Un centenar de usuarios y 36 residencias recibirán ayuda económica para paliar los perjuicios del covid

Un total de 36 residencias de personas dependientes de Cantabria y un centenar de usuarios de las mismas ven oficializado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) su derecho a cobrar la subvención de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales para paliar el impacto económico causado por el covid-19, que se ha cebado principalmente con los mayores que viven en este tipo de centro. El departamento que dirige Ana Belén Álvarez repartirá casi 650.000 euros en total, con cantidades distintas según la repercusión que la pandemia ha tenido en sus cuentas (en el caso de las residencias) y en las economías familiares.

Las ayudas serán sufragadas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que abrió en julio una convocatoria para optar a estas ayudas que ya está resuelta. Se trata de paliar los perjuicios económicos que los centros sufrieron durante el estado de alarma, un momento en que no se efectuaron nuevas altas de usuarios, salvo aquellas motivados por necesidades sociales de fuerza mayor, por lo que se produjo un descenso generalizado de los ingresos en los centros cuando, sin embargo, se mantuvieron sus plantillas de trabajadores.

La consejera ha recordado que los beneficiarios de la subvención tienen la obligación de destinar este dinero al mantenimiento de su oferta de plazas y servicios, así como al fomento de la calidad de los cuidados. Esto significa que las entidades receptoras de las ayudas deberán disponer de las mismas o análogas instalaciones y servicios que venían prestando antes de la declaración del estado de alarma. También se les ha demandado que mantengan el empleo para que el servicio se preste en idénticas condiciones y se cumplan los ratios de personal exigible.

Los 36 centros residenciales que van a recibir la ayuda se vieron afectados por la imposibilidad de recibir nuevos ingresos, tanto de plazas concertadas como privadas, mientras que para los usuarios se ha instituído una subvención equivalente a los pagos que han tenido que realizar en los centros pese a no haber disfrutado de su atención. Es el caso de aquellas personas que retornaron a sus domicilios por seguridad, tal como les pidió la Administración, y han tenido que realizar pagos en concepto de reserva de plaza, por ejemplo.