Cerca de 3.500 migrantes legalizarán su situación en Cantabria con la nueva norma

Desde la etapa de Felipe González, todos los gobiernos de España menos el de Mariano Rajoy han llevado a cabo procesos de regularización masiva para conceder permisos de residencia y trabajo a personas migrantes que, de facto, ya vivían y trabajaban en el país, aunque al margen del sistema. González concedió 150.000 autorizaciones de este tipo, José María Aznar cerca de 520.000 y José Luis Rodríguez Zapatero, otras 570.000. El objetivo común de todos ellos era equiparar la situación de estos migrantes a la del resto de trabajadores –que tuvieran los mismos derechos y obligaciones– y, de paso, acabar con una economía sumergida que no contribuía al sostenimiento del sistema. Porque al no tener contratos, tampoco pagaban impuestos ni cotizaciones sociales. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hará algo similar para regularizar a cerca de 300.000 personas al año.

Al contrario que sus antecesores, no lo hará con esa especie de amnistía para 'dar papeles' de golpe y sin apenas burocracia a estas personas con un procedimiento extraordinario, sino con una fórmula distinta: modificando el Reglamento de Extranjería para flexibilizar las condiciones para que puedan solicitar el arraigo en España. Es decir, que deberán seguir los mismos trámites que ya existen en la actualidad, pero tendrán más facilidades para lograr un 'sí' de la administración. Esta medida beneficiará en Cantabria a cerca de 3.500 migrantes a lo largo de los tres próximos años.

No se puede dar una cifra exacta, pero sí esa estimación atendiendo a los datos que aporta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el que ha impulsado esta modificación legal. Según el departamento que dirige la socialista Elma Saiz, en toda España se beneficiarán de la medida unas 900.000 a lo largo de tres años. Aunque Cantabria suponga cerca del 1% del censo nacional, el porcentaje de población inmigrante en la comunidad autónoma es muy inferior a la media. Los números no tienen nada que ver con los de territorios como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias o Cataluña.

En la última regularización 'masiva', la que realizó Rodríguez Zapatero en 2005, la región aportó solo el 0,34% de los beneficiados del total. El reparto ahora, casi dos décadas después, no es muy distinto. Así que, en caso de que se repita esa misma relación –por eso es solo una estimación–, la cifra de beneficiados sería esa de 3.500 migrantes en tres años, algo más de 1.100 cada ejercicio a partir de verano de 2025, cuando está previsto que entre en vigor el nuevo reglamento.

«España es el único país de la Unión Europea que dispone de una figura específica para regularizar personas día a día», señalaba la ministra la pasada semana, cuando dio a conocer los cinco tipos de arraigo (formativo, social, sociolaboral, familiar y de segunda oportunidad) que se ponen en marcha con los cambios legales y que abren esta nueva puerta a las personas en situación irregular en Cantabria. Todos se flexibilizan, pero el más común es el arraigo social.

El acceso a este arraigo social será ahora más sencillo porque habrá menos requisitos para obtenerlo. Entre otras cosas, se reduce el plazo de tres a dos años de permanencia irregular demostrable en el país como condición para solicitarlo. En el caso del arraigo sociolaboral, para reclamarlo los interesados deben presentar una oferta de contrato de trabajo, aunque se reduce el mínimo de horas de este, que pasa de 30 a 20 horas semanales. Y en el del arraigo formativo, pensado para extranjeros no comunitarios que estén con permiso de estudio en España, tendrán ahora la posibilidad de acceder a un permiso para trabajar hasta 30 horas semanales.

La Consejería de Inclusión Social califica de «contraproducente» la flexibilización generalizada de requisitos y reclama un expediente individualizado para el acceso a la residencia y el trabajo extranjero. Acusa al Estado de dar este paso de manera «unilateral y sin contar con las comunidades autónomas».

En opinión del Gobierno cántabro, este cambio seguirá alimentando a las mafias, al tráfico irregular de personas para acceder a España y supondrá una menor protección de las personas. A nivel nacional, el PP sí dio su visto bueno a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía llevar a cabo una ‘regularización masiva’. Una iniciativa que queda ahora algo desnaturalizada con el nuevo Reglamento de Extranjería –muchos beneficiarios serían los mismos–, pero que sigue adelante.

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