El centro de atención a mujeres inaugurado en abril ha tardado seis meses en arrancar

Con esas premisas, el Gobierno de Cantabria comenzó los trabajos para su puesta en marcha la pasada legislatura. Porque se creía en las bondades del proyecto y también para cumplir así con las exigencias del Ministerio de Igualdad, que puso sobre la mesa de los ejecutivos regionales el dinero necesario para crear al menos un centro de este tipo en cada comunidad autónoma. La Dirección General de Igualdad, que durante la etapa del bipartito estaba dentro de la Vicepresidencia que dirigía Pablo Zuloaga, anunció su apertura en abril, poco antes de las elecciones. La realidad es que el centro ha tardado medio año más en empezar a funcionar. Por lo menos a pleno rendimiento como centro de atención 24 horas, que es la gran novedad que ofrece este recurso.

De hecho, fue el propio bipartito el que puso la venda antes que la herida cuando anunció su inauguración. El Ejecutivo explicó que, en una primera fase, prestaría servicio de 08.30 a 15.00 horas de manera presencial y de forma telefónica durante las tardes y las noches, para empezar a funcionar a pleno rendimiento «a partir del 9 de julio». Pero las previsiones no se cumplieron porque el contrato diseñado por el departamento de Igualdad presentaba «diversos problemas administrativos». En la práctica, Cantabria no contó con un centro de atención 24 horas a mujeres víctimas de violencia ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre... Las Marzas funcionaba como un Centro de Información y Atención Integral (CIAI) más -existen en Santander, Torrelavega y Laredo-, no como el recurso específico que se diseñó dentro del Pacto de Estado.

Por los pelos, pero finalmente Cantabria sí cumplirá con la ley del 'solo sí es sí', que obligaba a las comunidades autónomas a tener activo antes de 2024 al menos un centro de atención 24 horas. Por los pelos, porque desde noviembre el centro sí que está abierto en todo momento y cumple su cometido al 100%. Es más, casi todos los territorios salvo Madrid y Asturias van por detrás, motivo por el cual el Estado ha ampliado los plazos.

La Consejería de Inclusión Social que dirige Begoña Gómez del Río reformuló el pliego del contrato y lo formalizó el pasado 23 de octubre. La empresa Diagrama se ha hecho cargo de la gestión y de la plantilla formada por 16 profesionales (seis integradores sociales formados en violencia de género y sexual que se turnan para dar ese servicio 24 horas, cuatro psicólogos, dos trabajadores sociales, dos abogados, un orientador social y un administrativo).

Preguntada por este asunto, la nueva directora general de Igualdad, Tamara González, prefiere no mirar al pasado y centrarse en destacar que, por fin, Las Marzas ya es una realidad. Aunque tiene un espacio para que una mujer pueda pernoctar en casos de emergencia, su objetivo es otro, el de prestar un servicio integral de información, asesoramiento y acompañamiento a quien lo necesite. Es decir, el centro ha incorporado esos equipos multidisciplinares. Y durante las noches y los fines de semana sigue abierto con un equipo especializado para dar una primera respuesta de emergencia y derivar a la víctima al recurso que necesite, bien sea un centro de acogida o acompañarla al hospital o a la comisaría.

A la vez, se llevarán a cabo distintas acciones de formación con todos los colectivos profesionales que atienden a víctimas de violencia machista (sanitarios, fuerzas de seguridad y servicios sociales) y servirá para mejorar la coordinación entre ellos.

El Ejecutivo comenzó en 2022 la búsqueda de inmuebles con la premisa de que el centro se situara en una zona accesible y cercana a Valdecilla y a las sedes judiciales. Al proceso se presentaron tres propietarios y finalmente fue seleccionado el de la calle Las Marzas. La inversión para su compra ascendió a 850.000 euros, sufragados con fondos europeos.

Como dijo Zuloaga en abril, desde la Consejería también apuntan ahora que la idea es convertir este centro en un respaldo para las mujeres que quieran «romper el silencio, sabiendo que las instituciones públicas reaccionan y que tienen una línea de acompañamiento» a las víctimas.