«Nos centramos en convivir con esta crisis sanitaria sin olvidar nuestras prioridades»

-¿Qué le parece que hayan tenido que ser los jueces, tras un recurso previo, los que determinen si son legales o no las últimas restricciones adoptadas por el Gobierno regional frente a la pandemia?

-Está dentro de la normalidad de la aplicación de la ley. En algunas ocasiones las resoluciones del Gobierno regional tienen recurso ante la Sala de lo Contencioso y, cuando hay una parte que cree que una restricción de sus derechos no está justificada, acude a dicha Sala, que le da una respuesta en Derecho.

-¿No sería más práctico que dichas medidas contaran previamente con el respaldo de los tribunales?

-Sí, esta es la modalidad de que, en lugar de que se ratifique la medida, se dé una autorización previa. Quizá esto en algunas ocasiones sea factible, pero en otras es más complicado porque, a lo mejor, se tiene la necesidad de implementar la medida de inmediato y si se espera a la previa autorización puede perder eficacia.

-En el caso de las restricciones a los hosteleros, la Sala de lo Contencioso reconoció en su auto que en otros puntos de España se han adoptado resoluciones en sentido contrario. ¿No cree que esa falta de unificación de criterio perjudica a la imagen de los jueces?

-En general, no solo en este caso, sino en todos los que aparentemente hay resoluciones contradictorias, se genera una imagen de incertidumbre. Lo que sucede es que cuando pasa esto es porque la situación jurídica es compleja. Recordamos que el pasado mes de marzo en los debates parlamentarios se insistía mucho en que sólo con el estado de alarma se podían limitar determinados derechos y, posteriormente, hemos visto resoluciones administrativas que limitan ciertos derechos sin estado de alarma. Eso ha provocado un segundo estado de alarma.

-Además de estos asuntos, ¿cómo está afectando el covid a los juzgados de Cantabria? ¿Han aumentado los pleitos en algún juzgado concreto o hay previsión de que alguno pueda verse afectado?

-Nos ha afectado negativamente como a toda la sociedad, porque estuvimos casi dos meses con una total paralización por el estado de alarma. Y eso ha hecho que tengamos que ir recuperando poco a poco ese tiempo perdido. Pero la segunda consecuencia previsible, que era un incremento de litigiosidad por la crisis sanitaria y la económica, todavía no la hemos apreciado. Aun así estamos preparados por si llegase ese exceso de asuntos.

-En el día a día, ¿como están funcionando? ¿Hay magistrados teletrabajando o la mayoría está físicamente en sus puestos?

-El Consejo General del Poder Judicial, en la normativa que nos dictó en el inicio de esta pandemia, ya recomendó, y últimamente lo ha hecho de forma más intensa, que se fomentara el teletrabajo todo lo que se pudiera. En el caso de los órganos colegiados, algunos jueces prefieren deliberar en persona, en espacios amplios, porque es una comunicación más fluida, y otros lo hacen por vídeoconferencia. Mayoritariamente los magistrados están teletramitando y en el caso de las vistas, donde hay práctica de prueba, la mayoría son presenciales.

-Hace apenas unas semanas ha sido reelegido presidente del TSJC. ¿Cuál es su principal preocupación en estos momentos?

-Nos estamos centrando en convivir con esta crisis sanitaria, pero ello no nos hace olvidar las prioridades de la Sala de Gobierno y en eso estamos trabajando coordinados con el Gobierno de Cantabria, que ya ha anunciado que tiene un aumento en la dotación presupuestaria de 2021 en el apartado de Justicia, con la que intentaremos acometer las necesidades pendientes.

-Algunas de esas necesidades son la creación de un juzgado civil más para Santander, otro mixto en San Vicente de la Barquera y dos magistrados o magistradas para la Audiencia Provincial. ¿Se van a atender estas peticiones?

-La experiencia que tengo de los últimos años es que el Ministerio de Justicia viene progresivamente atendiendo las necesidades de Cantabria, que lo haga con carácter inmediato no lo sabemos. Pero creo que a medio plazo sí se atenderá.

-También ha solicitado la puesta en marcha de una Oficina de Atención a las Víctimas y de una red de asistencia para todos los partidos judiciales de Cantabria. ¿Ha tenido alguna respuesta?

-En eso estamos trabajando y el Gobierno de Cantabria es el encargado de atender esta demanda. Sé que esto requiere su tiempo, hay que definir bien dónde se ubica y con qué medios. Y en lo que estamos trabajando a corto plazo es en la instalación de salas Gesell para que las víctimas declaren en un entorno más amigable y más seguro. También se está trabajando en esa red de personas que esté en cada partido judicial especialmente formadas para atender a esas víctimas.

-Su reelección como presidente se ha producido en medio de una polémica por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Sigue pensando que el sistema de elección de este organo está agotado y ha de modificarse?

-Desechar un sistema que está agotado es fácil, pero lo que no es tan sencillo es sustituirlo por otro que sea eficaz. Ahí es donde está la mayor discrepancia. Hay distintos sistemas y ahí es donde tendríamos que llegar a un acuerdo, dentro de que el sistema siempre sería de elección de los vocales judiciales por los propios jueces.

-¿Qué le parece la propuesta de ley de PSOE y Podemos? ¿Y la postura del PP?

-De todas las opiniones emitidas me parece especialmente acertada la de Manuela Carmena, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y decana de los Juzgados de Madrid, que dijo que de lo que se trataba no era de reducir las mayorías sino de reforzarlas, pero no que se repartan las mayorías, sino que todos reúnan un consenso muy amplio, porque eso será lo que garantice a la sociedad una imagen de que esas personas son realmente válidas, en mérito y capacidad, que lo son, pero luego lo que se traslada a la opinión pública es otra cosa.

-La primera vez que se presentó al cargo de presidente del TSJC tuvo enfrente a otros dos candidatos y obtuvo el puesto por un voto de diferencia respecto a uno de ellos. En esta ocasión ha obtenido el respaldo mayoritario de los vocales. ¿Por qué cree que el magistrado Acayro se ha presentado al cargo?

-En ninguna de las cinco elecciones a diferentes cargos que me he presentado he considerado que tuviera enfrente candidatos.

-Siendo magistrado de la Audiencia Provincial desautorizó varias decisiones de Acayro como el encarcelamiento de Muguruza y anuló los juicios de Trapur y Mioño por «errores» en la instrucción. Además, fue el ponente de la sentencia que condenó a Acayro a un año y tres meses de prisión por revelación de secretos, aunque después el Supremo anuló esta condena. ¿No cree que todo esto ha podido llevar a Acayro a intentar arrebatarle el puesto?

-No puedo hacer la valoración de por qué se presenta una persona u otra. Eso se lo tendría que responder él.

-En su intervención ante el Consejo General calificó de «sentencia magnífica» la emitida por la Audiencia Provincial en el caso La Loma de Castro. ¿No es un poco contradictoria esta valoración, teniendo en cuenta que usted respaldó en 2015 la instrucción de Acayro al rechazar los recursos de apelación de los 45 imputados en la causa?

-Sigo pensando lo mismo. Creo que el tema está mal enfocado. Hay unas sentencias que los órganos superiores te confirman y otras te revocan. Yo nunca me he sentido autorizado o desautorizado si me confirman o revocan, lo mismo que yo no autorizo ni desautorizo con un fallo.