La circulación por el centro de Santander y Torrelavega se mantiene sin restricciones

Los casos de Santander y Torrelavega no son únicos. La Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval) estima que solo 20 de los 149 ayuntamientos (13%) que tendrán que implantar zonas de bajas emisiones en sus territorios en 2023 han «iniciado la presentación de sus medidas» por lo que ha urgido a los consistorios a que publiquen las normativas lo antes posible.

Los ayuntamientos hacen responsable de esta situación al propio Gobierno central, al recordar que hasta el pasado martes el Ejecutivo no aprobó el decreto que regula las zonas de bajas emisiones.

En Torrelavega anunciaron hace semanas un avance de cómo se aplicaría la nueva ley. Se llegó a publicar un mapa que delimitaba en color azul los barrios de la ciudad que quedarían incluidos en dicha zona con restricciones al tráfico y que comprendía desde el barrio de La Llama a El Zapatón; pero todo ha quedado en agua de borrajas. «No vamos a poner ninguna restricción a ningún vehículo porque no estamos por la labor de que ninguna de estas normas pueda causar un perjuicio o altere para mal la economía de nuestra ciudad», dijo entonces el alcalde de la ciudad, Javier López Estrada.

Lo advirtió también este pasado martes el portavoz del equipo de gobierno de Santander, Javier Ceruti (Cs), que «no ve posible» tenerlo listo para dicha fecha. Santander es uno de los municipios que ha mantenido su postura firme respecto a este asunto desde el primer día; aunque no es óbice para que en la capital cántabra «se venga trabajando en este sentido desde hace tiempo», señala el concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz.

«Hemos avanzado en una línea lógica de actuación, incidiendo en los beneficios de una movilidad cada vez más sostenible buscando una menor dependencia del vehículo privado; fomentando el transporte público de calidad, moderno y eficiente. También con un plan de renovación de la flota para reducir la contaminación y mejorar las prestaciones; impulsando los modos de transporte alternativos, como son la bicicleta y los desplazamientos a pie y apoyando al sector del taxi». «No podemos improvisar, tenemos que ser muy responsables. Bastantes incertidumbres tenemos ya a nivel nacional e internacional como para incluir más incertidumbre aún a los ciudadanos y a quienes pueden ver peligrar la economía de sus negocios por esta medida. Así que no queda más que esperar», insiste Díaz.

Las estimaciones de diferentes organizaciones del sector del automóvil apuntan que la implantación de estas medidas afectará a casi cuatro millones de vehículos sin etiqueta medioambiental de los en torno a 11,5 millones de coches que circulan en las ciudades españolas en obligación de tener una ZBE en 2023.