La causa por los cursos de formación que inició la UDEF en Cantabria se diluye en Fiscalía

En junio de 2018 el Ministerio Público explicó que después de «concluir la tramitación de las diligencias de investigación incoadas a partir de un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Investigaciones Financieras (UDEF), fechado el 22 de noviembre del 2016, a su vez iniciado ante la llamada de la representante de unos centros de enseñanza denunciando a varios funcionarios y autoridades que han prestado su actividad laboral en el Servicio Cántabro de Empleo (Emcán), ha acordado el archivo al no haberse acreditado los delitos de cohecho y de prevaricación que inicialmente se pudieran deducir de las afirmaciones contenidas en la denuncia».

Aún así, se abrían diligencias de investigación por posibles delitos de falsedad documental, estafa y fraude de subvenciones «cometidas por los responsables de varias academias». Este otro caso, que desde la propia Fiscalía se quiso desvincular de la labor de los agentes de la UDEF, es el que ha concluido ahora tras escrutar a buena parte del sector de las academias y a diversas organizaciones. De estas gestiones la única entidad que permanece investigada es la citada Academia Emprende, que incluso fuentes del sector han admitido con sorpresa que fue una de las últimas en empezar a trabajar con el Servicio Cántabro de Empleo (Emcan).

Consultada por este periódico, la empresa asegura que aún no ha recibido notificación judicial al respecto, pero sí conocía que la Fiscalía mantenía su investigación sobre ella. La firma afectada atribuye su situación procesal a la «venganza de un profesor» que acudió a declarar en las diligencias. Ahora, no sin cierta resignación, avanza que tratará de demostrar su inocencia y reconoce el «perjuicio» que les supone quedarse solos en esta investigación.

El saldo final de toda la investigación parece un botín exiguo para la ambición con la que se abordó una causa con la que se pretendía poner fin a una presunta trama corrupta en la Administración en base al cobro de mordidas por parte de funcionarios a cambio de favorecer a unas academias o centros de formación en detrimento de otras. ¿Cómo? Con informes a la carta para facilitar la homologación de las instalaciones y su accesibilidad. Como organismos públicos escrutados, tanto el Emcan como el Centro de Ayudas Técnicas (CAT), adscrito al Instituto Cántabro de Asuntos Sociales (Icass), además de la propia Consejería de Economía.

El caso fue promovido por Cossío Formación, compañía que lleva años batallando contra el Ejecutivo al sentirse discriminada en el reparto de ayudas y, especialmente, por el hecho de habérsele negado la accesibilidad. A esta delación inicial se sumaron otras dos empresas, que dieron a la Policía una primera base para arrancar sus averiguaciones.

Sin embargo, Fiscalía precisó que «a pesar de la extensa investigación que se ha desarrollado, analizando una voluminosa documentación requerida a varias consejerías, que incluía numerosos expedientes de otorgamiento de certificados de accesibilidad, así como de homologación de especialidades, información fiscal y patrimonial; y recibiendo declaración a los representantes de otros centros aludidos en la denuncia, no se han podido constatar los hechos afirmados, puesto que las irregularidades administrativas detectadas no tienen relevancia penal». En consecuencia, se optó por el archivo de las diligencias.

La investigación adscrita a la Fiscalía autonómica y tutelada por su máxima responsable, Pilar Jiménez, que incluso requirió de dos prórrogas ante el calado de las pesquisas, con miles de documentos recogidos de dependencias del Gobierno regional