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Los juzgados de Cantabria retoman su actividad este mes tras el habitual mes inhábil de agosto en el que solo se abordan casos que se declaren de urgencia. En este reportaje hemos recopilado los casos que más repercusión mediática han tenido en los últimos años y que siguen pendientes de resolver. Algunos se encuentran en fase de instrucción, otros están pendientes de juicio y hay causas que siguen a la espera de que el Supremo conteste a los respectivos recursos de casación.
En esta causa el principal sospechoso, que estuvo medio año en prisión provisional, es el exjefe de Carreteras de Cantabria, Miguel Ángel Diez, investigado por la presunta adjudicación irregular de contratos a cambio de mordidas. El resto de personas investigadas son su mujer y sus dos hijas y seis empresarios. A finales de julio, la UDEF y Vigilancia Aduanera entregaron a la jueza las conclusiones finales de su investigación que confirmar los cargos frente a los diez investigados. A lo largo de este mes todos ellos están citados para declarar ante la instructora del caso.
Este procedimiento deriva del 'caso Obras Públicas'. El Juzgado de Instrucción Nº2 de Santander investiga a dos técnicos de la empresa pública Gesvicán y cuatro empresarios (dos de Rucecan y dos de Senor) por el supuesto amaño de contratos de carreteras a cambio de mordidas. Este lunes tendrá que comparecer, en calidad de investigado, un directivo de Senor que inicialmente no aparecía entre la nómina de implicados.
Es un asunto nuevo que ha surgido a principios del pasado mes de agosto cuando el titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de Torrelavega, Pablo Fernández de la Vega, a instancias del Ministerio Público, ordenó la detención de la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo (PRC), su antecesor en el cargo, Ángel Rodríguez (PSOE), y otras tres personas –la hermana de la regidora, una concejala del PSOE y un empresario– en el marco de una investigación por supuestos delitos contra la administración pública. Los cinco investigados fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil y quedaron a la espera de pasar a disposición de judicial. El caso surge a raíz de dos denuncias cruzadas entre el exalcalde, que denunció a la alcaldesa por la contratación de su hermana para un trabajo, y la regidora, que denunció el borrado masivo de información municipal que llevó a cabo una compañera del exregidor.
El pasado 8 de julio, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº1 de Santander, Fernando Vegas, decretó la apertura de juicio oral del caso en el que José Reñones, en prisión provisional, está acusado de asesinar a su hija de once meses y su pareja, Eva Jaular, en diciembre de 2021. Unos hechos por los que el Ministerio Público solicita para el procesado la prisión permanente revisable por la muerte de la primera y otros 25 años de cárcel por la de la segunda.
El homicidio de Javier Borrás en su urbanización de la Avenida de Los Castros (Santander) sigue sin resolverse después de ocho meses. El caso aún sigue bajo secreto de sumario puesto que todavía no se ha dado con el paradero de los tres responsables del crimen. La investigación parece que se encuentra en un punto muerto, ya que la localización de los autores del crimen es vital para su esclarecimiento.
El caso en el que falleció Carlos Cubillas –un joven de 21 años de Polanco, tras ser agredido por otros dos jóvenes que están en prisión provisional– está a las puertas del juicio después de que las acusaciones hayan presentado sus escritos de calificación provisional de los hechos. La Fiscalía solicita 13 años de cárcel para los dos acusados, Ángel R. C. y Rubén G. A., por un delito de homicidio doloso, y la acusación particular reclama 12 años y medio por el mismo delito y 3.000 euros de multa (diez meses a razón de diez euros diarios) por un delito de omisión del deber de socorro. Ahora las defensas tendrán que presentar sus escritos y el instructor remitirá la causa a la Audiencia Provincial, encargada del juicio mediante el procedimiento de tribunal del jurado.
El Juzgado de Menores de Santander acordó en agosto prorrogar tres meses más el internamiento del niño de 15 años que acabó con la vida de su madre, Silvia López, una celadora interina del Hospital de Cruces (Vizcaya) de 48 años. El procedimiento continúa en fase de instrucción frente al menor, que desde hace meses está bajo la tutela del Gobierno de Cantabria. Finalizada la instrucción por parte de la Fiscalía, que es la encargada en estos casos, si ha lugar al enjuiciamiento, correspondería también al juez de Menores.
Este asunto está a las puertas de juzgarse después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santoña, Tomás Hernando, acordara el pasado mes de mayo la apertura de juicio oral frente al acusado Jaime Acebes, que se enfrenta a una petición de pena de entre 6 y 9 años de cárcel. La Audiencia Provincial ha señalado para el 4 de noviembre la celebración del juicio.
