El centro de menores protegidos se trasladará a dos viviendas ante la caída de la ocupación

Es un centro de estancia intermedia -como máximo 45 días- y atención inmediata y estancia intermedia por el que pasaron catorce menores en el segundo trimestre de 2020, ocho en el tercero, tres en el cuarto... La ocupación media anual es una decena. Mucho menor de la que existía antes de que hace ya más de una década el Ejecutivo autonómico apostara por el modelo de acogimiento familiar como principal opción asistencial para este tipo de perfiles. Por eso los medios humanos y las instalaciones de la propia residencia están infrautilizados, ante lo cual la Consejería de Empleo y Políticas Sociales se ha propuesto adaptar el servicio a las necesidades actuales. La consecuencia directa será el traslado de los usuarios desde el actual edificio en el centro de Santander hasta dos viviendas de titularidad pública en Cueto.

«Ni la estructura ni el funcionamiento del centro cumplen los requisitos mínimos para proporcionar la atención que los niños y los jóvenes requieren», apuntaba un informe redactado hace una década, cuando comenzaron a estudiarse las distintas opciones. Así, servirá para redimensionar los espacios a las necesidades actuales del centro (conocido como CAIF) y a la vez disponer de un espacio físico que se parezca «lo máximo posible al ambiente familiar», el objetivo de todos los programas que el Icass desarrolla con menores.

No habrá baños compartidos a la vieja usanza, sino como los de cualquier hogar. Una cocina y no un gran comedor, un salón y no zonas comunes... «Que resulte cálido y acogedor, que permita un trabajo de cercanía de los profesionales con los menores y que permita las máximas rutinas de su vida diaria, escolarización..., frente a la frialdad del actual entorno institucional más frío y distante», apunta el informe del Icass que defiende la propuesta y que acaba de ser presentado a los representantes sindicales.

En estos momentos, el CAIF cuenta con 65 trabajadores entre integradores sociales, personal sociosanitario, cocineros, limpieza... Una plantilla necesaria en los momentos de más demanda de plazas, pero que ahora -puntualmente ha habido solo un menor- es seis veces mayor que la media de usuarios que acogió a lo largo del último año. En las nuevas dependencias se requerirán alrededor de una veintena, y el resto serán reubicados en otras áreas del Icass sin que suponga destrucción de empleo. El proceso de traslado se pondrá en marcha, como pronto, a partir del mes de mayo. Hasta ese momento, las dos viviendas de Cueto se encuentran cedidas a sendos colectivos sociales.

Y el actual edificio de General Dávila, también propiedad de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, seguirá en manos del Gobierno de Cantabria. A la vez que se pone en marcha esta adaptación del modelo de protección de menores, el departamento que dirige la socialista Ana Belén Álvarez ya está estudiando otros usos para el inmueble. La alternativa elegida se determinará en los próximos meses.