La comisión de la eutanasia en Cantabria estudia las primeras peticiones de pacientes que quieren morir

Una vez transcurridos los plazos y las comprobaciones establecidas en el Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, el paciente podrá elegir la modalidad para morir -bien que le sea administrada esa medicación final por el equipo asistencial asignado o hacerlo él mismo con el asesoramiento necesario, aunque en todo caso será en presencia de personal sanitario- y el lugar en el que quiere despedirse de la vida, ya sea el hospital, su propia casa o incluso una residencia de mayores si fuera su hogar. Pero ese momento va precedido de un delicado engranaje de trámites que han de cumplirse de forma escrupulosa, como explica Miguel Mateo, subdirector general de Ordenación Farmacia e Inspección, al frente de la coordinación y formación de los profesionales que acompañarán a los solicitantes en el acceso a esta ayuda que marcará el tramo final de la vida.

«España es el séptimo país del mundo en regular legalmente la eutanasia (Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo)», apunta Mateo. «La ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, que consiste en la prestación sanitaria de la ayuda médica para morir. Y surge para hacer compatibles de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad». Y lo primero que se hace es determinar en qué circunstancias puede una persona acogerse a la posibilidad de la eutanasia.

«Ahí se introduce un concepto que es el contexto eutanásico, que consiste en definir los supuestos en los que cabe esta prestación: que la persona esté en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, con un sufrimiento insoportable y sin alivio posible», señala. En esos casos, el primer contacto será con el médico responsable, la primera figura de las cuatro que participarán en el proceso de deliberación, que será quien acompañe al paciente desde la solicitud inicial hasta su fallecimiento.

«Se entiende que debiera ser el de confianza, aunque el paciente puede elegir hasta cinco en el formulario de la solicitud (disponible para descargar de la página web de la Consejería de Sanidad, junto a la documentación de la ley). Las otras tres patas del proceso serán el médico consultor, la comisión de garantía y evaluación y el equipo asistencial.

El primero, como su propia nombre indica, es «el facultativo al que traslada la consulta el médico responsable, que interviene en el proceso deliberativo, ve al paciente y se asegura de que cumple con los requisitos tras conocer su historia clínica». Y deberá ser un médico del ámbito de la patología que sufra el solicitante de la eutanasia, quien, por su parte, deberá confirmar la petición por segunda vez (o en su defecto, su familia), habiendo transcurrido quince días desde la primera, y en ambos casos por escrito.

Si después de esa segunda deliberación, el paciente decide seguir adelante, entra en juego el equipo asistencial, formado por diferentes profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, psicólogos, farmacéuticos...) que «asistirán al médico responsable y al paciente» hasta el momento final. En este sentido, desde la Consejería se está trabajando para «tener equipos predefinidos por áreas geográficas», con el objetivo de agilizar el proceso una vez se dé luz verde a la ayuda sanitaria para morir. Todo ese proceso, como indica el Manual de Buenas Prácticas del Ministerio, debe ser validado por la comisión de garantía y evaluación, que en Cantabria se constituyó el 21 de junio.

«Se trata de un órgano colegiado multidisciplinar e independiente que como mínimo debe estar compuesto por siete profesionales. Nosotros tenemos once: cinco médicos del SCS (tanto de familia, como oncólogos, de cuidados paliativos e intensivistas), tres profesionales de Enfermería, uno del comité de bioética y dos juristas», explica Mateo. Además de estudiar la documentación clínica y las peticiones de eutanasia, «el paciente puede recurrir a la comisión en caso de que haya discrepancias entre el médico responsable y el consultor. Y si no resuelve, puede acudir a la vía contencioso-administrativa». Los profesionales, por su parte, trasladarán a esta comisión las dudas que se puedan generar durante el procedimiento, sin perder de vista que «otro elemento que ha quedado regulado por ley es la objeción de conciencia, porque el mismo derecho tiene el paciente de solicitar la eutanasia que un profesional sanitario a declararse objetor», añade. El registro habilitado para ello también se ha estrenado ya, aunque la Consejería prefiere no cifrar cuántos se han apuntado.

Desde que el paciente manifiesta su deseo de morir hasta que la prestación se hace efectiva se calcula que «pueden transcurrir dos meses», indica el subdirector general de Ordenación Farmacia e Inspección. «Pero hay plazos que se pueden acortar. Debemos tratarlo con suma sensibilidad, ponernos en la piel y el corazón de quien pide morir y tener preparado todo el engranaje para no retrasarnos», concluye.