mitad de su condena. Por buena conducta. Su excarcelación indigna a la familia cántabra Cobo Mier porque el condenado sigue disfrutando de una vivienda oficial con los suyos.
Y, casi 42 años después, el Estado español admite ante las familias -que siempre se han sentido atropelladas, primero por el asesinato y después por el empeño de la Justicia y el poder político por correr un tupido velo- que necesitaban una reparación por el sufrimiento que se les causó.
AUX STEP FOR JS
Texto: Violeta Santiago
Diseño: Marc González
Narrativa: Ana I. Cordobés
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