Apenas cien multas en algo más de tres años por los pisos turísticos ilegales

«Está inundado», resumía Jesús Blanco esta semana para hablar de lo que considera el «principal problema» para su sector. El responsable de la Asociación de Turismo Rural -también desde la de Hostelería han hablado con frecuencia del tema- hablaba de competencia «desleal». Incluso, de las viviendas que están inscritas legalmente, a las que, según su criterio, se les exige menos requisitos y normas que a los establecimientos (también habla de un distinto tratamiento desde el punto de vista fiscal). Todo, tras dejar atrás ya la Semana Santa y el puente de mayo y con el verano, la época clave para la cuenta de resultados de los negocios, a la vuelta de la esquina.

«La oferta de prestación de servicios y/o realización de actividades turísticas, sin haber realizado la declaración responsable o existiendo inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial en la misma o en la documentación que se acompañe, o sin haber obtenido la autorización administrativa necesaria para el inicio de la actividad, de ser esta necesaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 18 de esta norma», define la norma como «infracción muy grave». Básicamente, alquilar sin estar registrado, que es el requisito. En base a este artículo se han impuesto esas cien sanciones en Cantabria. A lo largo de 2020 (desde marzo), 21. En todo 2021, 31, y durante el año siguiente (hasta noviembre, la última vez que este periódico solicitó los datos), 26. Y desde entonces, otras 22 hasta llegar al centenar que se suma hoy en día.

Desde la Consejería de Turismo, indican, se ha contratado «una herramienta digital a través de Cantur que georreferencia las viviendas de uso turístico, lo que permite diferenciar las legales de las ilegales». «Además -añaden en este departamento-, también distingue las plataformas en las que están ofreciéndolas, lo que va a permitir facilitar la labor de inspección». Este último paso es importante, puesto que una de las críticas de los empresarios del sector es que sus casas rurales, posadas u hoteles aparecen en las mismas plataforma de promoción y venta que las viviendas, legales o ilegales.

«Es importante la colaboración estrecha con la Agencia Tributaria, la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre los que se actualiza y se remite el censo de Viviendas de Uso Turístico, para mejorar la colaboración interadministrativa y detectar viviendas de uso turístico ilegales», señalan en Turismo, que ofrece también el dato del número de viviendas que figura actualmente en su registro. Las legales. Son, en concreto, 1.444, con otras 675 pendientes de finalizar la tramitación correspondiente y 348 a las que se denegó la petición.

De ahí se puede deducir también una evolución muy rápida en pocos meses. A finales de 2020, las inscritas eran 665 y dos años después (diciembre de 2022), se llegó a las 1.003. El crecimiento, salta a la vista, es llamativo (más de cuatrocientas en lo que va de año), aunque habrá que esperar a la próxima actualización de los datos del INE sobre vivienda de uso turístico en general para conocer qué porcentaje del total está ejerciendo legalmente la actividad. Para saber si los inscritos siguen por debajo del 10% del total (como en agosto de 2022) y también para conocer, de verdad, hasta qué punto hay cada vez más viviendas que se están dedicando a estas prácticas.