UGT y CCOO piden una partida de cinco millones en los presupuestos para proteger a trabajadores y familias vulnerables

Ante las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y económica causadas por la pandemia del covid-19, UGT y CCOO quieren cambios en catorce partidas presupuestarias con el objetivo de que se proteja más a los trabajadores y a las familias más afectadas por la crisis, lo que a su juicio, pasa por la generación de un fondo suficiente para amortiguar las pérdidas salariales ante la afectación de los ERTE y el cuidado de menores y familiares.

Las organizaciones han tachado de «insuficiente» la partida del Fondo Covid para los trabajadores que asciende a millón de euros. Los sindicatos creen que esta cifra debería elevarse por encima de los cinco millones de euros porque las necesidades no son muy diferentes a las del mes de abril, cuando sindicatos, patronal y Gobierno alcanzaron en el Diálogo Social el acuerdo en materia de protección social, apoyo a las personas, fomento del empleo y de la actividad económica.

Las centrales han reclamado, además, cuatro partidas dirigidas al apoyo al sector primario, con la implementación de ayudas a los productos elaborados en Cantabria, a retener talento joven en Cantabria y al apoyo a la prevención de riesgos laborales.

En cuanto al proyecto de Ley de medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria, ambos sindicatos han presentado una enmienda de modificación al texto que regula el nuevo Consejo Económico y Social de Cantabria, que, como ya han advertido CCOO y UGT en ocasiones anteriores, rompe con el modelo común de los CES del resto del país y, si esta enmienda no sale adelante, ambas organizaciones sindicales se replantearán formar parte del mismo.

Como es sabido, los dos sindicatos mayoritarios en la región tienen cada uno tres representantes en el CES mientras que USO tiene dos, algo que UGT y CCOO no aceptan, por la diferencia de representatividad de las organizaciones. Tanto UGT como CCOO representan a más de un tercio de los trabajadores de Cantabria (37 y 33,8%, respectivamente) mientras que USO no llega al 10% (9,7%).

Ambas formaciones también han planteado una enmienda de adición a la ley que regula la composición del Consejo de Supervisión Continua del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF). Si bien el ejecutivo autonómico propone la supresión de este órgano para evitar duplicidades –el Gobierno contempla la creación de un Consejo de Seguimiento de la actividad de los entes del sector público y el ICAF se encuentra entre ellos-, los sindicatos han pedido formar parte del Consejo, tal y como recogía la Ley de creación del ICAF en el año 2008.

Por último, UGT y CCOO han reclamado suprimir las modificaciones que el proyecto de Ley realiza sobre la Ley de Control Ambiental Integrado, que han calificado como una «huida hacia delante». Los sindicatos consideran más adecuado trasladar este debate al que debe darse en la tramitación de la Ley del Suelo, para la que han reivindicado, además, celeridad.