CCOO recurre la última oferta de empleo de Cantur, atravesada «por una corruptela general»

Renedo ha indicado que «no puede salir gratis este estado de corruptela laboral de Cantur y que, además, se intente dar por normalizado» tras exponer que en todas las empresas públicas de la región «hay problemas laborales». Ha hecho hincapié, sin embargo, en que lo que ocurre en el seno de Cantur «es muy grave», por lo que ha insistido en entrevistarse con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla -ya le solicitaron una reunión en enero, sin éxito- ya que quieren informarle de la situación interna de la sociedad presidida por el consejero de Turismo, Javier López Marcano, sobre cuya gestión «nadie osa intervenir, ni siquiera el presidente», ha lamentado.

La Oferta Pública de Empleo que está en cuestión en los juzgados fue aprobada por una resolución de la sociedad el pasado 31 de mayo y publicada ese mismo día en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Según los datos facilitados por Renedo, afecta a 107 puestos de trabajo. Pero se han tomado decisiones sobre este centenar de empleados «que no cumplen con los criterios que marca la ley que obliga a estabilizar bajo unas condiciones concretas y no otras», lo que ha motivado el recurso ante la Justicia. El sindicato también cuestiona -como es habitual en estos casos- que la Administración no haya negociado con los interlocutores sociales, a los que también «ha ocultado documentación».

El portavoz sindical ha recordado que las bases de la Oferta Pública de Empleo anterior, de abril de 2021, también suponían una «irregularidad manifiesta», por lo que fueron anuladas por los juzgados de lo social y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, TSJC. Cantur se ha defendido con un recurso ante el Tribunal Supremo, pero en Comisiones confían en que este recurso no se admitirá y que la sentencia a favor del sindicato sea firme en breve.

«La situación en este caso es, si cabe, más rocambolesca. Hay personal que aprobó y que está con su plaza. Pero también están los que suspendieron y demandaron porque las bases estaban anuladas y estas personas también están trabajando, porque los tuvieron que readmitir por despido nulo. Es una vergüenza para las arcas públicas porque la justicia determinó que debían pagarse indemnizaciones de 25.000 y 24.000 euros». De esta manera, siempre según el coordinador de la citada federación sindical, «donde antes había dos personas ahora hay cuatro».

«Cantur sigue acumulando irregularidades», ha remarcado Renedo, que ha relatado otra sentencia que condena a la empresa pública por vulneración de derechos fundamentales, así como las constantes denuncias ante la Inspección de Trabajo por fraude de ley en la contratación del personal laboral. La situación es tal que una de las inspectoras tuvo que levantar acta de infracción nada más llegar a la sociedad porque esta se negó a facilitarle la documentación que necesitaba para comprobar la situación laboral.

«Tenemos documentos que acreditan que se están manipulando las bolsas: se llama a gente que no está en ellas y se ignora a otros que sí están, como es el caso de Alto Campoo. Al menos 30 personas de la sección de hostelería no figuran en ninguna de las bolsas de contratación», ha sentenciado Renedo, que asegura que quienes trabajan «son afines» a la dirección de los establecimientos públicos. «Esta es la gestión de Recursos Humanos. No solo se vulnera todo principio de derecho laboral, sino que las arcas de Cantur también están sufriendo por las irregularidades con los contratos».