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Se lanzaron flores unos a otros por su capacidad de negociar, de alcanzar acuerdos. Se felicitaron, de hecho, en todos los grupos por haber mejorado –cada uno se puso su medalla– el texto que finalmente salió adelante. Pero, pese a esa buena disposición y un ... tono de debate bastante sosegado, el Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica de Cantabria –la Ley de Ciencia– se quedó a las puertas del visto bueno unánime en el Parlamento. Se logró, eso sí, un amplio consenso. Los dos partidos que forman Gobierno (PRC y PSOE) votaron a favor. También el PP y Ciudadanos. Todos, salvo Vox. Su diputado Armando Blanco se mostró satisfecho por haber «conseguido mejorar profundamente la ley» durante la tramitación, pero con un sabor «agridulce» porque «no es la mejor posible». Sobre todo, a su juicio, por lo que se expone en relación a la igualdad de género. «Fomenta –dijo– medidas discriminatorias. Antepone el sexo a la excelencia». Todo, en relación a una norma que fija, entre otras cuestiones, que la Comunidad debe dedicar el 3% de su presupuesto a estos ámbitos antes de 2027. «Sentamos las bases del cambio de modelo productivo en la región», resumió en su intervención Pablo Zuloaga (PSOE).
Tras el acalorado debate sobre la Comisión de la Ley de Memoria Histórica con la que se abrió la sesión, con la ciencia llegó la calma. O casi. PSOE y PRC insistieron en la necesidad de la ley, en que es «valiente», en que supone un paso decisivo para la comunidad y en que se da voz a científicos e investigadores. Un antes y un después. Para la oposición esta euforia no estaba tan justificada, porque el texto que desde el Ejecutivo se llevó inicialmente a la Cámara «era francamente malo», hecho «a la carrera» y sin contar con los expertos. Por resumir, que fueron los grupos parlamentarios los que lo mejoraron y los que incluyeron a los profesionales en la norma.
Pero, ¿qué trae de nuevo esta iniciativa? La exposición para responder a esta pregunta le correspondió al vicepresidente y consejero de Universidades, Pablo Zuloaga (PSOE). Él fue el que repitió en varias ocasiones lo de «necesaria y valiente». Principalmente, porque «blinda» la financiación para la ciencia e investigación e impulsa la contratación de personal y la «atracción y retención» del talento. Y no lo tendrá fácil. Sobre todo, si se compara lo actual con lo que se persigue. Supondrá pasar del 0,91% (2020) o el 0,96% (2021) al 3% de inversión en los Presupuestos Generales de Cantabria en 2027. Y también se propone duplicar el personal investigador y tecnólogo indefinido. En concreto, para seguir los objetivos nacionales, se prevé pasar de una tasa actual de 2.000 investigadores a jornada completa por cada millón de habitantes a una de 4.000.
Ese fue el primer pilar de los cuatro que repasó Zuloaga. Dinero, inversión. El segundo tiene que ver con la «gobernanza». Así, se contempla la creación del Consejo de Ciencia de Cantabria y del Patronato de la Fundación de Ciencia, cuyo director deberá tener al menos quince años de experiencia en estos ámbitos. El vicepresidente fijó para estos organismos las tareas de una «gestión eficaz» y la de garantizar la «transparencia». Con «independencia» y capacidad para captar «inversión pública y privada». Zuloaga, en su enumeración, habló de fijar una «estrategia plurianual» o contar con un «registro de agentes». O asegurar, por ejemplo, «que la voz de la comunidad científica y teconológica esté siempre presente».
Tercer pilar: atención y retención del talento. El objetivo último, dijo Zuloaga, es que la inversión se traduzca «en más economía y más empleo de calidad». Empleo indefinido, puestos bien pagados y mayor «convergencia» con lo que hay en el resto del país y en Europa.
