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Comillas es el primer municipio de Cantabria en solicitar convertirse en una 'zona de alquiler tensionada', el mecanismo que contempla la Ley de Vivienda que aprobó la pasada legislatura el Congreso de los Diputados para poder regular los precios en aquellos lugares en los ... que, por cualquier circunstancia, el mercado se encuentra disparado y los vecinos tienen dificultades para acceder a un inmueble. Lo hizo el pleno del Ayuntamiento, que aprobó ayer una moción socialista en este sentido. Pero que Comillas lo solicite no quiere decir que lo consiga. Es más, está casi descartado. Quien debe activar esta herramienta, porque las competencias en esta materia son autonómicas y porque así lo establece también la norma estatal, es el Gobierno de Cantabria, que en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra de topar los precios.
«El mercado no se puede regular. Esto no es Cuba. Lo que tenemos que hacer es dar garantías a la gente para que saquen al mercado esas viviendas que tienen cerradas», manifestaba el consejero de Fomento, Roberto Media, cuando el pasado mes de marzo se activaron en Cataluña las primeras 'zonas tensionadas' de España. Posteriormente, también se ha unido un puñado de municipios de Navarra y País Vasco, siempre a iniciativa de sus respectivos gobiernos autonómicos.
Consultado por este periódico, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga no tiene intención de cambiar sus planes pese a la reciente petición expresa de Comillas. Tampoco aunque este municipio abra la puerta a otras peticiones similares en el futuro. «Aunque nos lo pida un municipio, no vamos a crear en la región zonas de alquiler tensionado», zanjaba también en una entrevista en El Diario Montañés el director general de Vivienda, Carlos Montes.
Comillas ha tomado la delantera, pero no deja de ser curioso cómo ha salido adelante la iniciativa socialista. Con el único voto a favor del concejal del PSOE, socio minoritario del equipo de Gobierno municipal. «En Comillas es casi imposible conseguir una vivienda asequible para los comillanos y los precios son prohibitivos en las pocas viviendas que hay en el mercado para una familia con un sueldo medio. Tenemos en la mano una legislación que les puede parecer más o menos aceptable, pero que está vigente y contiene medidas que serían beneficiosas para Comillas», razonaba su portavoz, Julián Rozas, en la defensa de la moción.
«Apostamos por subir la oferta de vivienda en alquiler para que el precio baje, no por intervenir»
«Es casi imposible conseguir una vivienda para los comillanos. El precio es prohibitivo»
«Desde el PP coincidimos plenamente con todo lo que ha expuesto la alcaldesa»
«El mercado no se puede regular. Tenemos que dar garantías para que la gente alquile su vivienda vacía»
Si la iniciativa ha prosperado ha sido porque la alcaldesa y todo el PRC se han abstenido –a nivel regional, los regionalistas dan libertad en este asunto a sus regidores en función de las características de cada localidad– y, sobre todo, porque el PP, en contra de lo que defiende a nivel autonómico, también ha votado en blanco. «Coincido con lo que dice la alcaldesa», defendía un escueto portavoz popular y líder de la oposición, Isaac Gutiérrez. En total, un 'sí' y hasta diez abstenciones.
¿Y qué es lo que decía la alcaldesa? Teresa Noceda entiende, al igual que el PSOE, que hay que actuar en Comillas para regular el precio de los alquileres, pero no de esa manera. «No estamos de acuerdo con que haya que declarar 'zonas tensionadas' para intervenir los precios, sino que la intervención pase porque las instituciones garanticen un aumento de la oferta de vivienda en alquiler de manera que los precios se vuelvan más competitivos», dijo la regionalista, que apostó por pisar el acelerador de la construcción. De hecho, recordó que el municipio tiene un proyecto para crear viviendas sociales.
La moción del PSOE reclama la declaración de 'zona tensionada', pero antes insta a la Consejería a redactar un estudio donde se analice el precio de compra o alquiler de viviendas de los últimos cinco años y la cuota de la hipoteca. Un estudio que ratifique que los gastos de alquiler superan el 30% de los ingresos o rentas medios de los hogares, la exigencia mínima que recoge la Ley de Vivienda para que los municipios puedan optar a esta condición.
En el caso improbable de que Fomento lo acepte, tendría que aplicar en Comillas el Índice de Precios de Referencia –el Ministerio, en base a criterios técnicos, establece cuál es el precio justo para un alquiler– que sería de obligado cumplimiento para los grandes tenedores –más de 10 inmuebles en total o cinco en la misma zona tensionada– y para cualquier propietario que ponga en el mercado un piso por primera vez en cinco años. Si la vivienda es de un pequeño propietario y ya estaba alquilada antes, la referencia no será obligatoriamente este índice, sino los precios del contrato anterior, que no podrán subir más de un 3% en cada revisión.
Alrededor de ocho millones de españoles residen ya en municipios catalogados como 'zonas de alquiler tensionada'. La mayoría de ellas se encuentran en Barcelona y su área metropolitana, que fueron los primeros ayuntamientos en utilizar esta herramienta para regular los precios. Posteriormente se sumaron Pamplona y otros 20 localidades de Navarra y ahora el País Vasco quiere incluir a nuevos municipios en su lista, en la que por ahora solo figura Rentería.
Las 'zonas de alquiler tensionada' han sido, precisamente, un motivo de tensión entre el Gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP . Los territorios populares se revolvieron después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llamara «insumisas» a las regiones que no las aplicaban y amenazara con retirarlas fondos. Después pidió perdón y aseguró que cambiaría los castigos por incentivos. Además, aseguró que los efectos positivos de esta herramienta ya se aprecian en Cataluña, donde los precios del alquiler han caído «entre un 3 y un 5%» desde su entrada en vigor. Desde Cantabria, el consejero Media no solo se niega a usar la ley, sino que reclama derogarla. Afirma que desde que se aprobó más de un 40% de las viviendas que estaban en alquiler han sido retiradas del mercado por el miedo de los propietarios a la intervención del Estado.
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