El Colegio de Abogados de Cantabria ve en el Plan de Choque de CGPJ un «ataque frontal» a sus derechos

El Colegio de Abogados, cuya Junta de Gobierno se ha reunido, hace estas consideraciones de acuerdo con el contenido del documento de 'Propuestas del Consejo General de la Abogacía Española' remitido al Ministerio de Justicia el pasado 6 de abril.

Señala que la recuperación inmediata de «la actividad judicial es la primera y urgente medida de cualquier Plan de Choque que pretenda enfrentar la crisis generada por la Covid-19«.

Destaca que, con carácter general, este documento del Plan de Choque le produce rechazo «por su planteamiento unilateral» y «la falta de concreción, justificación y comprensión de gran parte de sus medidas», muchas de las cuales «exigen» una tramitación parlamentaria y su examen por órganos consultivos «que va a suponer un retraso» que le «hace perder la efectividad» que se pretende como Plan de Choque.

El Colegio de Abogados avisa de que la utilización del modelo de los denominados juzgados de cláusulas suelo para afrontar determinados tipos de reclamaciones que «supuestamente se van a plantear fruto de la crisis actual» resulta «inadmisible».

Y lo es, a su entender y en primer término, «por el resultado negativo que se ha producido» como consecuencia de la implantación de esos juzgados de cláusulas suelos, «en lo que se encuentran de acuerdo todos los operadores jurídicos, excepción hecha del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)». Y en segundo lugar «porque este modelo ya ha sido criticado por una parte de la doctrina, ante las dudas sobre su constitucionalidad».

El Colegio de Abogados avisa de que las reformas procesales que se proponen «tienen como única finalidad la obtención de unos hipotéticos resultados positivos en cuanto al alivio de trabajo en los órganos judiciales», pero sin que esas medidas «respeten el contenido básico del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva», de la que «el Plan se olvida».

Y apunta así a «la reducción generalizada de la segunda instancia, la amenaza en cuanto a la imposición de costas, e incluso multas en determinados planteamientos judiciales, el establecimiento de órganos unipersonales, el ataque a la oralidad, el dictado de sentencia 'in voce', o las limitaciones en el ejercicio de defensa en los escritos forenses». También critica la «reducción del protagonismo» de la Abogacía, «en aras únicamente a obtener resultados en la carga de trabajo».

Entiende el Colegio de Abogados que «son medidas que no pueden admitirse en modo alguno desde la perspectiva de la Abogacía«.

También afirma que la declaración de habilidad del mes de agosto es «una afrenta al derecho de descanso y conciliación familiar» de la Abogacía y los procuradores.

Supone además a su entender «un error como medida propia del Plan de Choque», pues «precisamente lo que dotaría de la eficacia pretendida» sería en su opinión el mantenimiento de la inhabilidad de agosto y la concentración de los descansos de jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios en sus mes, «manteniendo la actividad de la totalidad de la plantilla durante los restantes once meses».

«El CGPJ va a tener enfrente a la Abogacía en la puesta en marcha de medidas como las incluidas en el Plan de Choque publicado, como se pondrá de manifiesto en las alegaciones que presentará el Consejo General de la Abogacía Española«, insiste el Colegio cántabro.

Y subraya que «aprovechar las presentes circunstancias excepcionales para abordar unas medidas que nada tienen que ver con la pretendida agilización» supone «un ataque frontal al ejercicio de los derechos de los ciudadanos y a la labor de la profesión».