«El Código Penal trata a la mujer como menor de edad en la violencia de género y es un error»

-La comisión de expertos nace después de la sentencia de La Manada. ¿Es bueno legislar en caliente?

-No se debe legislar a golpe de suceso. El Código Penal de la democracia entró en vigor en 1996 y desde entonces se ha reformado más de treinta veces. La consecuencia de no legislar de manera conjunta sino a retazos es que las normas son poco armónicas.

-¿Es necesario reformar ahora el Código Penal respecto a los delitos sexuales?

-Sí, pero no debemos manifestar venganza ante un delito porque a la sociedad le parece que hay que castigarlo más. No por castigar más, prevenimos más el delito. El Código Penal también ha de ser educativo y tiene que tener un efecto de prevención general para todos.

-Muchas veces da la sensación de que la sociedad va por un lado y las normas penales por otro, sobre todo en este tipo de delitos.

-El Derecho es una ciencia, no es un arte, y exige años de reflexión, estudio y práctica. Los conceptos jurídicos no coinciden normalmente con los conceptos vulgares y muchas veces ni siquiera con los gramaticales. Por lo que no siempre es posible que los legos los comprendan. Pero en determinados delitos, como los de la libertad sexual, tenemos que ser especialmente sensibles y hacernos comprender.

-¿En qué sentido tiene que ir la reforma de estos delitos?

-Es fundamental hacernos entender. La sociedad entiende por violación cualquier penetración sin consentimiento y, en cambio, el concepto jurídico penal no es ese, porque la penetración sin consentimiento no siempre es violación. Eso hay que armonizarlo y atender a esa perspectiva social. Podemos establecer que siempre que haya penetración sin consentimiento, se le llame violación. La gente tampoco entiende la diferencia entre abuso y agresión sexual. El abuso sexual no debería existir porque la sociedad demanda que, siempre que no se consienta, debe entenderse agresión y yo estoy de acuerdo. Debemos suprimir el término abuso porque tiene una connotación de derecho de uso. A eso me refiero cuando digo que tenemos que armonizar el Código Penal con lo que la sociedad demanda.

-En 1995 se aprobó un Código Penal nuevo. ¿En qué ha cambiado la situación de la mujer desde entonces?

-El Código Penal de la democracia estableció una reforma de los delitos sexuales que casi son los mismos que hoy demanda la sociedad, pero falla la semántica. En la época franquista estos delitos sexuales protegían la honestidad de la mujer, pero, de rebote, se estaba preservando al hombre, al marido, al padre... En el Código Penal de 1995 se protege la libertad y la indemnidad sexual; el término violación desapareció y, como hubo cierta polémica, se introdujo, pero sólo para los casos de penetración con violencia o intimidación, no para los abusos. Por eso, en el caso de La Manada, aunque no se habla de violación, existe igualmente penetración con abuso. Pero hay que armonizar los conceptos vulgares o sociales con los jurídicos.

-¿Qué falló en la sentencia de La Manada, los jueces o la ley?

-Ni los jueces ni la ley. Se ha condenado por abuso sexual de una manera adecuada, aunque también pudiera haberse condenado por agresión (violación) -y para eso están los recursos-, pero se han puesto nueve años de condena, que es mucha pena, aunque socialmente parece que hayan sido absueltos. Pero es necesario que a eso se le llame también violación, porque hubo penetración sin consentimiento.

-Entonces, si no ha fallado nada, ¿por qué se ha montado esta marimorena?

-Porque el voto particular ha sido nefasto, escandaloso y no se entiende. Está basado en un entendimiento fatal de la sicología femenina. Tenemos que replantearnos si es necesario que los votos particulares forman parte de la sentencia.

-¿Se ha pretendido juzgar desde la calle o deslegitimar al tribunal?

-El problema es que la ciudadanía cree que sabe de Derecho, cuando hay que tener conocimientos científicos para aplicarlos a los hechos y eso no es fácil. La Administración de Justicia sabe convivir con el ruido de la calle. En el caso de La Manada los jueces han creído a la víctima, lo que ocurre es que las conclusiones del tribunal no son las mismas que saca la calle.

