Ciudadanos y Carrancio se ofrecen a aprobar los Presupuestos si bajan los impuestos

Pero detrás del escenario, entre bambalinas, se practica la otra política. Conversaciones, negociaciones alejadas de los micrófonos y las cámaras. En los últimos días, incluso antes de que se presentasen el lunes por la mañana las cuentas, tanto Ciudadanos como Carrancio mostraron su disposición en conversaciones informales por los pasillos de la Cámara y comentaron sus exigencias de cara a plasmar un acuerdo presupuestario. Los de Félix Álvarez ya mandaron al PRC-PSOE sus propuestas por escrito a finales de la semana pasada y serán los primeros invitados a la mesa de negociación antes del fin de semana. La semana que viene, a partir del miércoles, se reunirán con el resto.

La elección de celebrar el primer encuentro con los naranjas no es baladí. Es un guiño después de que el año pasado el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Rubén Gómez, se negase siquiera a dialogar al plantear el Gobierno una negociación paralela con su excompañero Juan Ramón Carrancio, que abandonó el partido, pero se quedó con el escaño. Ahora los naranjas están dispuestos a volver al redil con cuatro condiciones «irrenunciables»: la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que tendría un efecto directo de 50 millones; la bajada de dos puntos del IRPF en los dos primeros tramos autonómicos, que puede suponer cerca de 200 euros para cada afectado; la Ley de Protección Integral de Denunciantes por Corrupción, y la eliminación de duplicidades en las empresas públicas.

«Desde Ciudadanos estamos en disposición de hablar, discutir y negociar unos Presupuestos Generales de Cantabria que bajen los impuestos de la clase media trabajadora», explicó Álvarez, quien lamentó que se «ha perdido la oportunidad de aliviar el bolsillo de los cántabros». Además, mostró su «sorpresa» ante la previsión de crear una oficina anticorrupción, que califica de «paripé que ni el propio Gobierno se cree». «El Ejecutivo no debe hacer experimentos con algo tan importante como la transparencia de la Administración», consideró.

Por ello, el portavoz de la formación y diputado nacional se inclinó por aprobar la Ley de Protección Integral de Denunciantes por Corrupción que ha presentado su partido, para «defender de posibles represalias a los empleados públicos, con el fin de continuar avanzando en el impedimento de corruptelas en las instituciones».

A pesar de las críticas, desde los partidos que sustentan al Gobierno creen que algunas peticiones de los naranjas son viables, aunque el consejero de Economía, Juan José Sota, ya pidió responsabilidad a los grupos de la oposición porque las cuentas estaban «muy ajustadas».

La otra opción más viable es volver a pactar con su último socio: Juan Ramón Carrancio. El diputado del Grupo Mixto fue clave el año pasado para que el bipartito consiguiese dar luz verde a sus cuentas. A pesar de que las acusaciones de «transfuguismo», Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga, pese a sus reticencias, finalmente no dudaron en usarle de llave. Sin embargo, los socialistas quieren evitar que se repita esta imagen a unos meses de las elecciones.

«Me gustaría aprobar el Presupuesto», insistió ayer el diputado. «Pero no a cualquier precio». El parlamentario hará llegar por escrito esta semana sus exigencias al Gobierno: «Ahondar más en la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones propiciada el año pasado, reducir el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y que el impuesto de transmisiones patrimoniales que grava la compraventa de viviendas de segunda mano se mantenga el próximo año en el 8% para todas las rentas y no solo en las inferiores a 30.000 euros».

El año pasado, Carrancio negoció que ese impuesto se mantuviera en el 8% para las rentas de menos de 30.000 euros, frente al 10% que contemplaba el Gobierno PRC-PSOE en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales que acompañaba al Presupuesto de 2018. Ahora quiere que ese 8% sea para todas.

En la otra cara de la moneda, la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, anunció que el PP se plantea presentar una enmienda a la totalidad para devolver las cuentas por ser «un instrumento de propaganda para engañar a los ciudadanos más que de desarrollo regional».

En declaraciones a los periodistas, después de un encuentro con ganaderos para hablar del proyecto de Ley de Caza y del plan de gestión del lobo, Sáenz de Buruaga apostilló que con ese documento económico el Gobierno regional «pretende engañar a los ciudadanos».

Aunque reconoció que aún no han hecho un análisis «serio y riguroso» del proyecto de Ley de Presupuestos, al no tener tiempo porque fue registrado el lunes en el Parlamento, con los primeros datos que se han estudiado la líder del PP cree que el Gobierno «insiste en la política económica fracasada que ha mantenido y sigue manteniendo en Cantabria aún en un contexto de recuperación» y continúa con «una situación de parálisis económica y estancamiento».

Sáenz de Buruaga criticó que ese nuevo documento económico no contenga «ninguna medida novedosa para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo» y, al contrario, señaló que las inversiones productivas caen un 2% y el Gobierno mantiene subidas de impuestos que ha asegurado que ha llevado a cabo en toda la legislatura.

A juicio de la presidenta regional del PP, existe un «afán recaudatorio» por parte del Gobierno PRC-PSOE, que es «absolutamente necesario revertir». También trasladó su preocupación por lo destinado a sueldos y a la deuda y ha afirmado que eso indica que «socialistas y regionalistas son una máquina de generar deuda» en Cantabria.

Los que guardan cautela son los de Podemos. A pesar de que Pablo Zuloaga les había elegido como socios preferentes, su crisis interna ha obligado a suspender las negociaciones. La secretaria general, Rosana Alonso, aseguró que están haciendo «un análisis exhaustivo desde cada una de las áreas para ver qué podemos aportar para que mejore la vida de los cántabros».