Cinco atropellos mortales y once tentativas de homicidio en la crónica negra de Cantabria

No obstante, la crónica negra deja este año cinco atropellos mortales –en uno de ellos, el de Suesa (Ribamontán al Mar), perdieron la vida tres personas– y once tentativas de homicidio, según los datos registrados por este periódico, confirmados a través de la última estadística del portal de criminalidad del Gobierno.

En el ámbito judicial, en este 2023 se juzgaron, entre otros, al parricida de Calvo Sotelo, condenado a 23 años de cárcel; al acusado de asesinar a su casera en Santander (2022), al que castigaron con 17 años de prisión, y al acusado del homicidio cometido en La Albericia en 2021, al que se le impuso una pena de 12 años de cárcel. Además, hace unas semanas, otro hombre ha sido condenado a 16 años de prisión por intentar matar a su mujer y a su hija estrangulándolas.

Sin embargo, el asunto judicial que ha tenido más trascendencia ha sido el 'caso Obras Públicas', que estalló en el mes de febrero. En él hay ocho personas investigadas por la presunta adjudicación irregular de obras en carreteras a cambio de unas mordidas que las empresas beneficiarias entregaban al exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez.

En este reportaje se recoge un pequeño resumen de los sucesos que más repercusión mediática han tenido en el año que termina.

La primera víctima mortal del 2023 por accidente de tráfico en Cantabria no fue un conductor, sino un peatón. Un hombre de 86 años que estaba atravesando un paso de cebra en la calle Hermanos Calderón de Peñacastillo –cerca de la rotonda del Primero de Mayo– y que fue atropellado por un turismo poco antes de las diez de la mañana. A la misma hora y en el mismo lugar donde hacía justo un año había fallecido en las mismas circunstancias otro varón de 69 años.

Fue uno de los casos que más noticias generó a lo largo del año. El atropello mortal de Bret Elorza en la calle Castelar de Santander conmocionó a la sociedad cántabra por las circunstancias en las que se produjo. Y es que dos conductores, Bryan Barroso y Adrián Bedia, protagonizaron una carrera con sus vehículos por el centro de la capital cántabra que acabó con el primero de ellos llevándose por delante la vida de Elorza, que circulaba por el carril contrario. Por estos hechos, los dos implicados fueron encarcelados provisionalmente, aunque el segundo fue puesto en libertad días después. Durante este año se ha llevado a cabo la instrucción del caso y se está a la espera de conocer la fecha del juicio. La Fiscalía solicita catorce años de cárcel para Barroso y la retirada del carné de conducir durante diez años, al considerar que es autor de un delito de homicidio con dolo eventual, lo que se traduce en que, aunque no buscó la muerte de la víctima, sabía que con sus actos podía provocarla, y aún así realizó dicha conducta. Y para el segundo conductor el Ministerio Fiscal interesa cuatro años y medio de cárcel y la retirada también del carné por diez años por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, en concurso con otros dos delitos contra la seguridad vial.

La tercera víctima mortal del 2023 por atropello fue Florentino Gómez Fernández, un ciclista de 67 años, vecino de Torrelavega, que falleció la mañana del 11 de febrero en Sierrapando tras ser alcanzado por un coche que le arrastró varios metros sobre la carretera. El conductor, un joven residente también en la capital del Besaya, se dio a la fuga tras el accidente y fue detenido horas después por la Policía Local. Sin embargo, el juez lo puso en libertad y no le retiró el carné de conducir, a pesar de la petición del fiscal y la acusación particular.

El caso está en fase de instrucción. El atestado policial revela que el turismo circulaba por el carril contrario y que en el momento de la colisión frontal con la bicicleta iba a una velocidad de entre 57 y 69 km/h. La geolocalización de dispositivos móviles y los vídeos de cámaras sitúan al procesado en el lugar y hora de los hechos.

El de Suesa fue el accidente que más víctimas registró este año. Un conductor, Jaime Acebes, que casi triplicaba la tasa de alcoholemia, segó la vida de tres peatones frente al camping Somo Parque. Los fallecidos eras turistas residentes de larga estancia en este establecimiento de Ribamontán al Mar. Se trataba de Erika Rey, de 42 años; su hijo Izan Río, de 19 años –procedentes del País Vasco); y María Teresa Ramos, de 68 años, amiga también de la familia, natural de La Rioja.

El juez de guardia acordó la libertad con cargos del conductor, pero tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares recurrieron esta decisión y la Audiencia Provincial les dio la razón, enviando a prisión al implicado «para garantizar que no siga siendo un peligro para la seguridad del tráfico, tanto rodado como peatonal». El caso sigue en fase de instrucción a la espera del informe del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Guardia Civil.

Entre los once casos de tentativas de homicidio, hay uno que dio la vuelta al país a través de las redes sociales. Fue el de la brutal paliza que tres hombres propinaron a otro en el aparcamiento de un supermercado de Laredo y que un testigo grabó, lo que permitió a las fuerzas de seguridad detener a los autores. La agresión fue un ajuste de cuentas. Los numerosos golpes que los implicados propinaron a la víctima con barras metálicas fueron la consecuencia del supuesto acoso que este varón, de 63 años, venía sometiendo desde hacía tiempo a la hija de uno de los detenidos, de tan sólo 13 años. Días después de la agresión, el juez impuso una orden de alejamiento a la víctima, investigado por un supuesto delito de acoso a menores.

Los agresores fueron enviados a prisión, donde permanecen a la espera de juicio.

El 'caso Obras Públicas', el de la supuesta adjudicación irregular de obras en carreteras a un grupo de empresas a cambio de suculentas mordidas, ha sido el asunto judicial con más repercusión en Cantabria, sobre todo, a nivel político. De hecho, el mismo Revilla achacó, en parte, su derrota electoral del pasado mayo a este asunto, que estalló con la detención de ocho personas y la entrada y registro de la Consejería de Obras Públicas, varios domicilios y empresas. Aunque poco a poco se van despejando algunas de las incógnitas que rodean a esta trama, todavía se desconoce si hay algún otro implicado además del exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez –que estuvo en prisión provisional seis meses–, su mujer y sus dos hijas; y cuatro empresarios.

El caso está en fase de instrucción. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está elaborando un informe con la documentación y la información de los ordenadores que requisaron durante los registros –en empresas y domicilios– que realizaron el pasado 22 de febrero, cuando se destapó el entramado.

A lo largo de este año se juzgaron varios casos de asesinato y homicidio de años precedentes, como el del matricida de Calvo Sotelo, Rafael Larios, al que el magistrado Ernesto Sagüillo condenó a 23 años de cárcel. Todo ello después de que un jurado popular lo declarase culpable, por unanimidad, del asesinato (con alevosía y ensañamiento) de su madre Pilar Moreu, una enfermera jubilada, de 79 años, con la que residía (además de con su hermano), en Santander. El TSJC ratificó después la condena.

La magistrada Paz Aldecoa condenó a 17 años de cárcel a Guillermo Bruces por asesinar a Adela Corral, la mujer de 69 años que le acogió en su piso de Marqués de la Hermida, en Santander, y que murió asfixiada. Además, el ahora condenado tendrá que indemnizar con 50.000 euros a cada una de las dos hijas de la víctima.