-¿Es necesario formar a los jueces en igualdad?

-Claramente no. El juez tiene que venir educado de casa. No se trata de formar a los jueces en igualdad, sino de formar a las personas. ¿Cómo se va a formar a un juez en igualdad si no tiene un bagaje cultural de igualdad desde que tiene uso de razón? Es imposible.

-¿El pacto contra la violencia de género introduce la necesidad de formar a todos operadores jurídicos desde la perspectiva de género?

-Es un acto de voluntarismo que da muy poco resultado si no se comienza la educación desde la infancia.

-¿Diría que la libertad sexual de las mujeres está amenazada en este país o hay mucha propaganda en esto?

-De lo que tenemos que tener cuidado es de que no se amenace la libertad sexual de cualquiera. Corremos el riesgo de cerrar el círculo y de considerar a las mujeres como menores de edad. Ahora mismo el Código Penal contiene determinados aspectos que protegen en exceso a la mujer y eso es porque la considera inferior al hombre; la considera, como menor de edad.

-¿A qué aspectos se refiere?

-A la violencia de género. Estoy en contra de que se proteja más a la mujer que al hombre en los supuestos de violencia de género. Mi marido y yo somos iguales y no es razonable que se le castigue más a él que a mí en el caso de nos agrediéramos mútuamente. Eso es lo que hace el Código Penal ahora.

-Usted va contra corriente.

-El Tribunal Constitucional entendió que la mujer está más necesitada de protección porque lo frecuente es que un hombre agreda a una mujer y no a la inversa. Basarse en la cantidad es un fundamento que no comparto, no se da el mismo tratamiento en el delito de homicidio, donde se castiga igual al hombre que a la mujer a pesar de ser también más frecuente que la mujer sea la víctima. La cuestión es, si ante el mismo hecho de maltrato debe castigarse menos a la mujer que al hombre. Creo que va contra el principio de igualdad, y además no es bueno para las mujeres porque nos coloca en una situación de inferioridad. Esta norma nos considera más débiles, física, intelectual y psicológicamente.

-¿Va a hacer valer esta visión en la comisión de expertos?

-No nos han encargado, de momento, el estudio de esos delitos, pero considero que en determinados aspectos hemos retrocedido respecto a los logros de la democracia, volviendo a la época franquista en lo que a protección de la mujer se refiere, lo que conlleva pérdida de libertad. Creo que donde debe ponerse el acento es en la escuela, de manera que desde la infancia tenga conciencia de igualdad de su capacidad y derecho de trato que el hombre.

-¿Es feminista?

-Feminista, en el sentido de igualitarista, lo he sido desde que nací, y lo he demostrado siempre.

-¿El feminismo es tendencia?

-El objetivo tiene que ser siempre construir sociedades justas e igualitarias. Estoy en contra de las modas, porque pasan, y las buenas ideas deben permanecer.

-¿Que le parece que Ana Botín se haya declarado ahora feminista?

-La presidenta del Banco Santander, como en su día lo hizo su padre y antes su abuelo, quiere consensuar con la sociedad. Son personas inteligentes y quieren buscan el consenso social. Hacen una política comercial de interés para el Banco Santander y me parece muy bien. Además Ana Botín ha sido educada en igualdad con los hombres.

-¿Cree que la división de poderes está amenazada?

-En absoluto. Los jueces en nuestro país logran su cargo con una oposición y son inamovibles y completamente independientes.

-¿Fue la primera mujer en la Junta del Colegio de Abogados de Cantabria. ¿Se encontró con alguna dificultad por ser mujer?

-Jamás me he sentido discriminada en el ejercicio de mi profesión por ningún compañero ni por los jueces por ser mujer.

-Lleva 40 años en la profesión, ¿cómo ha evolucionado la Justicia en Cantabria?

-El acceso de la mujer ha sido imparable, y la justicia y la calidad del Derecho en nuestra región es excelente. Cantabria destaca por el nivel de la abogacía y de sus jueces.