Los casos pendientes del nuevo año judicial

Ramón P. D. S., el autor confeso del crimen de la calle José Rioja de Santander, que acabó con la vida de su compañero de piso a cuchilladas en 2021, será juzgado a partir del próximo 20 de septiembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial por un jurado popular, y continuará los días 21, 22, 25, 26, 27 y 28. La Fiscalía considera al acusado, que se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2021, responsable de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Aunque, a su entender, concurren la atenuante de confesión y de intoxicación por consumo de alcohol y estupefacientes, razón por la que solicita una pena de 15 años de cárcel (la mínima por asesinato).

Bajo la presidencia de la magistrada Paz Aldecoa (Sección Primera de la Audiencia Provincial), un tribunal del jurado juzgará a partir del 6 de noviembre y hasta el día 10 a Guillermo B. C. (39 años), acusado de asesinar el 18 de febrero de 2022 a Adela Corral (69 años), la mujer que le acogió en su vivienda de Castilla-Hermida (Santander). La Fiscalía solicita una pena de 20 años de prisión con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y abono de costas, y a que indemnice a cada una de las hijas de la fallecida con 42.600 euros.

El caso de Mario Fuentes, el colindrés de 18 años que fue asesinado en León hace más de dos años, aún está pendiente del señalamiento de juicio. El magistrado de la Audiencia Provincial de León, José Luis Chamorro, acordó en mayo prorrogar por dos años la prisión preventiva, comunicada y sin fianza de Jorge Cervantes, acusado de acabar de una puñalada con la vida de Mario en el transcurso de una discusión. Hechos por los que la Fiscalía solicita 22 años de cárcel para él por asesinato. La Audiencia estimó que el juicio puede celebrarse «en el tercer trimestre de este año o a principios del cuarto», a la espera de resolverse un recurso.

La investigación del doble crimen de Liaño, en el que Eva Jaular y su bebé de once meses fueron asesinadas, supuestamente, por José Reñones, va camino de cumplir dos años y todavía se encuentra en la fase de instrucción. El pasado mes de junio el juez que lleva la investigación, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº1 de Santander, Fernando Vegas, acordó prorrogar otros seis meses más la instrucción al estar pendiente de recibir un informe pericial sobre el volcado de los teléfonos intervenidos –el de la víctima y el del detenido–, y «el resultado que arroje podría hacer necesaria la práctica de ulteriores diligencias de investigación». Las pruebas recabadas hasta el momento señalan directamente al detenido.

El pasado mes de enero, el fiscal de Málaga encargado del caso del crecepelo suministrado a bebés por error en lugar de omeprazol solicitó al forense que emitiera informes sobre las lesiones causadas a los afectados antes de acusar. Así, el representante del Ministerio Público presentará su escrito de acusación provisional una vez estén dichos estudios periciales. Las partes siguen a la espera de conocer la calificación de los hechos que hace el fiscal.

En noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) condenó al magistrado Luis Acayro Sánchez a cinco años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo –ahora está suspendido provisionalmente de sus funciones– por un delito de prevaricación judicial a raíz de la querella que presentaron el Colegio de la Abogacía de Cantabria y el letrado José María Real al considerar que el juez se extralimitó en sus funciones al llevar a cabo una investigación prospectiva («a ver lo que pesco») frente al letrado que le denunció. El titular del Juzgado de lo Contencioso Nº2 recurrió su condena y el pasado mes de abril la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) impugnó el recurso de casación del magistrado y se opuso, además, a dos de los tres motivos por los que recurrió la acusación particular, que ejerce el Colegio de la Abogacía. Queda por conocer la fecha de deliberación y fallo.

La Audiencia Provincial de Cantabria condenó –en marzo de 2022– a cinco años y tres meses de prisión al conductor implicado en el accidente de tráfico que tuvo lugar en el verano de 2020 en la rotonda de Corbán, en Santander, en el que fallecieron dos chicas de 28 y 29 años que viajaban en otro vehículo contra el que impactó cuando circulaba bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad. Tres meses después, el TSJC ratificó el fallo y el acusado recurrió en casación al Tribunal Supremo, cuya resolución está pendiente.

El magistrado Agustín Alonso condenó –en diciembre de 2022– a 15 años de cárcel a Carmen Merino por la decapitación de su novio Jesús Mari Baranda, del que solo ha aparecido su cráneo. El presidente del tribunal del jurado consideró a Merino autora de un delito de homicidio con la agravante de parentesco, en base al veredicto emitido el pasado 18 noviembre por el jurado popular, que descartó el asesinato. Posteriormente, en marzo y abril de este año, el TSJC ratificó hasta en dos ocasiones esta sentencia y la defensa recurrió ante el Supremo, del que se espera su pronunciamiento.

El 'caso Obras Públicas', el de la supuesta adjudicación irregular de obras en carreteras a un grupo de empresas a cambio de suculentas mordidas, estalló hace siete meses con la detención de ocho personas y la entrada y registro de la Consejería de Obras Públicas y varios domicilios y empresas. Aunque poco a poco se van despejando algunas de las incógnitas que rodean a esta trama, todavía se desconoce si hay algún otro implicado además del exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez –que el pasado lunes salió de prisión al entender la jueza que ya no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas–, su mujer y sus dos hijas; y cuatro empresarios.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está elaborando un informe en base a toda la documentación y la información de los ordenadores que requisaron durante los registros que realizaron el pasado 22 de febrero, cuando se destapó el entramado.

Hace un mes, la Audiencia Provincial confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander de incoar un procedimiento del jurado popular en las diligencias que sigue contra dos conductores Bryan Barroso (en prisión provisional ) y Adrián Bedia (en libertad) que el pasado febrero conducían a toda velocidad por el centro de Santander, provocando un accidente en la calle Castelar que causó la muerte del joven Bret Elorza, de 19 años. Las acusaciones les imputan homicidio con dolo eventual. A este delito se suman uno de conducción temeraria y otro contra la seguridad vial.

La Audiencia Provincial de Cantabria rechazó en agosto la petición de ingreso en prisión provisional de A. A. C., el conductor investigado por el atropello mortal del ciclista Florentino Gómez 'Floren' el 11 de febrero. El caso está en fase de instrucción. El atestado policial, conocido ayer, revela que el turismo circulaba por el carril contrario y que en el momento de la colisión frontal con la bicicleta iba a una velocidad de entre 57,89 y 69,53 km/h. La geolocalización de dispositivos móviles y los vídeos de cámaras sitúan al procesado en el lugar y hora de los hechos.

Hace un mes, la Audiencia Provincial envió a prisión provisional a Jaime Acebes Fernández, el conductor de 73 años que en abril se llevó por delante la vida de tres personas que disfrutaban de unos días de descanso en Suesa (Ribamontán al Mar) y que casi triplicó la tasa de alcoholemia. El caso también se encuentra en fase de instrucción y a la espera del informe sobre la velocidad.

Tres años y medio después de que estallara el caso, el medio centenar de afectados por la estafa de Novo Banco en Santander siguen esperando respuestas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirmó en abril la condena de dos años y tres meses de cárcel a Vicente de la Fuente (hijo), organizador del Delirium Festival de Ajo, en 2017, por un delito de apropiación indebida al utilizar 89.427 euros de la empresa que creó junto a dos socios (que le denunciaron) para fines particulares. El condenado está a la espera de que el Supremo resuelva su recurso de casación.