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El Gobierno de Cantabria, y en particular su consejero de Ganadería, Guillermo Blanco (PRC), se han empeñado en abanderar la guerra que las comunidades autónomas ... del norte de España libran contra el Ministerio para la Transición Ecológica por la protección especial del lobo que decidió de manera unilateral -con el visto bueno de las organizaciones ecologistas, pero no de los cuatro territorios que suman casi el 100% de la población lobera- el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera. La prueba es que el martes Cantabria fue el primer territorio en dar el paso y autorizar la caza de diez ejemplares en las tres zonas con más ataques contra la ganadería. Blanco lo anunció el primero, pero como viene insistiendo desde el inicio de este litigio, las acciones están coordinadas con Galicia, Asturias y Castilla y Léon, que están en una situación idéntica. Las dos últimas confirmaron ayer que iniciarán esta vía y autorizarán la caza de lobos sin el aval de Madrid.
El Principado, de momento, ha dado el paso previo con la solicitud formal al Ministerio del permiso para actuar en Picos de Europa. Si no lo consigue, está dispuesto a seguir el camino de Cantabria, tal y como ya hizo ayer la Junta, y optar por matar sin pedir permiso. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), confirmó que su territorio «hará lo mismo que Cantabria». Algo que, como defendió, se hará con un respaldo jurídico. Según Suárez-Quiñones, las cuatro autonomías «están coordinadas». A modo de anécdota, apuntó que se cuenta con un chat en el que se habla «pese a ser de gobiernos diferentes, múltiples, pero que sufren un ataque del ecologismo radical inconsciente» desde el Gobierno de España. De hecho, Cantabria se ha puesto a disposición de sus colegas para facilitarlas el texto jurídico que han enviado a Madrid para sustentar las autorizaciones.
Cantabria publicó ya ayer las autorizaciones -ya está en vigor, a la espera de la reacción nacional- y Castilla y León lo hará próximamente, cuando tenga el respaldo jurídico necesario «para hacer todo lo posible dentro de la ley y defender los intereses de los ganaderos».
En Castilla y León, el nuevo consejero de Ganadería es de Vox y en Cantabria, el portavoz de esta formación, Cristóbal Palacio, salió ayer a respaldar la decisión del consejero Blanco. Felicitó al regionalista por una decisión que «el sector ganadero necesita», aunque cree que el número de ejemplares que se extraerán (diez) es «ridículo». Palacio se pregunta en qué informe se ha basado esa cifra que, aunque ayudará a «evitar que los ganaderos sufran las muertes de sus animales», supone «menos de la tercera parte» de los que, según recordó, la Consejería determinó en 2019 y 2020 que eran necesarios extraer (34).
La prohibición de la caza controlada del lobo con la entrada en vigor de su inclusión en el Lespre por parte del Ministerio entró en vigor el 21 de septiembre. Hasta la resolución de ayer de la Consejería de Ganadería ha estado prohibido matar estos animales en Cantabria, lo que no quiere decir que no haya ocurrido. De hecho, ese era uno de los argumentos del Gobierno regional para oponerse a la decisión del Estado: que acabar con las extracciones programadas podía provocar un auge de las prácticas furtivas.
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Según los datos del departamento que dirige Guillermo Blanco, en estos meses se han localizado cinco animales muertos, pero solo uno -si ha habido más, no hay expedientes al respecto- a causa de disparos con arma de fuego. Otros dos se deben a atropellos fortuitos con vehículos y dos más a «causas naturales», aunque en este último supuesto no siempre es fácil distinguir la muerte natural del envenenamiento intencional.
El caso del disparo se ha registrado en la localidad de Riocorvo -en el municipio de Cartes- y los Agentes del Medio Natural (AMN) han comunicado el asunto a la Fiscalía de Cantabria.
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