Los choques entre los gobiernos de Cantabria y España anticipan una legislatura de confrontación

Porque en solo una semana hubo choque entre ambos ejecutivos a cuenta de los pélets, pero también por las idas y venidas por parte del Ministerio de Sanidad sobre la obligatoriedad -o no- del uso de las mascarillas en los centros de salud. El consejero de Salud, César Pascual, recriminó a la ministra Mónica García convocar «mal y tarde» el Consejo Interterritorial para analizar la situación de la gripe. En línea con lo que hicieron otras comunidades del PP, Pascual acusó a la titular del departamento de estar «desaparecida todas las vacaciones». Y cuando a mitad de semana el Gobierno central impuso después de mucho deshojar la margarita ese uso obligatorio de la mascarilla, Cantabria volvió a salir al ataque y afirmó que acataría a regañadientes la medida. Medida, por cierto, que los colegas del consejero en Valencia y Murcia, también del PP, llevaban días aplicando por su cuenta.

Los consejeros cántabros han confrontado con Madrid en los asuntos de su negociado y la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, no ha perdido ocasión de volver a opinar sobre la política de Pedro Sánchez, esta vez con motivo de la aprobación de los decretos anticrisis -que tenía medidas de todo tipo, porque ya es costumbre que PSOE y Sumar utilicen esta herramienta excepcional como método para legislar- tras el debate parlamentario. Siguiendo las directrices de Génova de hacer oposición a Sánchez desde todas las instituciones y en todas las ocasiones posibles, Buruaga está cumpliendo con obediencia y reaccionando con toda la artillería a cada una de las decisiones polémicas que salen de La Moncloa. Especialmente en relación a los pactos con el independentismo.

«No vamos a tolerar que mercadee con los intereses de los cántabros y nos trate como ciudadanos de segunda», decía esta semana la jefa del Ejecutivo. Un latiguillo que se está convirtiendo en habitual cada vez que enumera lo que los populares consideran una afrenta por parte del Gobierno central por cesiones a sus socios que «socavan la igualdad entre españoles». Y también un latiguillo similar, cambiando «cántabros» por el gentilicio que toque, al que usan los presidentes de Madrid, Murcia, Andalucía... Cualquiera de los barones del PP.

«La estrategia del PP es que Buruaga se convierta en la Ayuso del norte». Esa idea es la que intenta fijar el líder del PSOE, Pablo Zuloaga, en el electorado cántabro. La idea de que la presidenta está más preocupada por ser buena alumna de Feijóo que de gobernar. Lo que ocurre es que el resorte que tiene activado Buruaga para criticar a Sánchez es igual de sensible entre los socialistas para defender a su jefe de filas. Cualquier nueva medida social que los socialistas consideren 'vendible' se traduce en una rueda de prensa en Cantabria para celebrar el buen hacer del Gobierno de España frente a los «recortes y privatizaciones» del que preside Buruaga. Atacar o defender, según toque, sin que importe caer con ello en contradicciones, como han demostrado esta semana tanto PP como PSOE.

Que los partidos están llevando sus peleas nacionales a los territorios es un hecho. Incluso a los plenos del Parlamento de Cantabria, en los que la amnistía y Bildu ocupan casi tanto tiempo como los temas puramente locales. Con independencia de los muchos o pocos réditos electorales que les dé esa estrategia, lo que parece evidente -a los episodios de esta semana se suman los que se han sucedido desde verano a cuenta de inversiones, pagos pendientes o la estación intermodal de La Pasiega- es que esta legislatura será la de la confrontación con Madrid. ¿Con qué consecuencias prácticas, además del hartazgo ciudadano? Pues se verá, pero desde luego lo que es evidente es que el Gobierno de Cantabria depende más del de España que viceversa. Para que se activen obras e inversiones, para asuntos clave como el nuevo modelo de financiación autonómica... Además de las hipotéticas represalias -si llegan- en forma de castigo por las críticas, también es evidente que la conversación puede que no sea tan fluida ahora que el color político de ambos ejecutivos es distinto. Un ejemplo, la pasada legislatura, tanto Zuloaga como Revilla peleaban por ponerse la medalla por la aportación del Estado a las obras del Mupac y La Pasiega. El PRC defendía que era fruto de la presión de su diputado en el Congreso -los regionalistas ya no pueden sacar petróleo a cambio de su voto- y los socialistas del diálogo entre compañeros.

Por poner un punto positivo, este curso arranca, como precisó el viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sin contenciosos abiertos entre Peña Herbosa y Moncloa después de haberse resuelto las discrepancias competenciales por la Ley del Suelo y la de Policías Locales. Con este ministro tendrá que negociar Cantabria para conseguir las nuevas competencias que quiere en materia de gestión de ríos. Un proceso que, para que tenga éxito, tiene que basarse no en el choque, sino en el entendimiento.