Ana Belén Álvarez (Santander, 1963) fue durante la primera ola de la pandemia la mujer que estaba al otro lado del teléfono de los responsables ... de las residencias de mayores, las que más duro sufrieron el primer golpe del coronavirus. Con las empresas de la dependencia, que entonces echaban en falta medios materiales y humanos para hacer frente a una situación inédita y que también reconocieron la implicación de la socialista para superar la crisis, ha trabajado desde entonces para que aquel escenario no se vuelva a repetir. Cruza los dedos, pero de momento, «todos juntos, Políticas Sociales, la Consejería de Sanidad, el sector y los profesionales», lo están consiguiendo.
–La incidencia del covid en esta segunda ola está siendo mucho menor. ¿Las medidas y protocolos están funcionando?
–Los días pasan y es verdad que se nos olvida lo que ocurrió. Hoy hablamos de asintomáticos como algo totalmente natural y sabemos que contagian igual que el que enferma en la residencia, pero meses atrás no sabíamos ni que existían. Hoy eso ya lo conocemos, como hemos aprendido muchas más cosas. Y tenemos mayor protección, no como en el momento más crítico, que coincidió con un desabastecimiento mundial. Por eso, y porque han funcionado unos protocolos muy consensuados que antes no existían, se ha ralentizado la pandemia en las residencias y el impacto es mínimo. De marzo a julio tuvimos 130 usuarios fallecidos y desde entonces sólo tres. Una muerte siempre es una noticia triste, pero da muestra de que se ha trabajado de forma muy coordinada con los centros, tanto nosotros en Servicios Sociales, como Sanidad.
–Uno de los mayores problemas de los centros fue la dificultad para encontrar personal.
–Ese es uno de los momentos que yo más difícil he vivido en lo personal. Se hizo una bolsa de voluntarios, se buscó desde las oficinas de empleo... Era muy duro porque no tenían gente. Y fueron capeando el temporal como buenamente se podía. Hoy la respuesta no sería la misma y quizás hay menos miedo por parte de los profesionales, pero es cierto que hay falta de profesionales. Hemos pedido que haya una flexibilidad a la hora de contratar a profesionales con conocimiento del trabajo, aunque no tengan el título concreto. El que tenga la titulación debe tener prioridad, pero no podemos volver a situaciones ya conocidas si vuelve otro momento crítico.
–Siempre que hay una crisis y se ven las costuras de un modelo aparece esa reflexión de repensar el sistema y después cae en el olvido. ¿Pasará lo mismo con las residencias?
–Otra de las cosas más importantes que hemos aprendido con la pandemia es que los centros tienen que tener una gran capacidad de adaptación en cuanto a hacerse más modular por zonas o áreas y crear lugares específicos de atención individualizada a la persona. Ese es el horizonte al que tenemos que ir. También se ha demostrado que los macrocentros no son el modelo, pero eso era algo que ya teníamos previsto antes del covid. Ya habíamos planteado centros de no más de 150 plazas. Se ha visto que el coronavirus ha entrado en residencias de todos los países con modelos muy distintos. También en las medicalizadas. Nosotros no vamos por la corriente de medicalizar y tampoco las asociaciones y los expertos van por ahí. Lo que tendremos que hacer es reforzar su atención a través de la sanidad pública dentro de las residencias.
–¿Cómo ha afectado la alta mortalidad y el descenso de la demanda a las listas de espera? ¿La intención de ampliar las plazas sigue vigente?
–Hoy, en el único lugar en el que hay lista de espera es en el área de Santander. En el resto de puntos hay plazas libres en residencias. Es cierto que a algunos demandantes les llamas y tienen miedo. Y nos dicen que prefieren esperar a que pase todo esto para ocupar su plaza aunque luego pierdan el turno. Lo que tienen que saber es que en las residencias, hoy, tienen todas las medidas de seguridad.
–¿El covid ha trastocado la implantación del nuevo modelo de calidad y precios de las empresas de la dependencia que quería desarrollar la consejería?
–Lo tuvimos que parar en marzo y lo hemos retomado este verano. Se irá viendo cómo avanzar progresivamente en mejorar el precio público. Más calidad de asistencia es más dinero y, si ahora no tenemos ese dinero disponible, lo que sí hay que hacer es sentar las bases para tener cada año más recursos. Los centros son conscientes. Y nosotros también somos conscientes de que lo que les exijamos debe ir acorde a lo que les podamos pagar.
–¿Cuántos de los trabajadores que entraron en ERTE aún no se han incorporado?
–De los 35.000 que llegó a haber, siguen unos 2.400. De sectores muy variados. No quiere decir que las empresas tengan a todos los trabajadores en ERTE ni que sean los mismos. Están los expedientes vivos y puede haber entradas y salidas.
–¿Entiende que el modelo ha funcionado y que se han evitado los despidos, como se quería?
–En Cantabria ha funcionado. Esa gente que ha salido del ERTE se ha reincorporado. Eso no quita que hubiera contratos temporales que entraron en ERTE y después llegaron a su fin sin la renovación, pero eso ya es otra cosa. La nómina del SEPE en julio fue de 207 millones de euros por esas prestaciones. Nunca, ni en lo peor de la crisis anterior, se llegó a ese nivel.
–¿Cómo prevé que evolucionen las tasas de empleo en la región?
