No es una cuestión propiamente de Cantabria, pero la campaña de vacunación contra el covid que se inició en la comunidad autónoma el pasado 27 de diciembre con la administración de la primera dosis a un grupo de usuarios y trabajadores del CAD de Cueto ... se ha convertido en un foco constante de debate y polémica. Primero por el bajo ritmo de administración durante la primera semana que colocó a la región a la cola de España. Después por el cambio de opinión sobre la necesidad –primero sí, al estilo del País Vasco, y luego no– de reservar algunos viales por si Pfizer tenía contratiempos en la fabricación y no llegaban suficientes para poner la segunda dosis a tiempo. Y por último con las cuatro modificaciones en la estrategia de la campaña, algo que la oposición considera un «esperpento» e interpreta como una forma de elevar las estadísticas y la Consejería de Sanidad como adaptaciones en el protocolo para avanzar de forma paralela con los diferentes grupos prioritarios y no sólo con las residencias con el fin de conseguir cuanto antes un mayor número de personas inmunizadas.
Más conflictos
Si todo lo anterior no era suficiente, ayer se sumó otro conflicto más. El comité de empresa de Ambuibérica, la adjudicataria del servicio de transporte sanitario del Gobierno regional, presentó en los Juzgados de Santander una denuncia por lo que consideran, por parte de la Dirección de la compañía, un mal uso de las dosis que les proporcionó el Servicio Cántabro de Salud (SCS). En su opinión, lo más grave no es que alrededor de 200 técnicos de las ambulancias –casi la mitad de la plantilla– no hayan recibido aún el pinchazo, sino que Ambuibérica, tal y como se recoge en el escrito judicial, ha priorizado al gerente de la empresa en Cantabria y a las áreas de oficina y administración, frente a los trabajadores que se encuentran en primera línea.
«Han hecho un sálvese quien pueda saltándose todos los procedimientos de vacunación del Ministerio, que priorizan a los trabajadores que tienen una mayor exposición», apuntan los portavoces sindicales. A su entender, el único criterio que ha seguido Ambuibérica es el de sus propios intereses. Las cerca de 150 dosis que les proporcionaba Sanidad se pusieron en Valdecilla en domingo y «les venía mejor llamar a la gente que estaba librando que hacer cambalaches para cubrir a los técnicos de las ambulancias, que tenemos contacto directo con los enfermos». Una situación que, a su parecer, resulta muy grave, en línea con lo ocurrido con algunos alcaldes socialistas en la Comunidad Valenciana o con el consejero popular de Murcia: «Peor aún, porque allí lo hicieron porque sobraban, aquí la propia empresa ha hecho la selección dejando fuera a los que teníamos que ir antes» e «infringiendo las medidas sanitarias», como incide la denuncia, en la que se reclama la debida protección del colectivo.
La respuesta
Desde la empresa, con sede en Castilla y León y foco habitual de conflictos laborales –la semana pasada se celebró la última jornada de huelga en protesta por las condiciones de trabajo y de seguridad–, matizan los hechos. Sí confirman que el gerente es uno de los miembros de la plantilla que ha recibido el primer pinchazo, pero también rechazan unas acusaciones de irregularidades que «únicamente contribuyen a crear confusión en los profesionales de su plantilla y en la sociedad».
No entienden la denuncia porque insisten en que todo se hizo a requerimiento del Servicio Cántabro de Salud. Así, prosiguen, la empresa facilitó el listado de toda su plantilla y «esta se está vacunando siguiendo estrictamente la planificación establecida por el SCS». Frente al diferente riesgo que aprecia el comité de empresa entre unos puestos y otros, Ambuibérica se defiende afirmando que la plantilla –técnicos sanitarios y personal administrativo– trabaja en «bases en las que existe un contacto directo, estrecho, habitual y frecuente con los profesionales de movimiento, por lo que todos los empleados corren riesgo de contagio».
Inmunización 'aleatoria' en Ampuero
Los responsables del Centro de Salud de Ampuero se vieron en el aprieto de disponer de dosis de la vacuna sobrantes tras inmunizar a la plantilla y muy poco tiempo para administrarlas. Como es conocido, las exigentes condiciones de conservación del preparado de Pfizer obliga a inyectarlo en las seis horas siguientes a su descongelación. Ante esta situación, los profesionales sanitarios salieron a la calle para buscar vecinos dispuestos a recibir su primer pinchazo y así evitar desperdiciar las dosis.
Equipara ambos escenarios y la representación sindical no puede estar más en desacuerdo. No solo eso, sino que está convencida de que es ilegal. «El problema no somos nosotros, el problema es que si tenemos la enfermedad podemos contagiar a los pacientes, en muchas ocasiones personas mayores o con otras enfermedades», abundan. Recuerdan que, además, los profesionales que faltan por vacunar son los que hacen más servicios con focos de covid como los Soportes Vitales Básicos (ambulancias SVB) de Santander y Torrelavega o los de Arenas de Iguña y el Nansa, donde hay un gran número de residencias. En la denuncia no sólo apuntan a Ambuibérica, también al SCS por permitir que se produzcan estos hechos y no vigilar que se apliquen sus propios protocolos.
En Cantabria, en cambio, la vacunación de los máximos responsables de los hospitales no ha generado la controversia que sí se ha producido en el País Vasco, donde los directores gerentes de Basurto y Santa Marina han presentado su dimisión tras el escándalo. En Cantabria, tras los cambios sucesivos en la estrategia de vacunación, se procedió a la inmunización de todo el personal de los centros sanitarios, independientemente de que su labor los mantuviera o no en contacto con pacientes de covid. En ese escenario, sin un orden claro establecido, la vacunación de los gerentes no parece constituir un privilegio.
Un comunicado de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) defiende que «se hace imprescindible la vacunación de los equipos directivos, como en el caso de los profesionales sanitarios. En esta consideración se enmarcan igualmente los gerentes y directores de hospital, como profesionales de la gestión sanitaria, y no cargos políticos».
CC OO acusa a la Consejería de «discriminar» a 180 personas en la vacunación de El Dueso
santander. Comisiones Obreras ha reprochado a la Consejería de Sanidad que durante el proceso de vacunación que llevó a cabo la semana pasada en el centro penitenciario de El Dueso se «discriminara»a una parte de los internos y miembros de la plantilla. A pesar de que se administraron cerca de 550 dosis en las instalaciones de Santoña, el sindicato recuerda que otras 180 personas que habían sido convocadas para recibir el pinchazo, finalmente no pudieron acceder al tratamiento preventivo contra el coronavirus. En concreto, las que se encuentran en el Centro de Inserción Social (CIS) José Hierro de Santander, un espacio que sirve de paso intermedio a muchos presos antes de acceder a la libertad.
«Estamos en un lugar distinto, pero todos somos parte de El Dueso», recuerda Carolina Hernaiz, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato. Además, insiste en que si hay razones para vacunar en Santoña, mucho más a los 47 trabajadores y 130 residentes del CIS José Hierro, ya que es un centro semiabierto, por lo que «la probabilidad de que algún usuario introduzca el virus es mayor».
Comisiones Obreras apunta que, en principio, los 180 afectados tenían cita para vacunarse entre el lunes y martes de la semana pasada, después se retrasó hasta el jueves y viernes y finalmente fue aplazada de forma indefinida como consecuencia de los cambios en la estrategia que está llevando a cabo Sanidad para inmunizar antes a los grupos más expuestos.
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