Los cien días de Buruaga: pactos, impuestos y sanidad

Los 15 diputados que le dieron las elecciones –a tres de la mayoría absoluta– obligan al Gobierno del PP a actuar como un funambulista en el Parlamento para sacar adelante cualquier ley o medida. Y así, caminando por ese cable sin red, es como ha encarado este arranque de legislatura, en el que todavía no se ha enfrentado a votaciones especialmente relevantes en la Cámara, más allá de la eliminación de la Ley de Memoria Histórica. Quizás por eso los números muestran un PP que, de momento, saca a bailar a sus dos potenciales socios en el hemiciclo. Los populares han votado a favor del 83% de las iniciativas del PRC y del 66% de las de Vox, al que solo ha rechazado con la comisión de investigación del 'caso Obras Públicas' y con su intento de prohibir las zonas de bajas emisiones. Pero también ellos, PRC y Vox, parecen cómodos con las propuestas del PP. El partido de ultraderecha, todavía molesto por haberse quedado fuera del Gobierno y por el pacto de investidura PP-PRC, ha apoyado con sus votos todas las iniciativas de los populares en el Parlamento, mientras que los regionalistas han dado su visto bueno a dos de las tres presentadas. Solo han chocado con los diques de las playas de Santander.

Desde el primer momento en el que se subió a la tribuna del Parlamento en su sesión de investidura, Buruaga insistió en que para ella la sanidad es más que un área del Gobierno. Su paso por la Consejería durante la legislatura 2011-2015 la convirtió en una obsesión y no tuvo reparos, incluso, en presentarse como una presidenta «con un perfil muy sanitario». No en vano, el protagonismo de la Consejería de Salud en la agenda gubernamental ha sido inequívoco hasta ahora.

Pero en aquellos primeros momentos de la legislatura, Buruaga se atrevió a dar plazos y un calendario cerrado para solucionar algunos de los problemas más graves que acucian a este sector. Lo primero, dijo, sería firmar durante los 100 primeros días de mandato un pacto profesional con los profesionales sanitarios de Cantabria. No lo ha cumplido. Ese pacto no ha llegado en el plazo que ella misma se impuso.

Con los médicos sí se ha llegado a un acuerdo para actualizar las tarifas de la actividad quirúrgica extraordinaria que ha permitido reactivar los quirófanos por las tardes después de siete meses parados. De esa manera, han podido empezar a aplicar el plan de choque de las listas de espera –del que no se han anunciado más medidas–, uno de los problemas más graves y urgentes que debe acometer el Ejecutivo, ya que existen 17.715 pacientes activos aguardando una operación. Que, por cierto, son 1.648 más que cuando Buruaga tomó posesión del cargo.

En la lista de cumplimientos, Buruaga también puede preciarse de haber licitado el contrato de derivación de las cirugías, parado desde febrero por errores en el pliego. Además, se ha resuelto el conflicto que había con el servicio de ambulancias para equiparar los sueldos de la parte de los trabajadores que no se podían acoger al nuevo convenio. La consejería de César Pascual también ha convocado la gran oferta de empleo público de estabilización, con una primera fase que abarca 2.141 plazas de 76 categorías profesionales.

Al consejero le ha dado tiempo, incluso, para meterse en un charco sobre el copago sanitario, al asemejar los hospitales con un aeropuerto: «Tú vas al aeropuerto y, si vas en business, no esperas a la cola y entras directamente. Y si vas con tu billete de turista, tienes que esperar a la cola». Unas palabras que ya ha rectificado, pero que han dado la munición necesaria a la oposición para recordar su pasado en la privatización de servicios no sanitarios de Valdecilla durante la legislatura 2011-2015.

La llegada del PP al poder ha supuesto que los cargos institucionales más importantes de la región estén ocupados por mujeres: la presidenta de Cantabria, la del Parlamento y la alcaldesa de Santander acompañan a la socialista Ainoa Quiñones como delegada del Gobierno. Y también nos hemos enterado de que dos de los proyectos más importantes en marcha en la comunidad nos costarán más de lo previsto inicialmente. Habrá que pagar 3,5 millones más por el Mupac por problemas de cimentación y casi el doble de lo presupuestado por la protonterapia de Valdecilla, que no llegará, como mínimo, hasta el año 2027. Una bajada de expectativas promovida por Buruaga que se extiende al tercer gran proyecto heredado del bipartito: La Pasiega. Las obras del nuevo polígono comenzaron el mes pasado sin que aún se sepa si habrá estación intermodal, clave para mover las mercancías del Puerto, donde la presidenta ha colocado al frente a César Díaz, al que, sin duda, echará de menos Gema Igual en la gestión diaria del Ayuntamiento de Santander, donde era su mano derecha.

