Las víctimas cántabras con vigilancia policial superan el medio millar, un máximo histórico

Podría estar tomando un café a su lado. O comparando precios en el supermercado sin percatarse. También podría acudir a un concierto o representación teatral y jamás sabría que en algún lugar de ese local hay otros dos ojos vigilando. O un teléfono en alerta permanente. Las víctimas supervivientes de violencia machista en Cantabria con vigilancia policial ascienden a 580 este año, una cifra histórica desde que se tienen registros y en consonancia con los números que se manejan en el resto del país. Este más de medio millar de mujeres representa el 60% de las víctimas integradas en el Sistema Viogén, el programa de vigilancia dependiente del Ministerio del Interior, y que en Cantabria tiene registrados casi un millar de nombres.

A las cifras máximas en sistema de protección, se suma también un aumento del 24% en el número de denuncias por violencia de género registradas en la región. El Ministerio de Igualdad registra, por el momento, las denuncias interpuestas en el primer y segundo trimestre. Este 2022 han superado por primera vez el millar.

Estos datos se ven como «un punto positivo» desde las asociaciones de mujeres. Belén Pedraja, coordinadora de la Asociación Consuelo Berges, reconoce el «optimismo» al ver los números, porque «no hay más violencia, sino más concienciación y sensibilización». Además, desde la experiencia de la entidad, afirma que «las mujeres denuncian más, lo sacan más a la luz, y la legislación vigente está ayudando a que una vez que se interpone la denuncia se pongan en marcha las medidas de forma más efectiva». «Lo que vemos en el día a día nos lleva a tener esta visión positiva», resume Pedraja.

Sin embargo, al tiempo que alaba el protocolo de protección, advierte de que lo difícil es «activar el propio sistema» a través de la detección del nivel de riesgo que tiene la víctima superviviente. «Se evalúa de mejor manera el riesgo determinado, pero quizá este no es el único sistema que debería existir para medir el riesgo de las mujeres», ya que aún siguen observando «muchas mujeres que sufren violencias y no se sienten seguras a la hora de denunciar».

El protocolo nuevo, establecido en 2019, instauró un nuevo sistema de valoración de las víctimas supervivientes. Entre ellos, en lo más alto, los casos de especial relevancia, donde se registran 353 casos, a cierre de octubre de este año, 45 de ellos de riesgo extremo. También contabiliza y valora aquellas situaciones con niños en vulnerabilidad y en situación de riesgo. Según la última estadística del Ministerio del Interior, hay 100 menores en vulnerabilidad y 39 en riesgo en la región, 6 en medio, 25 con riesgo alto y otros 8 en extremo.

El paso previo a la interposición de una denuncia, e incluso ante la duda de estar sufriendo algún tipo de violencia machista, es el servicio 016, un teléfono gratuito que no deja rastro en las facturas, aunque sí en los registros de llamadas. Este servicio también lleva acumuladas, en lo que va de año, cifras nunca vistas. Todo, en línea con la tendencia en la región, que camina hacia esa «mayor concienciación general» que observan desde la asociación Consuelo Berges. En los diez primeros meses del año se acercan al millar, con 971, y ya son un 10% más de las que se realizaron en 2021. Cerca del 71% de las llamadas al servicio son realizadas por la propia usuaria, y otro 23% más por familiares y personas allegadas. En el resto de casos, se realiza por otras personas o no consta quién realiza la consulta telefónica. Además, desde marzo de este año, el servicio está disponible en Whatsapp a través del teléfono 600 000 016.

Desde el primer minuto que la víctima decide denunciar los hechos en la Policía se pone en marcha un protocolo clasificado según el nivel de riesgo que sufre la mujer. Cada uno de estos niveles lleva aparejadas medidas de intensidad distintas, desde consejos de autoprotección hasta la presencia de agentes en el domicilio. Esos niveles se reevalúan constantemente por si cambian, antes de las 72 horas cuando sea un caso extremo y antes de los 60 días si se considera que no hay riesgo apreciado. Por eso es tan necesario que la Policía cuente con los medios necesarios para poder cubrir todos los escenarios. En Cantabria, este departamento está formado por doce agentes más un inspector al mando, todos ellos formados en la especialidad de la violencia de género.

