Los colectivos opuestos a la Ley del Suelo creen que «fomentará la despoblación»

Un argumento que niegan los colectivos que se oponen a la iniciativa. Es más, apuntan precisamente en la dirección contraria. «Liberalizar el suelo no es una herramienta para evitar el despoblamiento, más bien todo lo contrario», apunta el coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, que entiende que esta opción está pensada para los que quieran levantar segundas viviendas. En su opinión, la fórmula para conseguir acabar con la sangría de vecinos en los pequeños núcleos rurales pasa por apostar por los servicios públicos de cercanía y la oferta laboral. En opinión de la formación, en los pueblos lo que sobran son viviendas vacías y la intención de la nueva norma es trasladar el modelo urbanístico de la costa a los valles del interior.

Desde Cantabristas, entienden que los cambios que ha hecho Obras Públicas en el borrador de la Ley del Suelo son mejoras mínimas y estéticas. Aunque necesitan más tiempo para analizar el alcance de estos cambios y ver hasta qué punto la Consejería ha aceptado las alegaciones de los colectivos, creen que el texto ha pasado de ser pésimo a muy malo.

«Hay algunos matices sobre la propuesta inicial, pero la cuestión de fondo no cambia. Lo que defiende el consejero es afrontar la lucha contra la despoblación mediante la construcción de viviendas en lugares que no son los destinados a este fin. Independientemente de que ahora haya alguna limitación más que al inicio, eso es un error de concepto», entiende su portavoz, Paulu Lobete, que reclama que se aplique el sentido común y «se haga lo que parece obvio, que se pueda construir solo en terreno urbanizable», nunca en el rústico. En cualquier caso, Lobete subraya que donde Obras Públicas no ha cedido es en lo relativo a los PSIR. Con la literalidad del texto, entienden que cualquier terreno puede ser de interés regional con independencia de su uso cuando así lo decida el Gobierno. Y no lo comparte.

En la asociación ecologista ARCA mantienen las mismas reservas hasta analizar en profundidad el articulado, pero siguen la misma línea. «En el País Vasco y en Asturias no han autorizado nunca en 20 años construir viviendas en suelo rústico», compara su presidente, Carlos García. Con la nueva Ley del Suelo avanzan que hay un peligro cierto de que proliferen viviendas unifamiliares diseminadas por todo el espacio rústico y se acabe así con terrenos que durante siglos han sido de naturaleza agraria o forestal. «Es como si ahora una norma dijera que los coches pueden circular por las aceras y con el semáforo en rojo. Lo contrario a lo normal. Claro que facilita la conducción, pero perjudica al peatón», afirma.

Como en IU, en Podemos Cantabria no sólo creen que la nueva Ley del Suelo es perjudicial, sino incluso que puede ser ilegal. Y se muestran partidarios de llevar a los tribunales parte del articulado que consideran «contrario a leyes de ámbito estatal». Su coordinador, Luis del Piñal, admite que está «decepcionado» y señala que en octubre de 2020 Gochicoa anunció que se reuniría con los colectivos que alegaron contra la nueva norma para «acercar posturas», pero «esa reunión jamás se ha llevado a efecto».