Cerca de la mitad de los ascensores de la región deberá actualizarse por la nueva ley

Los cambios motivados por la nueva norma se centran en dos cuestiones. Un aumento de las medidas de seguridad (lo que más impactará en los usuarios por eliminar riesgos y porque les supondrá, llegado el caso, un desembolso) y de las exigencias a los ascensoristas (planes de mantenimiento y manuales específicos, mayor precisión en los datos de los partes de trabajo o inspecciones obligatorias ante cambios de empresa mantenedora). «En el primer caso, se trata de disminuir la brecha entre los equipos más modernos y los que llevan más tiempo instalados», explica Miguel Pérez, director de posventa de Imem, una de las empresas líderes del sector. Pérez explica que las mejoras que implican las nuevas normas vienen determinadas «por el ranking europeo de accidentalidad».

A juicio del experto, dos son las cuestiones que más impacto tendrán en Cantabria. Una es la de los ascensores con puerta automática (no en los de puerta manual) que tienen una única fotocélula. La otra tiene que ver con el control de carga en cabina. «Un dispositivo que se instala en la maniobra del ascensor y que detecta si va más cargado de lo que debe ir. En ese caso, avisa y no funciona». Pérez considera que estas actualizaciones serán las más frecuentes en la región.

¿Y por cuánto pueden salir? Con todas las reservas –las medidas concretas para ponerse al día en ambas cuestiones las fijará cada ascensorista y, además, las obras dependen del modelo concreto– el precio de poner todo en orden en estas cuestiones rondaría los 2.000 euros.

Hay más cosas, aunque se entiende que no impactarán tanto en las comunidades de vecinos de Cantabria. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones (del teléfono) en la cabina. Aquí fue obligatorio instalarlo a raíz de la normativa de 2005. Ya está hecho, cosa que no ocurrió en otras muchas provincias. Un gasto menos (en general, la batería de modificaciones del decreto anterior se han ejecutado). Sí que impactará –aunque no tanto como las dos primeras medidas– lo vinculado a «evitar accidentes por precisión de parada». El popular «escalón» que queda en ocasiones respecto a la altura a la que debería detenerse. «Solo se actuará en los ascensores de una velocidad (salvo que se produzca un accidente, que entonces obliga a actuar sea o no de ese tipo), que son los más antiguos. De treinta o más años. En ese caso hay que instalar un variador de frecuencias, que sí que es más caro», aclara Pérez.

¿Hay muchos ascensores de más de treinta años? Otra vez –hay que advertirlo– son estimaciones. Pero si se traslada la proporción nacional a la situación de la comunidad, en la empresa calculan que de los 14.000 ascensores que hay en la región «funcionando y con contrato de conservación», unos 5.600 estarían en esas edades. «Cada año –añaden desde Imem–, en los últimos cuatro o cinco, se han puesto en servicio en Cantabria entre 150 y 200 ascensores».

Quedan, haciendo un resumen, las modificaciones que tienen que ver con «riesgos ante movimientos incontrolados de la cabina». Cuando la cabina se mueve de manera inesperada si está parada con las puertas abiertas o subiendo. Pero, en este caso, la modificación tiene truco. El arreglo de este asunto se consigue con el cambio «simultáneo del grupo tractor y la maniobra del ascensor». Así que, cuando toque cambiar estos mecanismos por edad del equipo o porque toque, lo que se instale nuevo ya incluirá lo necesario para evitar este problema (no hay que hacerlo obligatoriamente antes).

«El número de ascensores que se verá afectado no es pequeño, pero la inversión necesaria aquí será menor que en otra comunidades y mucho menor que la que tuvo que hacerse a partir de 2005», resume Pérez. Con tiempo. Salvo en el caso de accidente, y teniendo en cuenta los calendarios de inspecciones, ellos estiman esos «seis o siete años» para adaptar los equipos a la «exigibilidad según normativa».

En la misma linea valora Alberto Ruiz Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas. Sin ir más lejos, el viernes participaron en unas jornadas de formación sobre la nueva norma organizada por Imem. «A medida que se hagan las inspecciones cuando toquen tendremos los presupuestos. Ya estamos informados de las novedades y las cuestiones más inmediatas», apunta Ruiz Capillas, que sí que insiste en que su tarea «se profesionaliza aún más». «Y nosotros, los profesionales, sabemos qué hacer porque nos hemos formado».

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