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La decisión de la Consejería de Fomento de dar un giro al funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) ... ha provocado el enfado de los gremios que tradicionalmente han tenido representación en este órgano. En concreto, han manifestado su disconformidad los colegios profesionales de Geógrafos, Biólogos, Aparejadores, Ingenieros Agrónomos y Abogados. Todos ellos, tras la aprobación del nuevo decreto, quedan excluidos de la toma de decisiones en asuntos tan sensibles como las autorizaciones para la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico o las licencias para levantar parques eólicos. Confían en que el titular del departamento, el popular Roberto Media, rectifique esta decisión motivada por la necesidad de «agilizar el proceso y acortar plazos». Una crítica a la que ayer se sumaban partidos de la oposición, que de manera generalizada acusan al PP estar dando los «primeros pasos para el desmantelamiento del ordenamiento urbanístico», como señalaba el líder socialista, Pablo Zuloaga.
«Lo que queda claro es que no quieren contar con los profesionales que tenemos competencias en planificación, sostenibilidad y protección del paisaje. Quieren a toda costa volver a épocas pasadas en las que en un medio rural sin planificación y ordenación se permitían actividades que tenían que estar prohibidas», lamenta Santiago González, representante de los biólogos en la Crotu. Y anticipa que la medida provocará que se generalice la concesión de licencias –especialmente las de viviendas en rústico– sin atender a criterios técnicos y científicos:«Abre la puerta a que se autorice casi cualquier cosa. La consecuencia de eso no es más riqueza, sino destrucción del paisaje».
«La consecuencia de esta medida no será la creación de riqueza, sino la destrucción del paisaje»
«Muchas veces la Crotu ya se reunía dos veces al mes. Si esa era la excusa, no se va a agilizar nada»
«Estamos dolidos. Somos de los profesionales que más conocimientos tenemos en esta materia»
«El PP de Buruaga da los primeros pasos para el desmantelamiento del ordenamiento urbanístico»
«Los colegios sí aportan con sus informes. No permitiremos que vuelva el desorden urbanístico»
Suscribe sus palabras Margarita Barreda, portavoz del Colegio de Geógrafos, que aún confía en que Fomento dé marcha atrás. Antes de explorar otras vías, apunta que tratarán de persuadir al consejero. Además, duda de que con esta nueva estructura de la Crotu se agilicen los procesos y recuerda a Media que ya en la anterior legislatura era relativamente común que la Comisión de Urbanismo se reuniera dos veces al mes, algo que ahora el nuevo Gobierno promete convertir en norma. Si ahora se venían aprobando alrededor de 60 expedientes al mes, entiende que la intención del Ejecutivo es «sacar adelante un mayor número de licencias en construcción en suelo rústico».
En realidad, lo que hace el nuevo decreto es poner en funcionamiento una Comisión Permanente de la Crotu que hasta ahora no tenía funciones. A este órgano, en el que no estarán los colegios profesionales que denuncian haber sido marginados –sí sigue el representante del Colegio de Caminos y el del Colegio de Arquitectos–, se le encarga estudiar, informar y aprobar el grueso de los asuntos que antes iban directamente al Pleno de la Crotu. «Esa comisión tendrá la opinión de quienes proyectan y construyen, pero no de los que ordenamos y planificamos. Hablarán los que usan el suelo, pero no los que sabemos sobre los usos», concluye Barreda.
En el Pleno sí mantendrán su silla todos los colegios profesionales, pero será ya un Pleno con menos funciones. Básicamente, se encargará de revisar los planes generales de los municipios, los planes parciales y otros grandes instrumentos de planificación.
También se confiesan «dolidos» en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Su presidente, Miguel Ángel Berrazueta, sí comparte la necesidad de que se agilicen los procesos y se recorten los plazos, pero cree que este no es el camino. Su gremio es el que, históricamente, ha elaborado informes en los ayuntamientos sobre viviendas en suelo rústico. Por eso «somos los que más conocimiento tenemos en esta materia».
Para Zuloaga, la modificación de la composición y el funcionamiento de la Crotu traerá «menos atención a los expedientes, menos profesionales, menos opiniones, menos transparencia y menos participación», con el objetivo de que la liberación del suelo rústico de Cantabria «llegue lo antes posible». Los socialistas creen que el PP abre la puerta a que se repitan situaciones del pasado como las sentencias de derribo o los problemas urbanísticos de la región en los años 80. Un riesgo que también observa el PRC. Aunque los regionalistas son partidarios de agilizar trámites, recuerdan que todos los profesionales que ahora quedan fuera «han aportado con informes que han sido transcendentales para el Gobierno». «En Cantabria se había iniciado una senda urbanística en la que todas las actuaciones estaban encauzadas. No vamos a permitir que vuelva el desorden urbanístico», avisa la diputada y exconsejera de Presidencia Paula Fernández.
Más críticas, también de partidos extraparlamentarios. Para Izquierda Unida Cantabria, el nuevo decreto supone «ahondar en la falta de control al urbanismo que caracteriza al PP. «No tienen más modelo que el del ladrillo y la especulación urbanística que tantos disgustos nos dio en el pasado social, económica y ambientalmente», apunta su coordinador, Israel Ruiz Salmón. Argumentos similares a los de Cantabristas, que cree que la Crotu se convertirá así en una «farsa total». Eso sí, su portavoz, Paulu Lobete, recuerda que «todo esto no sería posible sin la colaboración del ejecutivo anterior, que aprobó una Ley del Suelo que está facilitando la construcción de segunda vivienda turística en suelo rústico».
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Ana del Castillo
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