En las situaciones más peligrosas –niveles altos y extremos– las medidas son radicales para asegurar la protección de la mujer, con vigilancia policial en el domicilio, en el lugar de trabajo y en la entrada y salida de los hijos de los centros escolares. Al mismo tiempo, se activa un control de los movimientos del agresor para evitar que se acerque a la víctima. Entrar en este protocolo supone un trastorno en la vida de la agredida, no solo por la amenaza física, sino por los cambios en su rutina. La Policía le aconseja marcharse de su casa durante un periodo de tiempo, a casa de un familiar o a un centro de acogida; no ir sola a desayunar o comer fuera; pedir un cambio del centro de trabajo o de horario; y tener preparada una bolsa de emergencia por si es necesario marcharse precipitadamente. Esta situación se agrava cuando hay menores por medio, a los que hay que involucrar en esas medidas de protección.

Pedraja evalúa que «cuando no se habla de violencia física es más complicado que se activen los sistemas de protección», y este es un punto esencial, ya que en los procesos de violencia machista «no se pasa directamente a una violencia física continuada», sino que en muchas ocasiones los primeros pasos se dan con violencia económica o vicaria «y de ahí se pasa a situaciones mucho más graves, pero de entrada no se considera un entorno peligroso y no se evalúan correctamente» en el protocolo de valoración.

Aún así, los escenarios considerados como de riesgo bajo o medio también llevan aparejadas medidas especiales, incluso, la vigilancia ocasional y aleatoria de agentes en los lugares donde se encuentra la mujer, acompañándola cuando tenga que hacer trámites judiciales, asistenciales o administrativos. Para evitar situaciones de peligro, la Policía recomienda cambiar las cerraduras de casa, dejar las llaves puestas por dentro e instalar alarmas, además de cambiar los números de teléfono e instalar aplicaciones de grabación de llamadas.

Pero no solo hay medidas enfocadas a ella, también al agresor. En ese caso, si tiene licencia de armas se le pide que las entregue voluntariamente, y si se niega, se tramita una orden judicial.

Cuando un agresor ingresa en prisión y goza de permisos penitenciarios o incluso de libertad vigilada, puede portar una pulsera telemática para controlar los perímetros establecidos por las órdenes de alejamiento. Se trata de un dispositivo de ida y vuelta, y que alerta a la víctima superviviente a través de un teléfono conectado 24 horas cuando su agresor se encuentra cerca o ha superado el perímetro de la orden de alejamiento. Por una parte, obliga al agresor a portar una pulsera en permanente conexión y que advierte no solo de si se traspasa el perímetro, sino que también alerta si este ha intentado quitársela o dañarla. No solo se trata de una medida que advierte a la agredida de que puede encontrarse en una situación de peligro, sino que documenta las ocasiones en que se quebrantan las órdenes de alejamiento y pueden ser utilizadas en sede judicial en posibles procesos legales.

En Cantabria son 24 los dispositivos activos en la actualidad, una cifra máxima junto con la del año 2011. Desde 2009, momento en que comenzaron a ponerse en marcha estos sistemas de vigilancia, han sido 229 los aparatos instalados en la región.

En relación a la interposición de las denuncias, Pedraja advierte de que es muy importante «no quedarse en un hecho concreto, una pelea o unos gritos puntuales», sino señalar que se trata de «un hecho continuado» para que los sistemas de protección puedan evaluar con criterio el riesgo que tiene la víctima superviviente. Y habla del papel que juegan organizaciones como la suya o el propio entorno a la hora de «ayudar a la mujer a que pueda contar lo que lleva sucediendo tiempo, porque llegar a ese punto es síntoma de maltrato continuado, y así es más probable que los sistemas de protección observen mayor riesgo de la víctima».

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