En estos primeros cien días ha existido cierto relajo con dos de las medidas que más titulares y más minutos de mítines ocuparon durante la campaña electoral. Las auditorías en Obras Públicas tras el caso de corrupción de carreteras y la del Servicio Cántabro de Salud se han puesto en marcha, pero poco más se sabe de ellas. Ni avances, ni plazos, ni tampoco se ha visto al Gobierno especialmente incisivo en su política de comunicación con estas dos investigaciones abiertas. Algo que han echado de menos en Vox, pero también dentro del propio PP, donde se mira con lupa cada paso que da la nueva presidenta y con cierto recelo cada coqueteo con el PRC.

En este arranque de legislatura, Sanidad ha compartido el protagonismo con Economía. «Nuestra primera prioridad es cambiar la tendencia del Producto Interior Bruto (PIB) y posicionar a Cantabria donde se merece estar, entre las comunidades de mayor crecimiento y creación de empleo de España», adelantó Buruaga en su discurso de investidura. Por eso, la bajada de impuestos fue uno de los principales compromisos adquiridos por la presidenta durante la campaña electoral. «Bajaré todos los que pueda y todo lo que pueda», enfatizó. Y ha cumplido, al menos, con tener en tiempo y forma esa reforma fiscal que ella consideraba tan urgente y que su partido, desde Madrid, ordenó poner en marcha en todas las comunidades bajo su gobierno para emular el modelo de Madrid. El consejero de Economía ya ha terminado la propuesta y ahora solo les falta encontrar otro partido en el Parlamento al que le convenza para poder sacarlo adelante.

El compromiso es extender la bonificación del 100% del Impuesto de Sucesiones que actualmente se aplica entre cónyuges y padres e hijos a los hermanos, reducir el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tanto para bienes muebles como inmuebles, eliminar el Impuesto de Patrimonio y rebajar el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas. Eso supondrá que, a partir del año 2025, el Gobierno dejará de ingresar en torno a 90 millones por esos tributos, pero el Ejecutivo entiende que se compensará por la actividad económica generada.

Otra de las medidas de ahorro que Buruaga quería implementar en estos 100 días no la hemos visto cumplida. La presidenta anunció la fusión de empresas públicas con la misma actividad «para hacerlas más operativas, eficientes y sostenibles». Una situación que, según ella misma denunció, provoca 42 millones de euros de pérdidas anuales. Pues, de momento, Cantabria seguirá soportando esa sangría porque el organigrama de empresas del Gobierno sigue prácticamente igual al de la pasada legislatura. Y del centenar de cargos públicos que había con el bipartito, el PP sólo lo ha reducido en uno. Eso sí, los 25.000 funcionarios del Gobierno autonómico verán una subida extra del 0,5% en su nómina, y la consejera Isabel Urrutia ya ha puesto en marcha la comisión que trabaja en eliminar todas las trabas burocráticas que existen entre los ciudadanos y la Administración.

Las vacas y los trenes son los que mayores quebraderos de cabeza han dado al Gobierno del PP en estos primeros meses, sin que, por ahora, se atisbe una solución sencilla en el horizonte. Pablo Palencia heredó una consejería preocupada por los ataques de los lobos al ganado y, en cien días, se ha doctorado en la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). La fiebre de las vacas, que ha matado ya a más de 400 ejemplares en la región, ha provocado los primeros encontronazos del consejero con los ganaderos.

Palencia fue, desde el primer minuto, tajante con la necesidad de suspender las ferias para evitar la propagación de la enfermedad. Desde que se declaró el primer foco hasta hoy, había programadas en el calendario diecisiete ferias y doce no se celebraron. Pero el pasado fin de semana, una de las más importantes, la Olimpiada del Tudanco en Cabezón de la Sal, congregó una masiva afluencia con más de 800 reses de 20 ganaderías distintas. «Si van, que asuman las consecuencias y el riesgo, porque luego todo son reivindicaciones de ayudas económicas», señaló el consejero, unas palabras que no han sentado demasiado bien entre algunos ganaderos.

El PP ha heredado el grave problema que existe en Cantabria con los trenes. En los últimos días, la situación ha llegado a extremos delirantes, con la circulación con la Meseta interrumpida durante tres días por un descarrilamiento, y con los pasajeros a Bilbao trasladados en taxi, de nuevo, por una avería en la máquina. Todo esto, mientras se siguen esperando los trenes que sustituyan a los que no entraban en los túneles y también una protesta enérgica y oficial del Gobierno cántabro en La Moncloa. «No podemos confiar en nuestros trenes», estalló el consejero de Fomento, Roberto Media, que se ha dado mucha prisa en estos cien días para pagar las ayudas a la vivienda que dejó sin ingresar el PSOE y en diseñar el plan de nuevas carreteras que afrontará el Gobierno con plazos muy laxos, entre otras la de Reinosa-Potes y la de Requejada-Suances. Más problemas tuvo Media en la Crotu, donde en su afán por agilizar decisiones sacó de la Comisión Permanente a la inmensa mayoría de colegios profesionales de Cantabria.