El pasado junio, la Audiencia Provincial de Cantabria condenó a Bryan Barroso y Adrián Bedia a cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, por causar la muerte del joven Bret Elorza. Sin embargo, la acusación particular presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del TSJC, que está pendiente de resolución, al considerar que existían contradicciones en el veredicto del tribunal del jurado que enjuició a los dos acusados.
El caso del ciclista que murió atropellado en Sierrapando (Torrelavega) en febrero de 2023 está a las puertas de juzgarse después de que el instructor del caso, el magistrado Pablo Fernández de la Vega, acordara el pasado mes de marzo la apertura de juicio oral. El Juzgado de Instrucción Nº1 de Torrelavega declaró al Juzgado de lo Penal de Santander el órgano competente y tiene por formulada la acusación contra Alejandro A. C. por un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con otro contra la seguridad vial por conducción temeraria y un delito de abandono del lugar. Por estos hechos, la Fiscalía reclama seis años de cárcel, que la acusación particular y la popular elevan a ocho. Está pendiente el señalamiento del juicio.
El Juzgado de Instrucción Nº7 de Torrelavega sigue investigado las causas del accidente de tráfico que tuvo lugar el pasado 20 de abril en el que Pablo Gorostiza, de 18 años, falleció cuando el coche (un BMW 530) en el que viajaban cinco jóvenes –dos chicas y tres chicos– se salió de la N-634, a la altura de Río Cabo (Torrelavega) dio varias vueltas de campana por un terraplén hasta que cayó en una vía secundaria que hay entre las vías del tren y la carretera por la que circulaban, quedando apoyado sobre el techo. El próximo 26 de septiembre están citados para declarar el conductor y el resto de ocupantes del coche.
La Audiencia Provincial de Cantabria confirmó el pasado agosto que la muerte violenta del gaitero gijonés Javier Solares en Potes en el verano de 2020 tendrá que ser juzgada por un homicidio imprudente y lesiones leves. De esta forma, rechazó los recursos de los familiares de la víctima, que pedían atribuir a los investigados un delito de homicidio doloso y otro de omisión del deber de socorro. A uno de los investigados, el que presuntamente propinó el puñetazo, la instructora le imputa un delito de homicidio imprudente y al otro, el que supuestamente pateó a la víctima traes caer al suelo, le atribuye un delito leve de lesiones. Ahora, el fiscal y las acusaciones deben presentar sus escritos de calificación provisional.
La titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Laredo, Ana Cristina Pomposo, absolvió en abril a la tiktoker que había sido denunciada por recoger a un mastín en una carretera de Soba, que reclama un ganadero, llevarlo al veterinario y entregarlo a otra mujer, también denunciada y absuelta, que lo adoptó. No contento con esa resolución, el ganadero recurrió ante la Audiencia Provincial, que está pendiente de pronunciarse.
Cuatro años y medio después de que estallara el caso, el medio centenar de afectados por la estafa de Novo Banco en Santander siguen esperando respuestas. El caso continúa en fase de instrucción.
La titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santander, Prado García, tomó declaración este miércoles al hombre investigado a raíz de que una joven de Zaragoza le denunciara por una sumisión química en Santander en junio, cuando se desplazó a la capital cántabra para participar en una convención de la empresa para la que trabaja, Tecnocasa, una conocida firma inmobiliaria. El caso sigue en fase de instrucción.
Será del 14 de noviembre al 19 de diciembre cuando la Sección Primera de la Audiencia Provincial juzgue a los exregidores de Castro Urdiales, Rufino Díaz Helguera (1991-2003), Fernando Muguruza (2003-2011) e Iván González (2011-2015) por esta causa. La Fiscalía solicita una pena de 9 años de cárcel y 27 de inhabilitación para los dos primeros y 5 años de prisión para el tercero por un delito continuado de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación.
En noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) condenó al magistrado Luis Acayro Sánchez a cinco años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo –ahora está suspendido provisionalmente de sus funciones– por un delito de prevaricación judicial a raíz de la querella que presentaron el Colegio de la Abogacía de Cantabria y el letrado José María Real. El magistrado recurrió su condena, en abril de 2023 la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) impugnó ese recurso de casación y se opuso, además, a dos de los tres motivos por los que recurrió la acusación particular, y queda por conocer el fallo final.
La Audiencia Provincial condenó en marzo de 2022 a cinco años y tres meses de prisión al conductor implicado en el accidente de tráfico que tuvo lugar en el verano de 2020 en la rotonda de Corbán, en Santander, en el que fallecieron dos chicas de 28 y 29 años que viajaban en otro vehículo contra el que impactó cuando circulaba bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad. Tres meses después, el TSJC ratificó el fallo y el acusado recurrió al Supremo, cuya resolución está pendiente.
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