La CEOE reprocha a los partidos su falta de trabajo en la Ley de Simplificación

En lo único en lo que estuvieron todos los grupos de acuerdo fue en la necesidad de que Cantabria reduzca la carga burocrática de su Administración a la que se enfrentan a diario los ciudadanos y las empresas. A partir de ahí, todo fueron discrepancias. Abrió la jornada el representante de los empresarios, que de manera breve pidió la aprobación de la ley «cuanto antes», a lo que sus homólogos Dasgoas y Carrasco apostillaron: «Aunque no sea perfecta, porque luego se puede perfeccionar». Fueron intervenciones muy breves, que no completaron los diez minutos de tiempo máximo del que disponían cada uno.

De los tres, Conde fue el que abrió la caja de Pandora. «Les diría que no están siendo efectivos. Les diría que no están haciendo su trabajo, con todas mis disculpas porque seguro que le han dedicado tiempo, pero les diría –recalcó por segunda vez– que no están haciendo su trabajo», afirmó con insistencia en tono bajo, pausado, pero contundente. «Nos sentimos como dentro de una 'performance' (una actuación)». Luego, les hizo un ofrecimiento cargado de ironía. «Deberían, a lo mejor, meterse en una habitación, encerrarse, y no salir de ella hasta que no tuviesen una posición común que, además, creo que es bastante factible. A lo mejor puede haber tres puntos de cien en los que no estén de acuerdo». Y añadió: «Yo, si quieren, les organizo una reunión, les facilito gratuitamente una sala y me pongo en la puerta y no les dejo salir hasta que acuerden una ley clara». Sabedor de que sus palabras no iban a gustar, pidió comprensión: «No se enfaden, que no somos nosotros los que estamos haciendo la norma».

La Ley de Simplificación Administrativa, una de las medidas estrellas del programa electoral del PP, no concita acuerdos entre los partidos con representación parlamentaria. Ni siquiera para reunir a los expertos que deben comparecer para debatir. Sin embargo, en lo que sí coincidieron tanto el PSOE como el PRC es en el reproche de que ni Conde ni Dasgoas hablaron de la ley en sí más allá de que era necesaria que fuese aprobada a la mayor brevedad posible –Carrasco fue algo más concreto, pero tampoco demasiado–.

«Todos estamos de acuerdo en que hace falta una mejora en la simplificación administrativa, pero eso debe hacerse bien señor Conde», recordó Hernando a Conde. «Cuando terminen sus intervenciones (las de los 15 citados), ahí vendrá nuestro trabajo de encerrarnos y llegar al consenso», continuó. «No se vayan decepcionados, váyanse tranquilos», apostilló. «Esta es una ley participada, que no consensuada. Me gustaría saber dónde están en el texto las alegaciones que han presentado tanto la CEOE como las cámaras de Comercio», le recordó.

Mario Iglesias, por su parte, lamentó el 'disgusto' de los expertos. «Se están llevando una mala impresión, pero nosotros en el Parlamento hablamos de aquello en lo que no estamos de acuerdo. El diagnóstico de la situación lo tenemos claro», subrayó.

Para poder sacar adelante la ley, el Partido Popularnecesita contar con apoyos para no quedarse solo. Deberá esforzarse incluso para convencer a Vox, que este miércoles volvió a ser muy crítico. Leticia Díaz fue especialmente dura con esta iniciativa del PP , ya que considera que gran parte de la simplificación administrativa puede hacerse «a través de decretos» que modifiquen órdenes reglamentarias en las Consejerías. «El 90% de la ley es aplicable sólo a largo plazo y exige estructuras e inversiones previas. No simplificamos, anunciamos que vamos a simplificar», se quejó. «Incluso las comparecencias de estos días sobraban. Ya nos lo han dicho durante la tramitación del proyecto. Ni siquiera se han molestado en repetirlo porque entienden que sabemos leer», aseveró, en esta ocasión, en alusión a los representantes de la patronal y las Cámaras de Comercio. Lo que más preocupa a la representante de Vox es que «lo que más repite esta norma es 'promoverá', 'facilitará', 'permitirá'... todo muy potestativo. Es un brindis al sol», afirmó.

El representante del PP se quedó sólo en la defensa de la futura norma. «Es un buen proyecto de ley. Es una ley del siglo XXI, una ley necesaria y un clamor tanto de la sociedad como del sector empresarial», arguyó Miguel Ángel Vargas.