Tampoco ha tenido 100 días demasiado tranquilos la consejera de Cultura, Turismo y Deporte. Al margen de los problemas con el Mupac, Eva Guillermina Fernández se topó, nada más estrenar el despacho, con las quejas por el auge de los pisos turísticos ilegales, a las que ha dado una patada adelante postergando su solución a un nuevo decreto regulador el verano que viene. Tampoco sabemos cómo solucionará esa falta de dinero del que se quejó para organizar el calendario de eventos de la segunda mitad del Año Jubilar Lebaniego.

Habrá que esperar a ver si en los próximos cien días Buruaga ejerce más de portavoz de su Gobierno que en esta primera etapa, desaparecida de las ruedas de prensa posteriores a los consejos de Gobierno. Quizás sea una estrategia para minimizar salidas de tono. Algo que no pudo evitar cuando mandó a los refugiados a cualquier lugar de España menos a Cantabria tras rechazar el centro que el Estado quería construir en Parayas.

Los cántabros decidieron democráticamente el 28 de mayo que había llegado la hora de emprender un profundo cambio en la manera de gobernar la región después de ocho años de una coalición de izquierda y regionalismo con resultados muy decepcionantes: menor crecimiento económico y del empleo que en el conjunto de España, insoportables listas de espera en la sanidad pública, excesivos impuestos sobre familias y empresas, burocracia y parálisis en la gestión. Cantabria se estaba quedando atrás y por eso ha habido un cambio político y nuestra región mira ya al futuro.

Nuestro programa de Gobierno parte de las propuestas respaldadas muy mayoritariamente por los ciudadanos en las urnas, que otorgaron al Partido Popular 15 de 35 escaños. El programa del Partido Popular es, por lo tanto, la columna vertebral de la legislatura, aunque en un ambiente de diálogo y pactos. En estos primeros cien días, hemos cambiado el estilo de gobernar: respeto a la palabra dada, seriedad y rigor en los planteamientos, escucha a la sociedad, una relación de leal colaboración con los ayuntamientos y un fuerte acento en una mayor eficacia en la administración. El cambio se empieza a sentir en el fondo, en las formas y, sobre todo, en los resultados. Cantabria estaba paralizada, ahora está en marcha.

Hemos desbloqueado importantes inversiones y ayudas, desde grandes proyectos como el Mupac hasta las subvenciones a los jóvenes para el alquiler de vivienda. Y La Pasiega ya está en obras. Pero hemos hecho algo mucho más importante: empezar a poner todas nuestras fortalezas al servicio de la creación de riqueza y empleo en la región, generando la confianza necesaria para captar inversiones, reduciendo trámites administrativos y bajando impuestos. Además de planificar un escenario de presupuestos realista e inversor para 2024, con fuertes incrementos en sanidad y educación, estamos impulsando una amplia reforma fiscal para bajar todos los impuestos a todos los cántabros que han visto reducida su renta real y cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes asfixiados por la subida de los alimentos, la energía, las hipotecas o la vivienda. Eso es también hacer política social. Y no nos hemos olvidado de nuestros servicios públicos esenciales, especialmente de la sanidad, que es una de las prioridades de los cántabros y también la nuestra.

Hemos resuelto el conflicto del transporte sanitario y hemos llegado a un acuerdo con los profesionales para reanudar la actividad extraordinaria en nuestra sanidad pública y desbloquear la derivación a centros concertados para reducir las escandalosas listas de espera. Nadie ha hecho más en menos tiempo en sanidad, en educación, en vivienda, porque el nuevo Gobierno va a empezar a construir vivienda de promoción pública después de ocho años en blanco, lo que también es una auténtica novedad. Por último, quiero subrayar que la partidista convocatoria de elecciones del 23 de julio nos privó de interlocutor en el Gobierno de España para desatascar los grandes proyectos de infraestructuras que necesita esta tierra y ahora amenaza a la propia autonomía de Cantabria y a los principios de igualdad y solidaridad que la sustentan. La gobernabilidad de España, y Cantabria es España, no puede depender de huidos de la justicia y partidos cuyo objetivo es destruirla. Vigilar ese grave peligro ha entrado también en nuestra agenda de prioridades.

