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La paralización del reparto de pizarras digitales en los colegios y la recomendación generalizada de controlar el uso del móvil en aulas y ... patios son dos decisiones que obedecen a un cambio en la estrategia digital de la Consejería de Educación, FP y Universidades. Así lo asegura su titular. «No podemos no hacer nada, no podemos seguir igual. Los equipamientos digitales no puede ir a más y a más sin pararnos a pensar en qué es lo mejor» para el alumnado cántabro, sostuvo ayer Sergio Silva, que inauguró en el Palacio de Festivales de Santander las I Jornadas de Sensibilización para el Uso de Dispositivos Móviles. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil imparten estos días charlas sobre ciberseguridad y se celebran diferentes talleres prácticos. Alumnado, familias y docentes son el público diana de unas jornadas que concluyen hoy.
La Consejería quiere que los cambios en la estrategia digital empapen el debate público. La idea de Silva y su equipo es «reorientarla» para «corregir» la sobreexposición a las pantallas del alumnado de menor edad, según recordó ayer el consejero. Han dado ya pasos en esa dirección, no exentos de críticas o suspicacias. Hace un par de días, la Consejería decidió detener el reparto de las pizarras digitales -las adquiridas con cargo al programa europeo 'EcoDigEdu'- en las aulas de Infantil y del primer ciclo de Primaria (1º y 2º cursos). De este modo, no se entregarán nuevas pizarras en clases con alumnos menores de 8 años para no «contribuir» a una sobreexposición que puede repercutir en su maduración y aprendizaje, dijo Silva, que se basa para ello en recomendaciones pediátricas -las de la Academia Norteamericana son las que más se aproximan- que apuntan a que la exposición a las pantallas sea nula en el primer tramo de Infantil; de una media hora diaria en el segundo ciclo, y de una hora entre los 7 y los 12 años. «No debemos contribuir» a sobrepasar esos márgenes, insistió el consejero, toda vez que «las nuevas formas de relacionarnos o de usar las pantallas a la hora de comer, a la hora del ocio improductivo, están teniendo muchas derivadas. Los pediatras nos lo llevan diciendo años».
Con ese excedente se creará un «retén de equipamiento» para «atender esas necesidades que, a veces, desconocemos en los centros», dijo ayer el consejero, que indicó que de esas aulas de Infantil y Primaria no se retirarán los dispositivos ya existentes.
A ese retén podrán optar centros sostenidos con fondos públicos, es decir, públicos y concertados. Estos últimos tienen que cumplir varios criterios, entre ellos, contar con un mínimo del 30% de su alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, es decir, estudiantes que presenten necesidades básicas de vivienda o alimentación, necesidades escolares... Como confirmó en la Cadena SER José Luis Blanco, director general de Calidad y Equidad Educativa, el excedente de pizarras se podrá «repartir también en centros concertados donde hay familias en situación de vulnerabilidad». «Todo centro público va a recibir pantallas a partir de 3º de Primaria, pero solo aquellos centros concertados que tengan alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica van a recibir pantallas en las mismas condiciones, a partir de 3º de Primaria», explicó.
Tanto Blanco como el consejero Silva han desligado la suspensión del reparto de pantallas en las etapas tempranas con la inclusión de los centros concertados en esta convocatoria. Hay una razón «pedagógica» y otra «distributiva», aseguró Blanco. Sin embargo, la decisión de los populares, amparada en la protección de los alumnos, no tiene el beneplácito general. Daniel Fernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, cree que «se confirma lo que temía la comunidad educativa y que el Gobierno regional ha intentado ocultar: ha sido una decisión sectaria del PP para quitar recursos que estaban asignados a los colegios públicos y enviarlo a los centros concertados. Es un cambio de criterio que va en contra de los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, de la UE y del espíritu de estos fondos europeos», criticó ayer. Fernández acusa a Silva de obviar el diálogo con los centros, los sindicatos y las familias. Ni hay «conclusiones científicas que respalden la decisión» de Educación, ni se ha tenido en cuenta la «profesionalidad» de los maestros «en el buen uso de las aulas digitales», zanjó el concejal.
ANPE, por su parte, pidió «transparencia» a la Consejería y animó a los equipos directivos que no han recibido los equipamientos a reclamárselos a la Administración. Rus Trueba, presidenta de este sindicato docente, aseguró que el malestar en los colegios afectados es «creciente» y que es preciso que se respete «lo planificado, lo acordado».
Al quedar descuadrada esa planificación y el reemplazo de recursos obsoletos, los directores de Infantil y Primaria, cuya portavocía recae en María José Rioseco, pedían precisamente eso hace 48 horas: «Confiamos en que se contemple la asignación de pantallas conforme a la previsión inicial con dotación para cada una de las aulas o bien se asigne una partida que atienda las necesidades» de cada centro.
Silva entiende el malestar, aseguró en el Palacio de Festivales. El consejero insistió en que el cambio de estrategia se fundamenta, al menos de momento, en esa «sobreexposición de los más pequeños a las pantallas y en el uso responsable de los móviles, más en la adolescencia que en la infancia». Por ello, no cree tanto en «el acopio de materiales digitales» como en la creación de un «repositorio» de materiales accesibles.
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