Castilla-La Mancha logra que el Tribunal Constitucional avale su ley para impedir el fracking

Castilla-La Mancha aprendió de los errores cántabros en la elaboración de su normativa y afinó su redacción para hacer muy complicado, por no decir prácticamente imposible, el uso del fracking en su territorio pero sin impedir literalmente una «prohibición expresa».

La ley antifracking de Castilla-La Mancha incluye varias medidas para imposibilitar, en la práctica, el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones.

La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni tampoco concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe un plan estratégico sectorial, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

En su recurso, el Gobierno central -en manos del PP entonces- argumentó que varios aspectos de la ley incurrían en inconstitucionalidad inmediata por vulneración de competencias estatales, como protección del medio ambiente, y recordó que el Estado había aprobado en 2013 la ley del Sector de Hidrocarburos, en la que se autorizaba el empleo del fracking.

En este sentido, la sentencia recuerda que por no respetar el contenido de esta ley se declararon nulas e inconstitucionales las leyes sobre esta materia de Cantabria, La Rioja y Navarra, pues contenían «una prohibición absoluta e incondicionada» de la fractura hidráulica en sus regiones. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que la ley de Castilla-La Mancha ni contiene una prohibición legal expresa de esta técnica de carácter absoluto e incondicionado como en los demás casos citados ni efectúa una remisión incondicionada o en blanco a la Administración para que regule su posible uso, según la sentencia a la que tuvo acceso Efe.

Por lo tanto, la sentencia indica que la ley, al proponer la elaboración de un plan estratégico sectorial, recoge una «norma novedosa y no examinada hasta la fecha» consistente en habilitar a la Administración autonómica para que ésta efectúe una zonificación del territorio de la región y delimite áreas donde la técnica del fracking quede excluida, restringida o permitida.

Ahora Cantabria podría aprovechar este resquicio legal para redactar una nueva Ley, ya que la amenaza del fracking no ha desaparecido. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 6 que los permisos Bezana y Bigüenzo, que prescribieron en diciembre de 2015 y procedía a su archivo y extinción de oficio por parte del Ministerio de Energía, volvían a una fase anterior, la misma en la que estaban en mayo de 2013, quedando, por tanto, solo en suspenso y no caducados. La orden ministerial supone que en cualquier momento se puede reactivar esta práctica en el sur de la región.