PP y PRC alcanzan un principio de acuerdo para investir a Buruaga «cuanto antes mejor»

La portavoz del PP, María José González Revuelta, confirmó que «solo quedan unos pequeños flecos que pueden solucionarse en los próximos días y, así, cerrar el acuerdo lo antes posible, con la idea de programar la investidura en las próximas semanas».

Este coqueteo entre populares y regionalistas permitiría a los primeros gobernar en solitario y dejaría a Vox en fuera de juego. De hecho, uno de los puntos calientes del acuerdo es esa exigencia del PRC de poner un cordón sanitario a la ultraderecha cántabra. La prioridad de Miguel Ángel Revilla es obstaculizar la entrada de Leticia Díaz y su equipo en el Gobierno, por lo que el primer punto del acuerdo con el PP veta cualquier pacto de legislatura con ellos. Está por ver cómo queda redactado el documento final, ya que Buruaga no quiere atarse las manos y que ningún partido le diga al suyo cómo y con quién puede hablar y negociar. Los regionalistas, eso sí, no se oponen a que el PP llegue a acuerdos puntuales con Vox para aprobar los presupuestos o leyes, por ejemplo, pero siempre que no se sienten en la mesa del Consejo de Gobierno.

González Revuelta no ha querido ahondar en cómo podrán quedar plasmadas esta exigencias de los regionalistas hasta que el acuerdo esté cerrado. «En el remate final de ese documento se verá cuál es la conclusión, no le voy a avanzar», dijo.

El papel que firmarán Miguel Ángel Revilla y María José Sáenz de Buruaga constará de cinco puntos, de cinco compromisos, a cambio de la abstención del PRC en la votación del Parlamento. El primero es el ya citado de Vox. Los otros cuatro suponen un regreso al acuerdo de mínimos acordado entre ambos líderes en la llamada telefónica que mantuvieron el pasado 2 de junio. «Hemos vuelto al planteamiento inicial, al origen, un acuerdo de investidura y no de legislatura», señaló González Revuelta en referencia al documento con 30 propuestas que el PRC trasladó al PP tras la primera reunión de la semana pasada. Una extensa lista de exigencias en la que, incluso, se instaba al nuevo Gobierno cántabro a resolver el problema de las listas de espera sanitarias y la aprobación del PROT en el plazo de un año.

Se pondrá negro sobre blanco el apoyo del PP a proyectos ya en marcha como La Pasiega, el Mupac y la protonterapia para Valdecilla. También no frenar las reivindicaciones en Madrid sobre proyectos clave y financiación pendiente para la comunidad. Un cuarto capítulo hace referencia al trato ecuánime con los ayuntamientos de la región. Es decir, que el Ejecutivo autonómico no se fije en colores o en siglas para acelerar proyectos o repartir fondos. En este punto cobra especial importancia una reivindicación histórica de la vicesecretaria del PRC Paula Fernández, quien pretende blindar el Fondo de Cooperación Municipal que asegura una vía de ingresos fija y segura para los municipios todos los años. La consejera de Presidencia en funciones quiere, así, evitar que ocurra lo mismo que en la legislatura 2011-2015, cuando el PP prácticamente la eliminó debido a las restricciones presupuestarias.

El acuerdo también recoge que se mantenga el Plan de Obras con «los mismos criterios y circunstancias» que ahora lo rigen, entre ellos aquellos que tienen que ver con los municipios en riesgo de despoblamiento, y que el lobo salga del Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Mientras lo hace, el Gobierno deberá mantener la demanda interpuesta en la Audiencia Nacional contra esa ley.

Lo que sí se ha eliminado respecto a la macropropuesta inicial del PRC es un bloque que incluía varias políticas programáticas, como el reconocimiento de las prestaciones de la dependencia; eliminar el impuesto de patrimonio; la continuación del proceso de ampliación del Parque Científico y Tecnológico (Pctcan) y el inicio inminente de las obras para el centro de arte en La Lechera de Torrelavega.

Al PRC le sorprendió que el PP no aceptara ese bloque cuando «muchas» de las políticas que tiene previsto llevar a cabo esta legislatura «son coincidentes» con las incluidas en ese capítulo de la propuesta regionalista.

Por ahora no hay previstas nuevas reuniones y se irá trabajando en el acuerdo «de forma interna», según explicó González Revuelta. La dirigente popular insistió en que en la negociación «nunca han estado sobre la mesa cargos ni las comisiones de investigación». Tampoco aparecen las auditorías que el PP sí tiene previsto hacer en la Consejería de Obras Públicas y en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). «Ni ellos lo han pedido nunca ni nosotros lo íbamos a aceptar», dijo.