Castilla y León convertirá en Bien de Interés Cultural la pirámide de El Escudo para evitar su demolición

«Sería un despropósito derribarlo sin estudiar a fondo las circunstancias que lo rodean. Nadie está de acuerdo con la guerra. Puede que sea de esa época, pero se trata de un monumento único en España con un gran significado histórico y arquitectónico», explica Juan Carlos Díaz, el regidor de Valdebezana, en cuyas tierras se levanta esta imponente mole de hormigón y veinte metros de altura. Por ese motivo, el Ayuntamiento ha remitido al Ministerio de Presidencia una petición formal para evitar que se incluya en el catálogo de símbolos franquistas.

O lo que es lo mismo, que no figure en la lista que está elaborando el Gobierno central con elementos contrarios a la memoria democrática que tienen que ser suprimidos. Según la normativa, todas aquellas representaciones que estén en este catálogo y no tengan algún tipo de figura de protección cultural o patrimonial están destinado a su desaparición. Y ahí es donde ha entrado el consejero de Cultura de Castilla y León, Gonzalo Santonja (Vox), que ya ha iniciado el expediente para su protección.

«No es un edificio más, sino que atesora todos esos valores especiales que lo convierten en singular. Es el único que hay en España de este tipo de arquitectura de entreguerras y, por eso y por todas estas razones, incoamos el proyecto de declaración de BIC», ha asegurado sobre esta construcción mandada levantar en 1937 antes de añadir que «nadie puede pensar que en la Consejería no tomamos las decisiones muy motivada y argumentadamente».

Por su parte, el alcalde de Valdebezana no solo da argumentos para no tirarlo abajo, sino que pide desarrollar un proyecto alrededor de un monumento que «es ya a día de hoy foco de atracción y que la gente se para a ver». Lo que defiende el regidor, con el apoyo de los vecinos cántabros, es crear un centro de interpretación para hacer una labor pedagógica sobre lo que significó esta zona en el contexto de la Guerra Civil y, concretamente, en la batalla del frente norte. Díaz defiende que mantener la pirámide no significa homenajear a uno de los dos bandos en liza: «En Europa hay campos de concentración que realizan una labor similar y nadie se plantea destruirlos. Aquí, las pocas cosas que hay en los pueblos y que generan actividad nos las quieren quitar por ese resentimiento». Además, recuerda que la propia Ley de Memoria Democrática permite a las Administraciones implicadas -en este caso la Administración local- dar su opinión sobre los elementos que tienen que entrar en el catálogo.

«Merece la pena mantenerlo. No por los sentimientos que pueda despertar o no, sino por el valor histórico avalado por multitud de estudios», añade Eduardo Ortiz (PRC), alcalde de Campoo de Yuso. Se refiere a los vestigios que existen en la zona más allá de la pirámide. Por ejemplo, las trincheras defensivas que se construyen en El Escudo por parte de ambos bandos durante la contienda.

Con menos explicaciones se anda el alcalde de Luena, José Ángel Ruiz (PRC). «A mí me parece muy mal que lo quiten. Aquello allí no molesta a nadie. Esto no se le ocurre a nadie que tenga dos dedos de frente, pero estoy viendo tantas cosas raras...», critica el regionalista. Aunque reconoce que él nunca lo ha visitado, afirma que sí supone un atractivo para la zona. Y no considera que el monumento tenga connotaciones negativas: «Pasó lo que pasó. En una guerra todo el mundo sale mal parado».

Ortiz avala al 100% el proyecto que impulsa su homólogo burgalés y también considera que puede ser un revulsivo turístico para la zona, pero entiende que son sus vecinos castellanos los que tienen que llevar la iniciativa. De hecho, Valdebezana se ha movido en dos direcciones. Además del escrito al Ministerio de Presidencia, también reclamó a la Junta de Castilla y León que iniciara el trámite para declarar la pirámide de Los Italianos como BIC. Y ha surtido efecto.

En caso de que finalmente haya que derruir la pirámide, hay dudas sobre quién sufragará los costes. El punto 4 del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática dice que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación». Hasta 1937, los terrenos pertenecían a diez pueblos que hacían un uso comunal como zona de pasto, pero el Gobierno de Franco lo expropió para cedérselo a Italia.