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La detención este pasado lunes en Cantabria de seis personas relacionadas con un club de cannabis de Santander ha reactivado el debate sobre su legalidad. ... Estas organizaciones, que se fundan e inscriben legalmente en el registro de la Consejería de Presidencia, se ha triplicado prácticamente desde hace ocho años. La región cuenta en la actualidad con 71 asociaciones, que son 43 más de las que había en 2016.
La mayoría se mueven en la alegalidad y reivindican el uso terapéutico de la marihuana. Simplificando, pueden constituirse legalmente, sus miembros pueden acudir para fumar allí pequeñas cantidades, pero no pueden cultivar, almacenar ni vender lo que la ley califica como sustancia ilegal. «Sobre el papel, se crean para promover la cultura y el conocimiento del cannabis, eso dicen la mayoría de los estatutos fundacionales», explica Ángel Santiago, delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en Cantabria, encargado de hacer un control de legalidad previo a que la Secretaría General la Consejería de Presidencia incluya oficialmente estas asociaciones en el registro. «Pero a veces detectamos que acaban vendiendo droga a todo el que llama a la puerta; y claro el problema es que acaban convirtiéndose en estancos de venta de marihuana», sentencia.
Principalmente, nacen y se parapetan al abrigo de dos cuestiones: el derecho constitucional de asociación y la doctrina del consumo compartido. «La tenencia de drogas para el consumo propio, vamos, que una persona en su casa se fume un porro, no es constitutivo de delito», subraya. «Es una conducta que se extendió por el Tribunal Supremo hasta dar con lo que se ha venido a denominar consumo compartido», añade. Es decir, que si un grupo de personas supera el filtro burocrático y queda en un local para fumar marihuana, pueden hacerlo aunque con algunos peros. «El consumo compartido es atípico, pero tampoco es una conducta en la que el derecho penal entre. Lo que ocurre es que ese consumo compartido en los clubes cannábicos se acaba sobrepasando la mayoría de las ocasiones», afirma.
La gran duda es saber cuándo la actividad puede ser considerada uso compartido y cuando no. «Depende de la cantidad de marihuana que haya en el local. No puede exceder la estipulada para el consumo diario de una persona, que son dos gramos», relata el fiscal antidroga. «Pero claro, a veces en una asociación hay cinco personas y en el registro que hacemos incautamos 3, 5 o 20 kilos. Ahí ya no hay consumo compartido, simplemente es droga para vender y traficar», concluye.
El Supremo suele reprochar casi siempre lo mismo a los clubes cannábicos: para conseguir fumar la droga en grupo, algo que es legal, tienen que acudir al mercado negro para abastecerse. Porque en España tanto el cultivo como la venta de marihuana están prohibidas. Parece contradictorio, pero es esta alegalidad la que permite la existencia de estos colectivos. Una persona puede asociarse, acudir a un local y fumarse un porro, pero la compra de la hierba es lo que es totalmente ilegal.
La última Memoria de la Fiscalía –con datos de 2022– alertaba de «un preocupante aumento del consumo de sustancias tóxicas, especialmente las denominadas 'drogas que no causan grave daño a la salud', como hachís y marihuana, en un gran número de los menores que delinquen y que consumen prácticamente a diario». Es precisamente la presencia de quienes aún no tienen la mayoría de edad uno de los principales motivos que hace a las autoridades intervenir en los clubes cannábicos. «La Policía no se infiltra cuando son, por decirlo de alguna manera, cuatro socios los que están fumando dentro. Lo hace, en primer lugar, cuando detecta menores, segundo cuando se vende cannabis a personas ajenas a la asociación y tercero cuando constatan que en el interior puede haber incluso una plantación o que hay un acopio que supera en mucho el número de gramos permitidos», concluye el delegado de la Fiscalía Especial Antidroga, que alerta de otros problemas. «Me han llegado casos de personas que forman parte de algunas juntas directivas que reciben presiones de gente que se dedica a la venta de marihuana. Los traficantes las utilizan para distribuir su droga», concluye.
La compañía aseguradora alemana ARAG explica en su web los requisitos para crear una asociación cannábica: «Los socios fundadores no pueden tener antecedentes penales, que deberán acreditar con el correspondiente certificado oficial y actualizado». Además, «la asociación deberá cumplir con los horarios, las exigencias sanitarias y las condiciones de iluminación e insonorización de los locales». Y, por último, «deberán revisar lo recogido en los estatutos de la comunidad de propietarios si el local está ubicado en un edificio cuyo régimen de aplicación sea el recogido en la Ley de Propiedad Horizontal».
El Ministerio de Sanidad ha iniciado esta misma semana los trámites para regular el cannabis de uso medicinal. «Es una deuda que teníamos y es una buena noticia porque va a mejorar algunos de los síntomas de los pacientes y también va reducir, en algunos casos, su sufrimiento», afirmó su titular, Mónica García. «Tiene detrás toda la evidencia científica y los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Posee, además, un respaldo social que nos ha impulsado a iniciar su regulación mediante un real decreto», subrayó. Tras varios años de atasco y de promesas incumplidas a los pacientes, Sanidad ha sacado a consulta pública la normativa que establecerá la regulación de esta sustancia para su utilización terapéutica y ha abierto un correo en su página web para que los ciudadanos puedan realizar aportaciones. Dentro de este nuevo impulso, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se ha reunido con 19 colegios profesionales y sociedades científicas que, según apunta, han dado su apoyo a la medida.
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Ana del Castillo
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