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Daniel Martínez
Santander
Domingo, 14 de junio 2020, 07:42
Cada vez que las Administraciones públicas daban un paso adelante en la 'desescalada' y levantaban alguna de las restricciones que estuvieron vigentes en los momentos ... más críticos del estado de alarma, sabían que estaban asumiendo un riesgo. Cuando se decidió facilitar la apertura de los bares con limitaciones de aforo, cuando se dio permiso a los alumnos que están preparando la Selectividad para volver a las aulas, cuando se autorizó el movimiento dentro de una misma provincia... Cada uno de estos hitos suponía devolver a los ciudadanos cotas de libertad, pero también traían consigo el riesgo de una proliferación de nuevos casos de covid-19 en un momento en el que la pandemia se da por controlada. Lo mismo ocurre con la apertura de la circulación entre comunidades autónomas, el asunto que ha centrado el debate público en Cantabria a lo largo de las últimas dos semanas y que han seguido con especial interés los hosteleros y comerciantes de la zona oriental, los que más sufren las consecuencias de la falta de visitantes.
Cuando el presidente Revilla y el lehendakari Urkullu ya tenían decidido que permitirían la movilidad entre ambos territorios mañana mismo, un brote de coronavirus en hospitales de Vizcaya y Álava cambió todos los planes. También de Asturias, Navarra o La Rioja, que estudiaban sumarse a la iniciativa para abrir un corredor cantábrico. La decisión del Ejecutivo cántabro se basó en un informe de la Consejería de Sanidad que ponía de manifiesto que esta circunstancia sobrevenida suponía un riesgo adicional.
El documento venía a decir que sin una bola de cristal es imposible concretar cuáles serán los efectos reales de la movilidad, pero evidenciaba que el riesgo aumenta. ¿Cuánto? No se puede cuantificar, como tampoco es cuantificable el sufrimiento individual o las consecuencias colectivas –Cantabria lleva más de tres semanas sin fallecidos– que traería la muerte de una sola persona que se hubiera contagiado en este contexto. Pero sí hay una aproximación del coste económico que tiene para la región la ausencia de visitantes: hasta 17,6 millones de euros a la semana, según el estudio elaborado por el Grupo de Investigación de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios de la Universidad de Cantabria y el Instituto de Investigación Valdecilla (Idival).
Este informe, que ya aclara que sus aportaciones se elaboran exclusivamente desde una visión socioeconómica, por lo que para tomar cualquier decisión al respecto «debe ser complementado con otros estudios que consideren datos sanitarios, capacidades estratégicas de asistencia sanitaria, vigilancia epidemiológica, contención de fuentes de contagio y protección colectiva», es el que ha esgrimido el presidente Revilla para defender la apertura de la movilidad.
«Yo he sido de los que siempre ha dicho que hay que convivir con cierto riesgo, porque hay que volver a la actividad económica», apuntaba Revilla a mitad de semana, antes de que Cantabria certificara el jueves su paso atrás en la apertura de fronteras. El presidente regional reconocía que sabía que hay «mucha gente con temor» y que se valorarían tanto los factores económicos como los sanitarios. Finalmente, en la balanza pesaron más los segundos. Revilla, con un informe de Salud Pública que recomendaba esperar, aceptó a regañadientes. No sería el 15 (mañana), pero sí el 19 (viernes), con la intención de no perder el fin de semana, el momento de mayor consumo turístico. Esta nueva propuesta, que también está por confirmar, se centra de nuevo en el País Vasco por el peso de este mercado, aunque puede que también sea extensible al resto del norte de España. Como recoge el estudio de la UC y el Idival, el 26% de los más de cuatro millones de turistas nacionales que recibe Cantabria al año provienen de la comunidad vecina.
De esta forma, sólo con Euskadi, cada semana más que se mantenga cerrada la frontera dejarán de ingresarse un máximo de 4,28 millones (220 al año) dependiendo de los diferentes escenarios de movilidad y gasto. Eso de media, más durante la temporada alta y menos durante el resto del año. Con esa idea, el Gobierno regional repite que, desde el punto de vista turístico, «el verano no está perdido». Menos importancia tiene la llegada de turistas de Asturias, que sólo representan el 4,4% del total. De Madrid y de Castilla y León llega un 15,7%y un 18,5%, respectivamente, pero con estos territorios sí que es imposible recuperar la movilidad hasta el 21 de junio, pues su ritmo en la 'desescalada' está siendo más lento.