–Es complicado saberlo. La industria, que es el pilar fundamental y lo que tiene que ser la base de la economía y del mercado de trabajo, nos está diciendo que están mejor de lo que en un primer momento preveían. No mejor, sino bastante mejor. Y sabemos que hay una demanda muy grande de electrodomésticos, del sector de la rehabilitación, el sanitario y sociosanitario… Ahí han sido los repuntes del empleo.
–Estamos siete puntos por debajo de la tasa de desempleo nacional, pero en septiembre subió el paro en contra del resto del país. ¿En qué situación estamos?
–No puedes mirar la serie histórica, porque nunca hemos vivido hasta ahora una pandemia. Evidentemente estamos peor que hace un año, pero el golpe ha sido menor que la media. No pensábamos que la recuperación del empleo en verano iba a ser tan importante. En afiliación, en este momento crítico, es evidente que el dato es peor que en 2019 o 2018, pero ahora es mejor ya que en 2017. En septiembre de 2013, en lo peor de aquella crisis, había 21.000 afiliados menos en la región que ahora. ¿Se va a mantener esta mejora? Hay muchas variables que tienen que ver con la pandemia y, sobre todo, que la economía aprenda a convivir con ella.
–Como responsable de Empleo y Asuntos Sociales tiene que interlocutar en Madrid con dos ministros de Podemos ¿Qué sensación le transmiten?
–Es algo anecdótico. Con la ministra Yolanda Díaz he hablado en muchas ocasiones y tengo con ella una relación cordial. La llamo y me llama. Con Pablo Iglesias no he hablado en ningún momento. Sí con el secretario de Estado. Es diferente.
–Con Díaz comparte esa idea de dar prioridad al Diálogo Social.
–Eso es fundamental. Y eso aquí, en Cantabria, se trabaja muy bien. Con ellos, patronal y sindicatos, firmamos el acuerdo para las medidas del Plan de Choque contra el covid. Una región con paz social como la nuestra se traduce en inversión. Las multinacionales, lo primero que miran antes de invertir, es eso. Junto a la negociación colectiva, es lo que vertebra las relaciones laborales de cualquier territorio. Y ahí somos un modelo a seguir.
–¿Cree que las empresas cántabras son responsables en el ámbito de las relaciones laborales?
–En general, la mayoría de los empresarios de Cantabria, cumple. Pero tenemos que incidir en los que no lo hacen. Las campañas de la Inspección de Trabajo están dirigidas a detectar irregularidades en el mercado de trabajo de todo tipo, pero también a poner en valor al que cumple.
–Mientras el Estado avanza en el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, ¿qué está pasando con la Renta Social regional?
–El Ingreso Mínimo Vital del Estado es muy bueno, pero está aún sentando las bases. Nosotros seguimos recogiendo solicitudes de la Renta Social y reconociendo el derecho. Sí obligamos a justificar que han solicitado el IMV y están a la espera de respuesta. Hay otras autonomías que han dejado de hacerlo, pero eso deja a gente tirada mientras espera. De momento, en Cantabria, el Ministerio ha reconocido a 1.086 perceptores del IVM. De ellos, la mitad era ya beneficiaria de RSB, y de la otra mitad, nosotros complementamos porque el dinero que recibirán es menor a lo que tendrían con la RSB. Hay gente que dice que son complementarias. No, sólo es complementario desde el Gobierno regional si con la Renta Mínima no llegas al tope.
–Entonces, ese cálculo que hizo el presidente Revilla de que se ahorrarían 20 millones y se podrían utilizar para otras prestaciones, parece que no será así.
–Ese dato no ha salido de la Consejería. Puede que progresivamente sí se note una reducción en el gasto por las ayudas de la Renta Básica con la llegada del Ingreso Mínimo, pero a la larga. Ahora mismo no ahorramos nada. Hemos dado a algunos de baja porque han empezado a cobrar del Estado, pero a la vez hemos reconocido a otros nuevos.
«Queremos un mayor parque público y una bolsa de vivienda vacía para alquiler social»
–¿Qué tienen que esperar los cántabros de la Ley de Vivienda que se está tramitando?
–Queremos que tenga tres partes. El acceso a la vivienda como derecho social, la recuperación de las zonas degradadas de entornos urbanos y la rehabilitación de viviendas dentro del entorno de eficiencia energética. Y lo que queremos es reforzar el concepto de la vivienda de alquiler. De hecho, nos encontramos con 282 viviendas en el parque público y ahora tenemos 321. Estamos en ello y queremos llegar a 389 a final de año. Al mismo tiempo, se va a crear una bolsa de vivienda vacía gestionada por el Gobierno de Cantabria para destinarla al alquiler con la garantía que da la Consejería.
–¿Cómo se consigue que alguien con una vivienda vacía la ponga en el mercado? La propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) quería ir un poco más allá.
–Lo que requiere estas cosas es un consenso para que no cambie cada legislatura. Vamos a buscar las viviendas vacías, pero desde la voluntad del propietario que la cede para alquilar con un precio asequible. El incentivo es la garantía de que va a cobrar y no habrá sorpresas. Dentro del proceso de participación, por supuesto que estará la PAH. Y con el máximo respeto a la propiedad privada y a la voluntad del propietario. Si quieres mantener tu vivienda vacía, la puedes tener vacía, pero que no sea por miedo a alquilarla.
–¿Y cómo se garantiza el acceso a la vivienda?
–Con un precio asequible de esos alquileres en función de los ingresos. También queremos trabajar con los bancos, que son grandes tenedores de viviendas. Y que haya una colaboración público-privada, por ejemplo, nosotros cediendo el suelo y que la empresa construya y explote como parque de alquiler.
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