Cinco parlamentarios cántabros piden los 7.200 euros de indemnización hasta el 10-N

Es voluntaria y se pensó para que los afectados, en su mayoría funcionarios, no tuvieran que regresar a su puesto cuando probablemente van a volver a conseguir un escaño tras la repetición de los comicios. Es decir, porque se entiende que la reincorporación por unas pocas semanas -durante la campaña electoral tienen por ley días libres- causa más trastornos que beneficios. Aunque son los propios parlamentarios los que tienen que realizar la solicitud, los grandes partidos -PSOE y PP- suelen realizar este trámite administrativo para todos sus miembros de forma conjunta.

En las filas de los socialistas cántabros, los que consiguieron más representación el pasado 28 de abril, ingresarán esta cantidad la diputada María Jesús Calva y la senadora Rocío Rábago. La delegación de Bonifaz en Madrid tiene -o tenía- otros tres miembros que no percibirán esa indemnización. Por un lado Luis Clemente e Isabel Fernández, que pertenecen a la Diputación Parlamento de la Cámara Baja y la Cámara Alta, respectivamente. Ellos mantienen su retribución normal porque formalmente aún no han cesado. Y el quinto es el senador Gustavo García, que justo en el momento de cesar fue nombrado director general de Trabajo en el Gobierno de Cantabria, por lo que tiene un salario que es incompatible con esos 7.200 euros.

Sí lo han pedido, a través de su partido, los populares Diego Movellán y Javier Puente, número uno al Congreso y al Senado el 28-A y repetidores como cabezas de lista el 10-N. La misma cantidad y por los mismos motivos. El PP consiguió esos dos representantes en las últimas elecciones y ambos tienen derecho a la indemnización. Igual que Rubén Gómez (Ciudadanos), aunque ha sido él quien ha tenido que realizar el papeleo directamente, no como los socialistas y los populares.

El único parlamentario electo del PRC, José María Mazón, está en la misma situación que Clemente, porque es miembro de esa Diputación Permanente, un órgano que funciona para despachar asuntos de urgencia o que no pueden esperar cuando las Cortes están disueltas. El otro regionalista en Madrid, el senador José Miguel Fernández Viadero, es un caso distinto. Él fue elegido en las urnas indirectamente, ya que tiene su escaño por designación autonómica, por lo que su mandato de cuatro años coincide con la legislatura autonómica, no con la nacional. Como el que salió del Parlamento de Asturias o del País Vasco, por ejemplo, en este impasse no deja de ser senador aunque el Senado esté 'cerrado'.

Por otra parte, en los próximos días se conocerán las subvenciones que recibirán los partidos para sufragar los gastos electorales en la próxima campaña. En esta ocasión durará menos tiempo (una semana), aunque aún está por ver si se ajustarán también las ayudas a las diferentes formaciones. Las subvenciones por voto y por escaño conseguido sumaron por las del pasado 28 de abril 524.440 euros para los partidos cántabros, que se dividirán entre PSOE, PP, Ciudadanos y PRC, las cuatro fuerzas con representación en las Cortes.

El reparto es 21.167,64 euros por escaño obtenido, 0,81 euros por cada uno de los votos en la candidatura al Congreso (siempre que se haya conseguido al menos un diputado) y 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por el candidato que saliera elegido senador. Dados los resultados, el más beneficiado fue el PSOE, con más de 200.000 euros.