Entre todos los orígenes, la estancia media del turista español es de 4 días y el gasto medio por jornada y persona asciende a 42,7 euros. Los vascos suman menos pernoctaciones en establecimientos hosteleros porque muchos de los que llegan tienen segundas residencias. Incluso pasan en Cantabria todo el verano y van diariamente a trabajar a Vizcaya. Lo demuestran los datos de tráfico en la A-8. La estación de medición de La Arena registra 50.381 vehículos de media al día. La cifra subió en junio de 2019 a 54.606 y a más de 75.000 en agosto.
Laredo y Noja han estado a lo largo de las últimas dos semanas muy pendientes de la decisión que iba a tomar el Gobierno de central, primero, y el de Cantabria, después, sobre la libre circulación con Vizcaya, que permita la entrada en la comunidad autónoma de ciudadanos vascos después de tres meses de restricciones a la movilidad con motivo del estado de alarma por la crisis sanitaria. Cuando parecía que ya estaba el asunto resuelto, el brote que ha aparecido en el hospital de Basurto ha obligado a cambiar los planes.
El turista, sobre todo el vizcaíno, es clave para ambas localidades y también para muchas otras de la zona oriental, cuya hostelería y comercio depende en gran medida del dinero que dejan visitantes y propietarios de segundas viviendas. «Entre la noche del sábado y la mañana del lunes podemos pasar de ser 11.000 vecinos a 70.000. Controlar eso es muy complicado», recuerda la alcaldesa de Laredo, Charo Losa (PSOE), quien no oculta su inquietud ante los nuevos focos detectados a principios de semana en la comunidad autónoma vasca, y el temor a que se pueda «dar un paso atrás». «Esto del repunte nos estremece y nos preocupa, pero no nos queda otra opción que hacer caso a lo que dicen los presidentes autonómicos y las autoridades sanitarias y gubernamentales», recuerda la regidora.
Si en Laredo la población se multiplica casi por siete, mucho más radical es el salto en Noja, que pasa de tener 2.500 censados a albergar a 50.000 almas. Allí están en la misma tesitura. Su alcalde, Miguel Ángel Ruiz (PRC), piensa que no habrá demasiada diferencia en ningún caso entre abrir el lunes, esperar al día 19 o al 22, por más que reconoce que en la localidad cántabra hay «una necesidad imperiosa» de que lleguen los veraneantes. «Noja es un pueblo solidario y hospitalario y no se puede negar la evidencia de que vive del turismo. Aquí, el País Vasco ha generado mucha riqueza», admite Ruiz. Además, recuerda que un rebrote «desgraciadamente se puede producir en cualquier momento», y que la única defensa es que toda la gente sea responsable.
Su compañero regionalista Francisco Asón, desde Ribamontán al Mar, entiende que la repercusión económica de esos 4 o 7 días de diferencia no será muy elevada, pero le preocupa el «efecto psicológico» que la decisión pueda tener sobre los empresarios del municipio: «El otro día me daba una vuelta por Somo y Loredo y las caras de la gente de los negocios daban pena», relata.
«Muy concienciados»
La alcaldesa de Laredo confiesa que esperar una semana podría ser tranquilizador, pero también admite que el comercio y la hostelería necesitan esos siete días de trabajo para poder reactivarse tras perder la Semana Santa y el puente de mayo. «Los comercios y las cafeterías quieren trabajar, pero son conscientes de que si se da un paso atrás, nos viene a todos un problema económico muy gordo». «Estamos deseosos de que vengan», dice Losa en referencia a los turistas. «La mitad de nuestro pueblo es de segunda vivienda y siempre hemos convivido juntos. Tanto el vasco como el de Laredo tendrán que llevar su mascarilla y mantener la distancia», garantiza.
En todo caso, eso sólo ocurrirá cuando lo decreten los gobiernos autonómicos. «A los ayuntamientos nos toca pedir prudencia y responsabilidad. Con el que se salte las normas no nos va a quedar otra que avisar a la Policía. Nos estamos jugando mucho: primero la salud y luego nuestro repunte económico», zanja Losa. El alcalde de Noja, por su parte, recuerda que «esta es una enfermedad para la que no tenemos cura, y eso es igual aquí que en Guecho o Sopelana».
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