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«Propondremos una 'ley antidedazos' para que las empresas públicas sean gestionadas por profesionales y no por afines a partidos políticos». Es lo que ha avanzado hoy el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Cantabria, Félix Álvarez.
«Debemos procurar eficacia y eficiencia», ha dicho Álvarez, que ha abogado por «racionalizar el gasto» y «reducir el entramado público empresarial» que «depende» del Ejecutivo, no en cuanto a los funcionarios, «imprescindibles» para garantizar el estado de bienestar, sino a la hora de «eliminar chiringuitos de amiguetes y enchufados». «Realizaremos una auditoría exhaustiva», ha señalado Álvarez, para hacer «más efectiva, eficiente y barata» la gestión de estos organismos.
En su opinión, frente a la situación actual de Cantabria «podemos hacer como que no pasa nada o mirar para otro lado», pero los datos «no son discutibles». En este sentido, ha subrayado que en los últimos cuatro años la deuda pública ha aumentado en 746 millones de euros, pasando de 2.428 millones en 2014 a 3.171 en 2018, algo «insostenible» para una región como Cantabria. Asimismo, el candidato de Cs a la Presidencia se ha referido a la «inasumible precariedad» del mercado de trabajo, con uno de los sueldos brutos «más bajos de España», además de que la autonomía haya padecido en el primer trimestre del año «por primera vez después de 5 años», la pérdida de 261 autónomos.
«Hace falta dar un giro de 180º», ha manifestado Félix Álvarez, que ha apostado por «favorecer a los autónomos», ya que «son ellos, y no los políticos, quienes crean uno de cada cuatro empleos en Cantabria». En esta línea, ha criticado que el Gobierno de Cantabria «haya llegado a tardar hasta 92 días en pagar a los proveedores», lo que «cercena la posibilidad de desarrollar sus negocios». Una situación acerca de la que el candidato de Cs a la Presidencia ha llamado la atención, puesto que el hecho de que la comunidad lidere la caída en creación de empresas durante el mes de abril «es algo que nos perturba».
Por su parte, Marta García, número dos en la lista autonómica y empresaria ganadera, ha exigido «respeto» e «igualdad de derechos» para el medio rural de Cantabria, que -a pesar de que abarca el 80 por ciento del territorio- solo es habitado por el 20 por ciento de la población. «Todo el territorio es importante, no solo los núcleos urbanos», ha afirmado García, que se ha referido a una de las medidas «más ambiciosas y valientes» que se han adoptado en este país en relación al mundo rural, como es la propuesta de Cs para rebajar, en un 60 por ciento, el IRPF en estas áreas.
Según sus palabras, es necesario «garantizar» aspectos como la sanidad, la educación y la dependencia en estos entornos, donde «no podemos competir» debido a que «aspectos tan básicos» como la cobertura móvil «no existen». «Desde Cs vamos a poner en valor la ganadería, la agricultura, la caza y la pesca», ha sostenido la empresaria, que ha incidido en que la agroalimentación representa el 12 por ciento del PIB y el 7% del empleo nacional.
En relación a su iniciativa de fusionar ICAF y Sodercán ha opinado que ello serviría para rebajar el gasto y gestionar de una forma no solo «más barata» sino «más eficiente».
Álvarez ha aludido también a la situación de la Fundación Comillas y, cuestionado por los periodistas sobre si, en caso de gobernar, la eliminaría, ha respondido que «si no tiene ningún futuro, sí lo haría».
Esto no significaría cerrar el edificio en el que tiene la Fundación Comillas su sede, el Seminario Mayor de Comillas -propiedad de la comunidad autónoma-sino buscarle otro uso.
Por su parte, al hilo de esta cuestión, Gómez también se ha preguntado «de qué sirve» contar con una sociedad como la Fundación Camino Lebaniego.
Durante el desayuno informativo Álvarez también ha sido cuestionado por sus perspectivas electorales el 26M y se ha mostrado convencido de que Cs conseguirá unos resultados «extraordinarios» en Cantabria, aunque no ha querido traducir este calificativo en escaños en el Parlamento regional.
Tampoco ha querido profundizar en pactos postelectorales y ha abogado por esperar a que pasen las elecciones y se conozcan los resultados y la aritmética parlamentaria.
Sí ha insistido en que «no va a poner», «de antemano», «líneas rojas» con «ningún partido político».
Cuestionado sobre esos pactos para formar Gobierno y sobre si Cs, en caso de tener que prestar apoyo a otro partido, exigirá entrar en el Ejecutivo, Álvarez ha asegurado que el «objetivo» de su partido en «gobernar».
Así, ha señalado que Cs, a nivel nacional como en las diferentes comunidades autónomas, ha prestado durante cuatro años apoyos puntuales para favorecer la gobernabilidad y estabilidad «sin pedir nada a cambio» y ahora «sí está en disposición de entrar en el Gobierno».
Además, ha señalado que «seguramente, el 27 de mayo», después de las elecciones, puede que sean otros partidos los que van a tener que dar a Cs su apoyo.
El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Santander, Javier Ceruti, ha apostado por poner a los vecinos «en el centro de la planificación urbanística», y ha asegurado también que contará con su opinión y la de colectivos profesionales para evitar «cometer los errores del PP» en la ciudad, entre los que ha citado el Metro TUS.
Así lo ha dicho tras reunirse con la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con la que Ceruti ha compartido la visión de la formación liberal acerca de que el «elemento esencial» de cualquier actuación municipal «de ahora en adelante» va a ser la «participación vecinal».
«En cada una de las actuaciones que se acometan en la ciudad plantearemos todo desde cero antes de comenzar a hacer nada», ha indicado el aspirante de Cs, algo que, según él, «no ha hecho el Ayuntamiento hasta la fecha».
En este sentido, ha criticado que el Consistorio «tomaba las decisiones en pequeño comité», lo que ha llevado a «generar problemas a los vecinos» que han obligado a «echar atrás» proyectos con «importantes inversiones públicas», como ha sido el citado Metro TUS.
Asimismo, Ceruti ha apostado porque en el desarrollo urbanístico de Santander intervengan «todos los interesados» que, además de los propios vecinos, son «los colegios profesionales y las asociaciones de ciudadanos».
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