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A mitad de 2022, en plena crisis inflacionaria como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno central puso en marcha un paquete de ayudas sociales que incluía, entre otras cosas, la gratuidad de los viajes en las líneas de Cercanías ferroviarias y descuentos ... en trenes de media y larga distancia. Con los precios ya controlados –eso parece, a tenor de los últimos datos del IPC–, la idea del Ejecutivo es ir rebajando paulatinamente las ayudas. Lo ha hecho ya con la recuperación del IVA en algunos alimentos básicos en los que se había suprimido y, ahora, el Ministerio de Transportes empieza a deslizar la idea de que también se pondrá fin a los abonos gratuitos para los usuarios de las Cercanías. La decisión no está tomada, pero si finalmente se consuma, no afectará a Cantabria.
21 trenes
llegarán a Cantabria a partir de 2027 para renovar por completo la flota regional.
Ese fue el compromiso de Transportes en febrero de 2023. Lo firmó la entonces ministra Raquel Sánchez con los presidentes autonómicos de Cantabria y Asturias, los dos territorios que sufrieron las consecuencias del escándalo ferroviario de los trenes que no cabían por los túneles y que supuso el retraso de tres años en la llegada de las nuevas máquinas para modernizar la obsoleta flota del norte de España. Entre las contraprestaciones que incluía el documento para resarcir a los usuarios asturianos y cántabros por aquella metedura de pata aparecía, entre otras cosas, que esa gratuidad se extendería en ambos territorios hasta que llegaran los nuevos trenes, con independencia de la supresión o no de estas bonificaciones a nivel nacional. Era el punto número siete de aquel 'Acuerdo de la Castellana' –se llamó así porque lo firmaron Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón con la ministra en la sede de Transportes, ubicado en el paseo de la Castellana– que sigue vigente.
«Este Gobierno siempre cumple sus acuerdos», explica a este periódico la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego. La socialista despeja así cualquier duda al respecto. Si no hay sorpresas negativas, la gratuidad continuará hasta principios de 2027, cuando comenzarán a llegar las 21 máquinas que corresponden a la región y que comenzaron a fabricarse en Guipúzcoa a principios de este año dentro de un contrato con un periodo de ejecución de 36 meses.
«Se extenderá la aportación económica actual para la gratuidad de las cercanías ferroviarias en Asturias y Cantabria hasta la entrega de las unidades de trenes pendientes en el contrato en curso», decía literalmente el convenio, que señala que, para ello, el Ministerio habilitaría, a través de los Presupuestos Generales del Estado, sendas partidas económicas de aportación a la financiación del sistema de transporte público de Asturias y Cantabria, para aplicar las correspondientes bonificaciones y mejoras en la prestación del servicio. Hasta ahora no se han habilitado esas partidas de las que habla el acuerdo, sino que se utilizó la fórmula de los abonos gratuitos que ha funcionado en toda España. Eso sí, a partir del 1 de enero de 2025, si se suprime esta gratuidad general de las Cercanías, quizás también podría cambiarse la fórmula para compensar a Asturias y Cantabria.
Y lo que parece seguro es que, en caso de que el Ministerio de Transportes ponga fin a las ayudas, lo que desaparecerán son las rebajas de las que se benefician también ahora quienes utilizan el autobús. Tanto los servicios municipales (en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, entre otros), como los de las líneas de titularidad regional. Porque el 'Acuerdo de la Castellana' sí dejaba claro que el trato de favor es únicamente en relación a las Cercanías ferroviarias, donde, de media, cada cuatrimestre –hay que renovarlos cada cuatro meses– se emiten en la región 40.000 abonos gratuitos.
¿Por qué se plantea ahora el ministro Óscar Puente acabar con la gratuidad general? Transportes explica que ha observado siempre esta medida como positiva desde el punto de vista fiscal en un momento en el que la inflación presionaba mucho la economía de las familias, pero que «no es la medida más adecuada desde la óptica estrictamente pensada en el transporte». El Ministerio cree que la apuesta económica se debe volcar sobre el transporte público, debe centrarse exclusivamente en la calidad, en el aumento de la oferta, las frecuencias y en el confort. Esa es la apuesta del Ministerio de Transportes. Eso sí, Puente abrió ayer la puerta a crear líneas de ayudas concretas a colectivos como el de los jóvenes o el de los viajeros frecuentes.
La gratuidad de las Cercanías no era la única compensación a Cantabria que aceptó el Gobierno central por el fiasco ferroviario. También se comprometió a desarrollar la integración tarifaria en las líneas de ancho métrico e ibérico –ya se ha hecho– y la creación de la figura de un comisionado para seguir los avances del Plan de Cercanías con el que mejorar la red y acabar con los frecuentes problemas en forma de retrasos y cancelaciones. Ese plan contempla inversiones por 1.341 millones e incluye un cronograma con las actuaciones de aquí a realizar hasta 2030. Transportes apunta que ya ha movilizado más de 933 millones del Plan de Cercanías de Cantabria, el 70% del total.
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