Inversión Se fija (es el punto principal) que será necesario elevar el dinero destinado a estos ámbitos hasta un 3% del Presupuesto regional antes de 2027
Gobernanza El texto contempla la creación del Consejo de Ciencia de Cantabria y del Patronato de la Fundación de Ciencia, cuyo director deberá tener al menos quince años de experiencia en estos ámbitos. Se fijará una estrategia plurianual
Atención y retención del talento En línea con lo que marca la Estrategia Española de Ciencia 2021-2027, se prevé pasar de la tasa actual de 2.000 investigadores a jornada completa por cada millón de habitantes en Cantabria a los 4.000. Se pretende aumentar el número de contratos indefinidos y converger con el resto del país y con Europa
Desarrollo sostenible e igualdad de género La ley –destaca Zuloaga– se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca la paridad para «luchar contra la brecha de género, que existe también en la ciencia»
El dirigente socialista habló de «sentar las bases del cambio de modelo productivo», de ponderar «el conocimiento frente al agotamiento de recursos naturales» y afirmó que «Cantabria no puede perder el tren de la ciencia y la innovación». «Sin ciencia no hay futuro». Eso sí, dejó claro que la aprobación es solo «el principio de un largo camino», ya que, por sí sola, «no va a resolver mañana todos los problemas que tienen los investigadores. «No podemos ser ingenuos».
Zuloaga dejó un último detalle. El cuarto pilar. Que la ley se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca la paridad para «luchar contra la brecha de género, que existe también en la ciencia».
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Y aquí llegó el punto de fricción. Porque Vox, como hicieron también PP y Cs, reprochó al Ejecutivo que mandó el documento al Parlamento «deprisa y corriendo y de espaldas al sector». Un «desastroso texto», dijo Armando Blanco. Aún así habló en buenos términos de la aprobación de mejoras. Hasta llegar «al capítulo séptimo». «Igualdad de género». Por ahí no pasaron. Definieron como «término perverso» la discriminación positiva y criticaron que puedan valorarse proyectos de mujeres por el hecho de ser de mujeres más que por el valor de los proyectos en sí mismos. «Medidas discriminatorias», definió Blanco.
Tanto Félix Álvarez (Cs) como Álvaro Aguirre (PP) insistieron en las once enmiendas transaccionales aprobadas y en las 105 presentadas inicialmente. Todo, tras el «baño de realidad» que se llevó el Ejecutivo al escuchar a los comparecientes en las ponencias, dijo Aguirre, lo que obligó al bipartito a «una enmienda a la totalidad a ustedes mismos». «El único mérito de Zuloaga –dijo– es el proyecto de ley que llegó, que era francamente malo». Una definición similar al «pobre y confuso» que pronunció Álvarez, que destacó el «éxito» de unos acuerdos que dan pie a una ley «buena para Cantabria». «Y por encima de nosotros y de nuestras ideas partidistas está Cantabria».
Tras las intervenciones de Paz de la Cuesta (PSOE) –agradeció el trabajo negociador y defendió lo relativo a igualdad de género– y de María Ángeles Matanzas (PRC) –«hemos dejado de lado las ideologías y los colores»– tocó votar. Rechazo, sí, al resto de enmiendas y votos particulares que se mantenían. Pero en la votación final, 32 votos a favor y dos en contra. Sí a la ley. Amplio consenso, pero sin unanimidad.
Para el Ejecutivo, se adapta el texto a las modificaciones legales después de 22 años de vigencia de la actual normativa. Eso y una larga lista de mejoras. Para el PP, se «pierde la oportunidad» de resolver «los verdaderos problemas». Así se resume el debate sobre la nueva Ley de Policías Locales. Salió adelante con los votos del bipartito y de Cs. El resto de la oposición (PP, Vox y la diputada no adscrita Marta García) se abstuvieron.
Fue la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), la que defendió el texto. Que elimina la estatura mínima y diferenciada entre mujeres y hombres, que introduce requisitos que deben concurrir para poder contar con Policía Local o que se unifican los criterios de selección y acceso y se homogeneiza la formación para evitar «disfunciones y diferencias» entre los ayuntamientos. Durante el debate se trató también lo relativo a la colaboración entre municipios para atender las necesidades temporales del servicio. Aquí, PP o Cs se quejaron porque solo se permita entre los «limítrofes».
Fue un debate técnico en algunos puntos en el que Fernández valoró un consenso que, según Vox, brilló, precisamente, por su ausencia. La consejera indicó que la norma se adapta a la realidad del trabajo «de nuestros días». Isabel Urrutia (PP) criticó que no se ayuda a los pequeños municipios. Y ello, pese a que, dijo, de los casi 40 municipios que tienen Policía Local, casi el 50% tiene menos de cuatro agentes y un 66% no llega a la decena.
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