«Nos están cerrando el último de los caminos que tenemos para ser padres»

El pasado 27 de junio, el consulado de España en Kiev anunció un cambio de las reglas que se seguían hasta entonces para este tipo de reproducción asistida. Hasta ese momento, el funcionario podía estar presente en la realización al padre de la prueba de ADN para demostrar la filiación, pero ahora no debido a la nueva Ley de Protección de Datos. Sin ese proceso médico-legal no se puede dar el pasaporte al bebé y, en la práctica, se les deniega la nacionalidad española. A causa de ese cambio alrededor de treinta parejas están ahora en Ucrania y Georgia –posteriormente se extendió al consulado de este país– metidos en un hotel con sus hijos y en un limbo legal. Otros, como Manuel y Mónica, que pensaban ir en septiembre para comenzar el proceso y hacer «la primera intentona» de fecundación, nadan en un mar de incertidumbres.

«Creemos que con el permiso de la embarazada, esa prueba de ADN tiene que ser válida», apunta Manuel. Como sus compañeros en esta aventura, pide al Gobierno que tome cartas en el asunto para que resuelva pronto esta situación. De lo contrario hay otras vías, pero suponen mucho más tiempo y dinero. Si antes, en las oficinas consulares de España, este trámite burocrático se podía realizar en unas tres semanas, ahora hay que recurrir a la Administración local de Ucrania y puede tardar hasta cuatro meses. «Todo ese tiempo tendremos que estar allí, con lo que supone pagar un hotel y todos los gastos. O mi mujer o yo tendremos que dejar el trabajo, porque hasta que no tengamos los papeles no nos dan baja por maternidad o paternidad y nos permiten coger una excedencia», lamenta Manuel.

Esperan que para mayo, cuando según sus cálculos nacerá su bebé y tengan que ir a registrarlo al consulado, ya esté todo solucionado. En cualquier caso, seguirán adelante: «Durante siete años hemos pasado un calvario de médicos para nada. Como nosotros, mucha gente ha intentado adoptar, pero en España es prácticamente imposible. Y ahora nos están cerrando el último camino que tenemos para ser padres. Estamos desesperados, pero es que no hay otra forma de conseguirlo...».

La pareja cántabra señala que la mayoría de las familias que están en su misma situación son personas de clase media que tienen que hacer un gran esfuerzo para reunir los cerca de 35.000 euros que cuesta este tratamiento porque los que tienen dinero «normalmente se van a Estados Unidos». En el caso de Manuel y Mónica, incluso han tenido que pedir ayuda a sus familias. Antes, comprobaron que cumplían con todas las exigencias del Gobierno de Ucrania, «muy estricto» a la hora de dar el visto bueno.

Además de documentos y pruebas médicas, pide a los padres que estén casados –excluye a matrimonios homosexuales– y que demuestren que no han podido tener hijos por otros métodos. La madre subrogada «tiene todos los cuidados» y recibe el 70% del dinero: «La forma de verlo allí es distinta, se ve como algo positivo para ambas partes».

Aunque reconocen que el proceso es relativamente rápido, de un año desde que hacen los primeros trámites hasta que tienen al niño en brazos, para ellos, lo ideal habría sido que hubiera existido una norma sobre gestación subrogada en España, algo que genera opiniones encontradas a nivel social y político. «Es un tema muy polémico», reconocen, pero así tendrían «mayor seguridad jurídica y el respaldo de la sanidad pública nacional».