Cinco años de cárcel para el jefe de una banda acusada de prostituir a 137 mujeres

En una sentencia contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo y a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, la Sección Tercera condena al cabecilla de la trama a cinco años y cinco días por cinco delitos de prostitución; a otros tres meses por un delito de blanqueo de capitales y a seis meses y un día más por un delito de tenencia ilícita de armas. Además, la Audiencia impone a sus dos hijos –como cómplices– dos años y medio de cárcel por los cinco delitos de prostitución, y tres meses por un delito de blanqueo de capitales.

Por su parte, el subordinado del cabecilla, que reconoció los hechos durante el juicio, ha sido condenado a dos años y once meses de cárcel por cinco delitos de prostitución, y a tres meses por delito de blanqueo de capitales.

Para los otros siete acusados, que también reconocieron los hechos, las penas impuestas oscilan entre los seis meses y el año y medio de cárcel como cómplices de entre uno y tres delitos de prostitución. A la hora de imponer las penas el tribunal ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del proceso.

Según señala la Audiencia Provincial, ha resultado probado que, a raíz de una investigación en el mes de febrero de 2010 por posible delito de trata de mujeres procedentes de Rusia con destino a diversos clubes de España, entre ellos el Club Esgobio, sito en las proximidades de Cabezón de la Sal , se acordó una intervención telefónica de los responsables de dicho club, autorizada judicialmente, comprobando que en el mismo ejercían la prostitución varias mujeres. En esa intervención se comprobó cómo aquéllos mantenían conversaciones con el jefe de la red, residente en Los Corrales de Buelna, a su vez responsable de varios clubes de alterne en Zaragoza y Orihuela (Alicante), así como de al menos otro club en proceso de apertura en Albacete. A raíz de dichas observaciones telefónicas, se acreditó que el cabecilla dirigía una organización permanente dedicada a la explotación de clubes de alterne donde mujeres de diversas nacionalidades y procedentes principalmente de países del este de Europa, Sudamérica y norte de África ejercían la prostitución. «Las ganancias obtenidas mediante este negocio se canalizaban a través de varias sociedades hasta el patrimonio del jefe, así como al de sus dos hijos».

Según señala el tribunal, el cabecilla de la red y su subordinado establecían taxativamente las condiciones de trabajo a las mujeres que ejercían la prostitución en sus clubes: horarios fijos, tarifas por los servicios sexuales –la dirección se quedaba con el 50% de las ganancias-, multas cuando las mujeres no trabajaban por cualquier razón y demás condiciones que las mismas tenían que aceptar si querían trabajar allí.

No obstante, las mujeres no tenían obligación de residir permanentemente en los clubes, pudiendo hacerlo fuera de ellos, teniendo libertad de deambulación, pudiendo hacer 'pases' o salidas fuera de los clubes con los clientes, si bien quedándose la dirección del club con el 50% de las ganancias. «No ha resultado probado, y así se declara, que las mujeres ejercieran la prostitución bajo violencia, intimidación o engaño, o abuso de situaciones de superioridad, necesidad o vulnerabilidad personal o económica, pero sí que el control de las mismas, tanto de sus personas como de sus ganancias, se ejecutaba de forma directa tanto por el jefe como por su mano derecha, control que se extendía a la imposición de las multas».

La Audiencia apunta que el jefe dirigía la organización administrando varias sociedades a través de las cuales ocultaba la procedencia de los beneficios generados por la prostitución, que pasaban, de esta forma, al cauce financiero legal. «Eran sociedades sin trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, salvo en algún caso aislado, y sin actividad económica conocida. Bajo su autoridad estaban los encargados de los clubes, quienes le informaban puntualmente de las recaudaciones de cada día, de los 'pases' o salidas, de las 'copas' y de las mujeres que ejercían la prostitución en cada local y en cada momento».

Según recoge el tribunal, los hijos del cabecilla sabían y conocían la actividad que se desarrollaba en los prostíbulos, y se encargaban, en especial su hija, de la gestión administrativa y financiera de la red, recibiendo directamente indicaciones de su padre y de su principal colaborador para su ejecución material. Por su parte, el hijo se relacionaba directamente con uno de los clubes, de Zaragoza, que era propiedad, en parte, de dos empresas administradas por él.

El Ministerio Fiscal imputaba 137 delitos al cabecilla y a su principal colaborador como autores, y a los dos hijos del primer, como cómplices. Pero el tribunal asegura que para poder imputar todos esos delitos, uno por cada una de las mujeres que ejercían la prostitución en los distintos clubes, «habría sido necesario saber exactamente cuántas mujeres se dedicaban a la prostitución en cada uno de los clubes». «El Ministerio Fiscal se ha basado para ello en los atestados, en los que se consignaba el nombre y los datos de las mujeres que en ellos había. Pero muy pocas de esas mujeres han sido oídas en la instrucción sumarial y sólo cinco han sido oídas en el plenario, de forma tal que la Sala no puede saber a ciencia cierta cuántas de ellas ejercían realmente o no la prostitución, cuántas eran empleadas de los locales y cuántas eran encargadas, 'mamis' o 'madamas' (algunas de ellas han sido acusadas) y otras sólo han sido oídas como simples testigos».

Por otro lado, la Sección Tercera señala que la prueba documental aportada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el Servicio de Vigilancia Aduanera permiten determinar las cantidades en las que puede fijarse la diferencia entre ingresos y gastos, y en concreto las cifras de blanqueo de dinero procedente de la prostitución. En el caso del cabecilla la cantidad asciende a 71.319 euros, la de su hijo a 461.374 euros y la de su hija, a 512.265 euros.

Además de las condenas de cárcel, la Audiencia acuerda la clausura definitiva de los clubes de alterne implicados, el decomiso del dinero incautado en cinco locales procedentes de las ganancias ilícitamente obtenidas.