Poco o nada. Es el mejor resumen de los 100 días de gobierno del Partido Popular, que ningún cambio positivo han traído a los ciudadanos de Cantabria. Lo mejor, el continuismo de las políticas del anterior gobierno del PRC en temas como educación, cultura, industria, universidad o innovación. Lo peor, todo lo demás: la falta de medidas concretas para hacer frente a la subida de la cesta de la compra, los datos del paro en aumento constante, los problemas energéticos sin solución, el desgobierno en desarrollo rural, el anuncio de una reforma fiscal para los ricos, y de una sanidad 'turista' y otra 'business' para unos pocos.

En definitiva, nada de ese cambio urgente que tanto prometió como candidata la hoy presidenta, María José Sáenz de Buruaga, bien porque no era tan necesario, o bien porque no han sido capaces de ponerlo en marcha. En todo caso, el PRC trabaja para lograr cambiar esta dinámica y la mano tendida en la investidura sigue ahí para los presupuestos de 2024, piedra de toque del futuro del Gobierno Popular. Garantía de los servicios públicos esenciales –educación, sanidad y bienestar social– sin merma de la calidad ni las prestaciones y cumplimiento de los compromisos en las inversiones en marcha, así como en los planes de obras y actuaciones municipales, demostrarán si el talante de acuerdo y consenso que transmite la presidenta de Cantabria es real o no. De momento, en 100 días, muchas palabras y ningún hecho.

Cumplidos los primeros cien días de gobierno del PP, las sensaciones entre la ciudadanía de Cantabria no son, ni de lejos, halagüeñas, habiendo comprobado cuáles son sus intenciones y que no está ni pensado, ni orientado a gobernar para la mayoría social. Cien días en los que Buruaga ha anunciado una reforma fiscal que va a reducir la recaudación en 90 millones de euros, lo que, evidentemente, tendrá una repercusión directa en los servicios públicos. Una 'revolución fiscal' acompañada de una supresión de impuestos, como el de Patrimonio, que solo afecta al 0,5% de la población cántabra, pensada para beneficiar a quienes más tienen.

En estos cien días, también hemos presenciado la propuesta estrella para reducir las listas de espera quirúrgica: el pase 'business', donde nos dicen, en esta idea que tienen para Cantabria, que aquellos que puedan optar a los copagos sanitarios serán aquellos para los que habrá más celeridad en las intervenciones, reventando el principio básico de la sanidad universal.

Cien días en los que han rechazado un proyecto de cerca de 30 millones de euros, comprometidos por el Gobierno de España, para la creación de un centro de acogida de personas refugiadas en el antiguo psiquiátrico de Parayas.Por último, en estos cien días, el PP, en un acto revanchista sin precedentes y convirtiéndose en la muleta de VOX, ha anunciado la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Un ejercicio de sectarismo claro, en donde la ideología de las derechas se ha impuesto a los derechos humanos y de las personas que aún tienen familiares en fosas comunes y tumbas sin nombre.Este es el resumen de los cien primeros días de gobierno del PP: supresión de derechos, beneficios fiscales a las rentas más altas y, sobre todo, desigualdad y retroceso.

El esperado cambio real, que era posible mediante un pacto PP-VOX, no se ha producido; es cierto que gobierna otro partido, el Partido Popular; y es cierto también que hay nuevos consejeros, pero la forma de hacer política, lamentablemente, sigue siendo la misma.

Inauguramos la legislatura con el acuerdo firmado entre Revilla y Sáenz de Buruaga, que consagra el pacto de la vergüenza, un acuerdo para que todo siga igual. Continuamos con demasiados gestos de la vieja política que, como mínimo, nos hacen negar el cambio. Lo primero que hizo el Partido Popular, en sede parlamentaria, fue rechazar la creación de una Comisión de investigación en relación con el mayor escándalo de corrupción que ha conocido esta Comunidad, perpetrado desde hace más de 20 años en la Administración regional. Si en un caso semejante no se constituye esa comisión es difícil imaginar cuándo aplicar el artº54 del Reglamento del Parlamento. Igual de decepcionante ha sido la renuncia a reducir el gasto político, que se mantiene en el Gobierno y crece sustancialmente en el Parlamento, siendo VOX el único partido que se posicionó en contra. El PP ha reproducido la misma estructura de gobierno anterior, que tanto había criticado al ejecutivo PRC-PSOE. ¿Y qué decir de las empresas públicas? En Cantur, después de aparentar un proceso público y transparente para la selección de nuevo gerente, resultó ser una cacicada como las censuradas cuando estaban en la oposición y, respecto del personal, el consejero de turno ya nos ha advertido que no adoptarán «decisiones traumáticas...». Más de lo mismo. El partido popular no tiene mayoría absoluta, necesita tres votos en cada iniciativa propuesta para gobernar con estabilidad, y tiene que decidir si mantener el continuismo ruinoso, bajo la sombra de la corrupción económica e intelectual del pasado, o hacer las cosas de otra manera junto a VOX.