Los casos de corrupción en Cantabria obligan a reforzar con más jueces los órganos judiciales

Los casos de corrupción y las demandas derivadas de las cláusulas abusivas de los bancos han sobrecargado los órganos judiciales en Cantabria hasta el punto de que han requerido medidas extraordinarias de refuerzo. La Memoria Judicial correspondiente al año 2017, presentada ayer, incide especialmente en estos dos acontecimientos, que no son exclusivos de la comunidad autónoma sino «comunes al territorio nacional», según destacó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral.

La corrupción es una de las principales preocupaciones de la Justicia en Cantabria porque ha provocado una «sobrecarga adicional» en algunos órganos judiciales que ha obligado a su refuerzo. En concreto, se ha tenido que destinar un juez de adscripción territorial a apoyar la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y otro al Juzgado de lo Penal número 3. López del Moral explicó que ahora están llegando a juicio determinados procedimientos judiciales que se instruyeron hace años -muchos investigados en los Juzgados de Castro Urdiales-, lo que ha producido ese incremento de asuntos en los órganos de enjuiciamiento. A su juicio, «no se trata de un problema sistémico, aunque pueda parecerlo», y de hecho en Cantabria se sitúa por debajo de la media nacional, pero «es necesario dar una más eficaz y contundente respuesta judicial» al fenómeno de la corrupción que «socava los cimientos de la sociedad democrática y tiene un impacto negativo en la economía».

Aunque el informe judicial no documenta los casos vinculados a la corrupción, el presidente señaló que están vinculados a delitos urbanísticos o contra la Administración Pública y también a la delincuencia económica. La otra gran preocupación son las cláusulas suelo y otros productos financieros abusivos comercializados por los bancos, que han generado un incremento de la litigiosidad en la región «hasta ahora desconocida».

Así, los juzgados y tribunales de Cantabria tenían en tramitación 23.257 asuntos el año pasado, un 10,3% más que en 2016, un incremento debido fundamentalmente a las demandas por cláusulas abusivas en los contratos bancarios. De hecho, a 31 de diciembre había en la región unos 3.500 asuntos pendientes relativos a las cláusulas suelo, una situación que, según reconoció López del Moral, «ha desbordado todas las previsiones» y representa un «problema que nos preocupa mucho» porque ha sobrecargado de trabajo el llamado juzgado de cláusulas suelo de Santander, que es el Juzgado de Instrucción Número 2 bis, en el que «se ha superado claramente» la ratio de 800 asuntos por juez que se había establecido inicialmente.

Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha prorrogado hasta diciembre este Juzgado bis, el presidente del TSJC cree que es un plazo «absolutamente insuficiente» para desahogar la situación actual. Aunque el nivel de entrada de demandas se ha reducido en un 25% en el último trimestre, López del Moral sostiene que, si no se dispone de más medios, se necesitarán «al menos» otros dos años para terminar con esos asuntos, a los que hay que buscar «una solución más rápida». El redactor de la Memoria Judicial se preguntó por qué si el 97% de las demandas se estiman, según el último informe del Poder Judicial, y son favorables al cliente «no se ha planteado ya una mediación casi obligatoria» entre las partes, que evitaría «el colapso de la Administración de Justicia con unas reclamaciones que son justas y que se estiman casi en su totalidad».

El informe anual de la Justicia en Cantabria arroja también un incremento «preocupante» de las denuncias por violencia sobre la mujer, que el presidente atribuyó a que a los delitos habituales (lesiones, coacciones, vejaciones, etc.) se suman ahora los quebrantamientos de condena y de medidas cautelares.

En contrapartida, resaltó que se está consiguiendo reducir «la cifra negra» de las mujeres que retiran su denuncia o se niegan a declarar en el juicio. Según los datos aportados por López del Moral, el año pasado se registró un aumento del 23% en el número de víctimas que mantienen su acusación, lo que proporciona al tribunal elementos de prueba para condenar en la vía penal.

Asegura el magistrado que ahora las mujeres se sienten «más amparadas por el sistema, más protegidas y se animan a denunciar», una actitud que se traduce en el aumento de casos. También se ha producido un incremento de las medidas cautelares, en su mayor parte de carácter penal como el alejamiento o la incomunicación, al concederse el 70% de las peticiones solicitadas.

El documento revela que los desahucios se han reducido en un 26%, aunque los lanzamientos derivados de arrendamientos se han incrementado en un 3%. En este sentido, López Del Moral remarcó la «complejidad» de estas actuaciones judiciales y defendió que «siempre se ejecutan conforme a la legalidad y con una resolución judicial que la soporta», sin querer entrar en valoraciones sobre los últimos episodios ocurridos en Cantabria. El más polémico se produjo hace unos días, cuando una mujer, su pareja y su hija de siete años fueron obligados a abandonar la vivienda que ocupaban en Solares (Medio Cudeyo). En la fecha prevista para el desalojo, el 26 de junio, la presencia de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) impidió su ejecución, pero se llevó a cabo «por sorpresa» al día siguiente, sin una nueva orden de lanzamiento, según denunció este colectivo.

López del Moral declinó pronunciarse sobre este caso concreto, porque hay una denuncia planteada que ahora debe resolver el órgano judicial oportuno. Sin embargo, con carácter general, aclaró que cuando se dicta una resolución judicial «su finalidad es ejecutarla» y hacerlo «sin dilación», pese a que «no hay caducidad» para hacerlo.

La presentación del balance judicial tuvo este año el boato propio de la apertura del año judicial. La Sala de lo Gobierno del TSJC decidió dar a este acto la máxima ceremonia, con la presencia del presidente Miguel Ángel Revilla; la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga; el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, además del consejero del ramo, Rafael de la Sierra, y representantes de los colegios profesionales.

En este foro, López del Moral estuvo acompañado de la Sala de Gobierno del TSJC en pleno y la fiscal superior, Pilar Jiménez Bados, quien en su intervención transmitió a los ciudadanos que «tienen motivos para confiar en la Fiscalía y en la Justicia en Cantabria», al tiempo que reclamó la necesidad de «fortalecer» esta institución para dar «una calidad de respuesta» a las personas que requieren su intervención.